"LOS JUECES ESTAN EN UNA TRAMPA MORAL" TRATANDO DE ENTENDER

Nota del editor: 

Nos alejamos de la politica de no publicar textos de otros medios, pero en este caso es absolutamente necesario transcribir una entrevista al académico Iván Orozco, quien hace una radiografía en nuestro concepto de lo que está ocurriendo en la justicia colombiana.  Coincide totalmente con los conceptos que hemos venido exponiendo en este blog, y deja ver el papel real que debe jugar la justicia en la reconciliación, y como no lo está haciendo. Resaltamos el criterio del profesor Orozco, quien será otra voz que clama en el desierto, pero que ya logró por lo menos decirlo publicamente  y con valentia en un medio de trascendencia como la revista Semana, cuna de "la Verdad Abierta".

"LOS JUECES ESTÁN EN UNA TRAMPA MORAL" (ENTREVISTA A IVÁN OROZCO)

Sábado 18 Febrero 2012

El abuso de la figura de lesa humanidad, la sacralización de las víctimas y satanización de los victimarios, y el sesgo antiestatal de los derechos humanos son algunos de los problemas que tienen a la Justicia dando bandazos, según Iván Orozco. 

Iván Orozco es uno de los intelectuales más interesantes del país. Como profesor de la Universidad de los Andes y como miembro del grupo de memoria histórica ha puesto el dedo en la llaga sobre las encrucijadas de la Justicia, de los derechos humanos y de la guerra misma. Es políticamente incorrecto, pero sus reflexiones son tan controvertidas como pertinentes. SEMANA lo entrevistó a raíz del fallo reciente del Tribunal Superior que ratificó la condena al coronel Alfonso Plazas Vega, para saber qué tanta verdad se está reconstruyendo con estos fallos.

SEMANA: ¿Tiene pies o cabeza que el expresidente Belisario Betancur sea llamado por la Corte Penal Internacional como lo sugirió en su reciente fallo el Tribunal Superior de Bogotá?

Iván Orozco: Eso tiene que ver con el perrateo del concepto de lesa humanidad y es un error de la judicatura. Están calificando los crímenes como de lesa humanidad por su gravedad y eso no tiene nada que ver con el Estatuto de Roma. La CPI califica los crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático y masivo. Nuestras cortes están haciendo un ejercicio de memoria infinita hacia adelante y hacia atrás que, en casos como este, lo único que se hizo fue echarle leña al fuego y favorecer la polarización.

SEMANA: ¿Hay una paradoja moral en el hecho de que Gustavo Petro sea alcalde y el Ejército tenga que pedir perdón?

I.O.: Lo que ocurre es que el discurso de los derechos humanos tiene un sesgo antiestatal, porque nace para controlar al Estado absolutista del Leviatán, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y la experiencia del Estado totalitario, que era el gran victimario potencial. Los derechos humanos corrigen la asimetría entre el poder del Estado y el del ciudadano. Pero se paga un costo alto por eso porque se hacen muy visibles las responsabilidades del Estado y se vuelven invisibles las de los enemigos de este. 

SEMANA: ¿Eso es lo que se le puede criticar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

I.O.: Yo creo que la CIDH es heredera de la tradición de Núremberg. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra total en la que ninguno de los bandos respetó la distinción entre objetivos civiles y militares, donde hubo todo tipo de retaliaciones y un proceso de victimización horizontal. Sin embargo, en los juicios de Núremberg se separaron de manera radical los campos de la víctima y el victimario. Los actos de guerra se sacaron de su contexto y se presentaron como ocurridos en una dictadura. Fue una justicia de vencedores. Ese legado casó como anillo al dedo en la América Latina de las dictaduras militares donde el Estado tenía el monopolio de los instrumentos de barbarie, mientras la población estaba indefensa. Montada sobre esos dos pilares, la Corte Interamericana es punitiva en exceso. 

SEMANA: Entonces ¿es cierto que los jueces no entienden la guerra?

I.O.: En parte es cierto porque con la lupa de los derechos humanos no pueden ver el colapso del Estado y las múltiples responsabilidades en la victimización. Está bien que hablen de verdad, justicia y reparación y empoderen a las víctimas. Eso es un avance civilizatorio. Pero si se somete el Derecho Penal a esa lógica, se desbalancea el equilibro entre derechos de las víctimas y del reo. Se construye un derecho penal de enemigo. 

SEMANA: Por ese camino ¿está la Justicia cerrándole el camino a un eventual proceso de reconciliación?

I.O.: Los jueces están metidos en una especie de trampa moral. Tienen pánico moral porque los discursos humanitarios han ido demasiado lejos en la construcción de una víctima y de un victimario ideal. Prueba de ello es la incapacidad para trajinar con las víctimas políticamente complejas.

SEMANA: ¿Cuáles son esas?

I.O.: Víctimas que tienen una responsabilidad por ejemplo en los hechos que condujeron a su propia victimización. En el proceso de justicia y paz ha habido situaciones como que unas víctimas reconocieron que habían participado en el secuestro de uno de los jefes paramilitares imputados. El sistema deja a un lado esa complejidad. Trabaja con víctimas y victimarios puros, seguramente para lograr que funcione. Pero eso tiene un efecto brutal porque separa de manera radical la justicia de la verdad. 

SEMANA: Pero mostrar esa complejidad puede terminar por servirle de justificación al victimario… 

I.O.: Ese riesgo existe. Yo acepto que en un primer momento, con miras a empoderar a las víctimas, sin duda va a ser más fácil la restitución de tierras si tenemos una visión purificada de ellas. Pero en el mediano plazo eso se convierte en una trampa porque la sociedad está llena de zonas grises, que son la humanidad compartida entre victimarios y víctimas. 

SEMANA: ¿Y qué es exactamente una zona gris?

I.O.: Un ejemplo perfecto de figura de zona gris es Irma Franco, la guerrillera desaparecida en el Palacio de Justicia. Ella es victimaria porque hace parte del grupo que se toma el Palacio. Pero en la medida en que sobrevive a la batalla de la contratoma y queda en condición de indefensión se convierte en víctima. Un principio básico es que la víctima no lo es por inocente sino por indefensa. Para la sociedad es importante mandar el mensaje de que las víctimas complejas son víctimas. Pero la Justicia no ha sido capaz de representar a ese tipo de víctimas. 

SEMANA: ¿Ese es el caso por ejemplo de muchos miembros de la UP?

I.O.: Ahí puede haber una gran zona gris.

SEMANA: Con la tesis de la responsabilidad mediata que condenó a Plazas Vega, y en un país con tantos crímenes de guerra ¿se va a ir medio Ejército para la cárcel?

I.O.: Yo digo que en las cortes hay un pánico moral, una incapacidad para reaccionar razonablemente frente al problema de la impunidad y una gran incapacidad de ser selectivos. Si hay algo patético es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que equipara el concierto para delinquir agravado con un crimen de lesa humanidad. Eso empantana la Justicia. ¿Qué puede hacer una Fiscalía a la cual le presentan la guerra colombiana como un bloque de acero constituido todo por un solo crimen de lesa humanidad?

SEMANA: ¿Qué consecuencias tendrá esto para un eventual proceso de paz?

I.O.: En el pasado, cuando se negociaba la paz se daba por descontado que la Justicia no alcanzaba las cúpulas porque era con ellas que se negociaba. La nueva conciencia humanitaria está interesada sobre todo en la responsabilidad de las cúpulas. Ese es el problema más serio para una negociación. 

SEMANA: En ese caso ¿tienen entonces razón los militares al buscar un fuero ampliado?

I.O.: Sentencias como la del Tribunal Superior, en la medida en que contienen despropósitos como lo de Belisario, dan papaya para quienes defienden el fuero ampliado. Personalmente no comparto eso. En la medida en que se prolongue la guerra, un fuero ampliado le quita control al Estado sobre la gestión militar y el precio que se paga en legitimidad internacional es muy alto. 

SEMANA: Pero si se trata de un Ejército vencedor… 

I.O.: Una guerra que se barbariza es una guerra en la cual el Ejército no puede mostrarse como el único que no incurrió en barbarie o que aquella fue cometida por cuatro manzanas podridas. Hubo momentos donde la ideología forzó la barbarie, como en los años setenta y ochenta, con la doctrina de seguridad nacional y que explica en buena medida que el Ejército se haya ensangrentado profundamente en la guerra. Quienes aquí piensan que pueden hacer una justicia de vencedores, de autoamnistía, donde ellos van arropados en la bandera como héroes y los enemigos son los únicos que cometieron barbaridades, están equivocados.

SEMANA: Pero el presidente Santos parece respaldar esa aspiración… 

I.O.: Él es el comandante en jefe del Ejército en un país en guerra. No tiene margen de maniobra y se expone a una fractura que ni yo quiero imaginar. Por eso la paz negociada es una fórmula necesaria aun en un contexto de victoria estratégica del Estado porque permite construir una verdad y una memoria del conflicto. 

SEMANA: Pero si no hay una negociación ¿cómo lidiar con el pasado?

I.O.: Estamos aprendiendo sobre la marcha. Creo que las cortes deberían sacudirse un poco de la obediencia debida a la jurisprudencia del exterior. Debería ser una obediencia reflexiva. El viejo principio de soberanía debería ser retomado a la luz de la pertinencia. 

SEMANA: Pero es real que la CPI u otras cortes pueden llegar a intervenir en Colombia, y de hecho, cada día el Estado es condenado… 

I.O.: La CPI como tribunal penal que es, y a pesar de ser heredera de Núremberg, todavía recoge la tradición liberal y es capaz de pensar políticamente criterios de selectividad. De hecho, la Fiscalía de la CPI tiene una discrecionalidad para decidir si escoge o no un caso. Y ello indica que la selectividad es legítima. El sistema interamericano, en cambio, está creando un impacto terrible. Hoy el galimatías de las jurisprudencias para un futuro proceso de paz es inaudito. Hay contradicciones y enredos entre terrorismo, delito político y derechos humanos, es un paquete inmanejable y que configura un muro frente al que va a ser muy difícil negociar. 

LAS "PAPAS CALIENTES" EN LOS TIEMPOS DE LA "SEGURIDAD DEMOCRÁTICA" (AJGF)

Aúnque por momentos nos alejamos sin querer del objetivo de este blog, hay situaciones que nos fuerza la realidad a comentar, puesto que no podemos pasar por alto en ningún momento hechos que de una u otra manera desconocen los derechos de las personas, no por simpatía de ninguna forma con los afectados, sino porque sencillamente son situaciones que desde nuestro punto de vista no caben en un Estado de Derecho, y desde luego mucho menos en un Estado social de Derecho como quiere reconocerse nuestro país después de la constitución del 91.

Por momentos pareciera que nuestras autoridades siguieran poseídas por el "Embrujo Autoritario", que desde tiempo atrás se impuso en razón de lo que algún pseudo filósofo novicio llamó "el estado de opinión", del cual nunca se tuvo tampoco una definición clara, pero que para efectos de este escrito vamos a definir como que el Estado puede hacer todo lo que la opinión pública le permita; o sea sea que la medida de la ética estatal es la que la "opinión publica", léase mejor "la clase dirigente" esté dispuesta a admitir siempre que sea para su conveniencia.

Esto no es una teoría nueva ni mucho menos, ya lo habían inventado los invasores romanos de común acuerdo con los fariseos hace 2000 años cuando juzgaron al más importante líder que ha tenido la humanidad, y para sentirse legitimados preguntaron a la “opinión pública” que debían hacer, y esta respondió "crucificadle, crucificadle" y eso hicieron.

Por supuesto que la historia nunca los absolverá.

Desde luego que esta es la mayor definición de lo que podría ser un estado fundamentado en la opinión pública, pero realmente, esto se ha aplicado durante toda la historia de la humanidad, y más en fechas recientes cuando hemos tenido oportunidad, sobre todo en nuestra actual generación, de observar algunos casos, que si bien en nada se compadecen con el magno ejemplo citado anteriormente, si se puede mencionar de casos en que nuestro Estado colombiano ha violado y viola los derechos humanos, la Constitución Nacional, y los principios generales del derecho en aras de darle gusto a la opinión pública, o simplemente prevaliéndose de ella para legitimarse frente actos que en otra parte del mundo serían juzgados incluso en peores escenarios como sería la traición a la patria.

Aquí en Colombia el Estado ha considerado que la "opinión pública" ha decidido permitirle pasar por encima de los derechos fundamentales de las personas, arrasarlos y desconocerle a los ciudadanos que se vuelven incomodos para el poder, todas las bondades humanitarias que se derivan de un verdadero Estado de Derecho fundamentado en el pleno conocimiento y aplicación de la Constitución Nacional, de la ley, del bloque de constitucionalidad, y entre ellos los tratados que regulan la aplicación derechos humanos universales y en las normas consuetudinarias del derecho internacional o "Ius Cogens”.

En nuestra patria se le olvidó a los gobernantes y a la "opinión pública" que las personas tienen derechos, no por buenas o por malas, o por la opinión que los generadores de opinión tengan de ellos, sino porque son SERES HUMANOS.

Entonces cuando las personas dejan de ser “ciudadanos” para convertirse en papas calientes, o sea aquellos que por sus conocimientos de las realidades y por la influencia política y económica, legal o ilegal en las situaciones han incidido en distintas instancias de nuestra historia patria, resulta "lícito", es "legítimo", la opinión lo respalda para tomar decisiones con ellos, de aquellas desciciones que hace unos años, en la plena vigencia de la nefasta “doctrina de la seguridad nacional” podrían sonar a “desaparecedle, desaparecedle” , y que hoy gracias a los avances de nuestra participación en el campo internacional, y a la continuada vigencia de la “política de seguridad democrática” suena algo así como a "extraditadle, extraditadle”.

¡¡Qué vergüenza!!! 

Anteriormente, se requerían de tratados internacionales para extraditar a los nacionales colombianos hacia otros países donde se presumiera o se supiera que hubieran delinquido.


Ya no, ya salen nuestros generales policías y gobernantes a decir que están colaborando para extraditar a nacionales colombianos que aún no han sido solicitados por gobiernos extranjeros; casos particulares a quienes en ningún momento defendemos, pero que resaltamos para mostrar que se han convertido en papas calientes para el Estado colombiano, y por lo tanto hoy se le informa a la opinión pública y los medios de comunicación, y lo informan como un gran logro: “El nombre de Juan Carlos Martínez no deja de sonar. La semana pasada todos los ojos estuvieron puestos sobre él por el permiso de tres días que le fue otorgado. Esta vez las declaraciones del director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, a la revista Bocas, en la que declaró que se estaba analizando la posibilidad de extraditar a parapolíticos que desde la cárcel estuvieran ejerciendo influencia en las elecciones, volvieron a poner a Martínez en el ojo del huracán.

El anuncio de Naranjo fue reiterado por el el subdirector de la Policía, general José Roberto León Riaño, quien, en rueda de prensa, aseguró en la mañana de este lunes que "en este momento se están haciendo las coordinaciones con organismos internacionales con el fin de tener un proceso que permita lograr el acopio de pruebas para una extradición del señor Juan Carlos Martínez". (texto copiado deSemana.com) 

¿Como así que se extradita a personas por que inciden en las elecciones desde la cárcel?. ¿que legislación extranjera se viola con eso? ¿a que país lo piensan extraditar por eso? perdon, la respuesta es obvia, pero entonces: ¿ese país solicita la extradición de todos los que determine la "opinión publica" del gobierno de colombia?
A esto se suma lo siguiente: “IndagacionesLópez con actividades ilegales”, dijo el general Óscar Naranjo, director de la Policía.... La información fue confirmada por el general Naranjo quien anotó que López aparece, al lado del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, en la lista de investigados por EE. UU. que presuntamente financian campañas políticas con dinero provenientes de actividades ilegales. (texto tomado de Eltiempo.com)

Desde luego, que "la gata" y el ex senador Martínez van a ser extraditados. No nos cabe la menor duda. Pero tampoco nos cabe la menor duda de que van a ser extraditados más temprano que tarde, no por sus relaciones con actividades “non sanctas” sino por su problemática política, que no compartimos en forma alguna, pero que no podemos los colombianos desconocer que por ello se han vuelto “papas calientes” para el Estado. Y en los tiempos de la "seguridad democrática" a las “papas calientes” más notorias, se les extradita. Y si no, miremos el caso de 13 ex comandantes desmovilizados de las autodefensas, sustraídos del proceso de justicia y paz, y el de David Murcia Guzmán y compañía, de quienes no se ha sabido ni se sabrá la verdad.

Pero vamos un poco más allá y pensemos que puede saber “la gata” y el ex senador Martínez, de corrupción, de financiación de campañas políticas, de relaciones con el paramilitarismo, con la subversión, de relaciones con el narcotráfico, de relaciones con la clase política, económica y social dominante en las regiones donde se movieron.

Menos mal que por su preeminencia, ya no califican para aplicarles la fórmula de la “seguridad nacional”, que lastimosamente se sigue aplicando en nuestro país.

Qué vergüenza que nuestras autoridades ya no tengan ningún recato para admitir ante los medios de comunicación y ante la nación entera, que la justicia de Colombia no se respeta, y que por tanto nuestros colombianos deben ser juzgados en el exterior, por autoridades del exterior, con códigos que le son ajenos y con sanciones completamente ajenas y por delitos cometidos en Colombia. Y lo peor de todo sin posibilidad de acceder a la verdad parte de nuestra justicia y más doloroso aún, sin posibilidad de participar en el proceso las eventuales víctimas.