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viernes, 13 de mayo de 2011

CORRUPCION DE LESA HUMANIDAD (AJGF) A proposito de otro "NUEVO ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN".



CORRUPCIÓN DE LESA HUMANIDAD



¿Qué pensaría usted si le dijeran que un malandrín asesinó a un niño indígena de un machetazo, y permitió que muriera desangrado???….. O ¿que asesinó a una anciana afro descendiente de varios garrotazos? Escabroso, inadmisible, absolutamente reprochable, ¿verdad? Perdone que iniciemos estos cortos párrafos con estas preguntas, muy repulsivas para un párrafo inicial, o peor aún, en un artículo en el que queremos captar su atención sobre estos temas que anunciamos en el título y que posiblemente no lo vamos a lograr, porque titulares así salen todos los días en los periódicos de Colombia, y de muchos países del mundo, y por tanto a usted probablemente le causan hastío, lo cansan y no quiere saber de esto o porque le parece tan dramático y tan increíble que va a pensar que escribimos un guión de una película de terror y seguramente vamos a causar su disgusto. Si esto le ocurre suspenda la lectura, no lea lo que sigue a continuación, por que es peor. 





¿Qué pensaría usted si le dijera que en cualquier sitio de Colombia día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, cuatrienio tras cuatrienio, miles de niños afro descendientes, indígenas, campesinos, o niños de cualquier raza o de cualquier etnia, que sólo tienen en común el ser colombianos y una pobreza indigente considerada entre las peores del mundo, están siendo asesinados lenta pero inmisericordemente en forma impune, por un ejército de corruptos, imposible es dimensionar, seres sin ninguna clase de escrúpulos, que se roban los recursos de la salud, de las obras públicas, de la educación y cualquier otro rubro del presupuesto público, sin pensar siquiera en un instante en los sufrimientos por los que pasan los miles, millones de niños, niñas, hombres mujeres, ancianos y ancianas colombianos a los cuales les sustraen directamente, se les roban de frente y sin que nadie haga nada, las oportunidades y el bienestar que en teoría debería brindarles el Estado. 





Y no sólo están asesinando multitudes de las personas más pobres y humildes y desprotegidas de nuestro país, sino que por el camino los están sometiéndolos a inmensos e injustificados sufrimientos, o sea ni más ni menos que torturándolos. ¿Cómo le parece a usted esta situación?





Una persona que mata a otra, lentamente, sin ningún remordimiento, sin ningún escrúpulo, torturándolo y sometiéndolo a los peores escarnios, matándolo de hambre, o matándolo de enfermedades sin atender, ofende a la humanidad. Es un asesino de lesa humanidad. Claro que en Colombia benévolamente lo llamamos dizque corrupto. En el peor de los casos, si llega a ser judicializado, puesto que también tenemos que reconocer que nuestro nivel de impunidad frente a la corrupción debe ser también igualmente uno de los más elevados del mundo, lo sancionan por alguno de los tipos penales que se engloban dentro de la corrupción y finalmente pagará una pena, pagará una multa y seguirá seguramente a disfrutar del patrimonio ilícito indebidamente adquirido y nadie se volverá a acordar de él. O de ella. En el mejor de los casos para él o ella, seguirá manejando sus cuotas burocráticas a través de interpuestas personas, y esperará calmadamente el día en el que su hijo o hija sigan su valioso y notorio ejemplo, ingresen a la burocracia y puedan ganarse “honestamente” el pan de su frente como le enseñaron sus mayores.





Ese dicho de "consiga plata hijo, honradamente, y si no puede, consiga plata hijo" es un "buen ejemplo" de la moralidad con la que se maneja la educación en Colombia para las nuevas generaciones. Y estamos pagando las consecuencias; durante muchísimos años las hemos pagado, y si esta nación no maniobra rápidamente en materia educativa, generando una nueva conciencia ética que impida que la corrupción siga siendo un modo y estilo de vida admisible y socialmente aceptado, (y en muchos casos idealizado) seguiremos por muchas generaciones pagando este alto costo de millones de colombianos que mueren por la indolencia de una clase dirigente que siempre estará muy atrás de los retos que le exige la nación.





No podemos seguir permitiendo que privada o publicamente se exprese de nuestros políticos y gobernantes, aquello de "como todos son ladrones, prefiero a este porque es menos ladrón" o "no voto por aquel por qué es más ladrón que este". O peor aún "es un político más o menos honrado", "de los males hay que escoger el menos peor". Todos odian la corrupción pero esperan pacientemente poder beneficiarse de ella. Y entonces dicen “ese es un ladrón pero me da contratos, me cobra comisión pero me lo da y yo me desquito en el precio, luego, votemos por él”





La honradez y la integridad no admiten categorías; o se es honrado o no se es, o se es integro o no se es. O se tiene un comportamiento ético, o no se tiene un comportamiento ético. Punto.





Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre uno de estos personajes siniestros de nuestra corruptela generalizada y Hitler o Stalin o cualquier otro asesino de lesa humanidad? 





La corrupción está en la raíz de todos los problemas nacionales. Es la madre de todos ellos, cualquier problemática que ocurra en Colombia necesariamente tiene en su trasfondo toda la problemática de corrupción que ha arrastrado el país durante toda su historia, pero que en los últimos años se ha exacerbado, se ha escalado a dimensiones que nunca jamás hubiéramos imaginado hace unas décadas. 





Y sin embargo, los corruptos colombianos hacen parte del “jet set”, son los más apreciados en la farándula, la gente hace filas para posar a su lado, salen en las portadas de todas las revistas, desde las económicas hasta las del “corazón”, llevan una vida de príncipes que envidiaría cualquier jeque árabe, mientras en las riberas del Atrato, en el chocó, en el Vichada, en el Amazonas, en las barriadas de Bogotá, en las comunas pobres de Medellín y distritos paupérrimos de Cali, en el desierto de la guajira, niños, niñas, hombres, ancianos, mujeres, ancianas, viven simultáneamente una vida de tortura permanente y mueren sin poder acceder a los recursos a los que tienen derecho pero que no llegan jamás porque los corruptos se los roban.





La problemática del conflicto tiene mucho o todo que ver con el tema de la corrupción. A dónde encontramos las causas objetivas del conflicto, si no es en grandes dilemas absolutamente relacionados con el tema de la corrupción. Enunciemos algunos de los mas notorios: La problemática de tierras, la problemática de la salud, la problemática de la educación, la problemática laboral y la aspiración por un salario digno que cubra el minimo vital cuando menos, o a tener una seguridad social que verdaderamente proteja, la problemática de la vivienda digna y los servicios públicos esenciales, la seguridad alimentaria, la problemática de la planeación y la distribución de los recursos, en todos en todos los aspectos de la vida nacional está presente el problema de la corrupción. 


Hasta tanto no solucionemos este tema, hasta tanto no encarrilemos la educación nacional hacia sistemas formativos coherentes que sean capaces de inculcar y preservar valores y ética ciudadana, vamos a tener que seguir presenciando que miles, cientos de miles, millones de colombianos nacen viven y mueren en la indigencia, producto de un sistema corrupto, son torturados a lo largo de sus vidas permanentemente por dicho sistema, y mientras tanto los que prohíjan la corrupción y se benefician de ella, enriqueciéndose a más no poder a costa del sufrimiento de sus semejantes, permanecen en la más completa impunidad, sus fortunas son protegidas y predican a sus hijos y nietos la forma más eficiente de preservar y aumentar esos patrimonios espurios y dignos de desprecio.





El país invierte cientos de miles de millones de pesos en perseguir a los violentos, en cazar a guerrilleros, a paramilitares, en poderlos judicializar y sancionarlos ejemplarmente. Pero ellos finalmente no son el problema, son puro síntoma, son la consecuencia del problema, son la consecuencia de décadas de abandono estatal y desatención a las necesidades básicas fundamentales en que ha incurrido indolentemente el Estado Colombiano y su clase dirigente. A eso lo llamamos coloquialmente los colombianos "buscar la calentura en las sábanas". El problema hay que atacarlo por la raíz y la raíz está en la corrupción.





No más impunidad para la corrupción; con la corrupción se tortura a los débiles de los desprotegidos, con la corrupción se asesina a los débiles y a los desprotegidos, y por tanto la corrupción ofende la dignidad de la humanidad, debe ser considerada un delito de lesa humanidad y en tal medida, deberían existir estatutos y protocolos internacionales que la repriman y la castiguen en cualquier instancia judicial del mundo, como lo es cualquier crimen de lesa humanidad. 





Debemos proponer desde esta humilde tribuna que se establezcan instrumentos de carácter internacional que permitan atacar la corrupción desde cualquier parte del mundo. Como existen protocolos para atacar el genocidio, para atacar la trata de personas, para atacar el terrorismo, deberían existir instrumentos que permitan perseguir y sancionar la corrupción desde cualquier parte del mundo y tribunales internacionales para reprimirla. Dichos instrumentos deberían ser ratificados y aplicados por nuestro Congreso, para ser adoptado como legislación interna, para reprimir tal infamia………… 





!! He ahí el gran problema ¡¡.


















viernes, 28 de enero de 2011

"NO ME IMPORTA QUIEN HAS SIDO, ME INTERESA QUIEN QUIERES SER"


              "No me importa que has sido, me interesa quién quieres ser"


A riesgo de parecer promoviendo una falacia de petición de principio, debo manifestar en primer lugar que los desmovilizados, desde el punto de vista del derecho internacional humanitario son personas especialmente protegidas por varias razones, entre ellas por estar bajo la tutela total del Estado, ya en los que se encuentran en las cárceles, ya en los que se encuentran en el proceso de reintegración.  En la desmovilización a cada uno se les aplicó protocolos de identificación  exhaustivos que incluyeron, entrevista de ubicación, tanto familiar como individual, reseña total dactilar, fotografías en todos los ángulos, carta dental y hasta muestra de ADN. Ningun otro Colombiano está tan bien individualizado, identificado y desde luego, traceable y encontrable. Si hoy el estado no sabe donde estan algunos o muchos de ellos, es culpa del mismo Estado que no diseñó un programa de reintegración que fuera lo suficientemente motivador para mantenerlos cohesionados. Mas bien, hizo todo lo posible por dispersarlos. Y lo logró. Ahora es la gran noticia que el Estado no sabe donde estan, lo que preocupa mucho a las autoridades pues presumen o dan por hecho su  integración a las bandas ilegales, pero poca o ninguna noticia habla del sistematico Genocidio de los desmovilizados.

El hecho de haber depuesto voluntariamente las armas ya los coloca bajo el ámbito de protección especial del DIH donde por su eminente condición del ser humano, y por ser parte en un proceso de paz, la humanidad lo busca proteger frente a las agresiones, no solamente de sus enemigos en la guerra que abandonó, sino también de las arbitrariedades de las autoridades a las que se sometió.
Desde luego que hay que manifestar lo que nadie se atreve a decir, sin que le caiga el mundo encima: que en algunas oportunidades deberá ser protegido incluso de quienes fueron sus víctimas.
Esta obligación, directamente en cabeza del Estado colombiano debe ser observada a cabalidad. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que respetarlos. No se puede desconocer tampoco que es obligación del Estado también debe ejercerse  llegar  a quienes fueron sus cómplices, patrocinadores o determinadores.  Por eso se comprometieron a decir la verdad, incluso renunciando de entrada al derecho a la no autoincriminación, y a no incriminar a familiares.
No nos debe asombrar entonces, que desde estos sectores se estén orientando acciones, no sólo para callarlos si no en algunos casos para hacerlos perseverar en el delito, regresar a la ilegalidad, alejarlos de los tribunales y refugiarse en la clandestinidad.
A los desmovilizados hay que cuidarlos de quienes se beneficiaron directa o indirectamente de su actuar delictivo cuando se encontraban ejerciendo la violencia. Hay que cuidarlos de quienes realmente usurparon las tierras, de quienes son testaferros y quieren quedarse con el botín, como también ocurre. Ya que en esencia, todos son básicamente testigos de excepción de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia en los últimos 30 o 40 años. Esto puede predicarse también  para absolutamente todos quienes se han desmovilizado en procesos de paz con el Estado colombiano, o en procesos individuales, independientemente de cuándo ocurrió su desmovilización, si fue con las guerrillas del llano, con el M19 , en los procesos que se dieron con las FARC, con el EPL, con las autodefensas o con los paramilitares. Lo único que varía es que a quienes alcanzaron a verse beneficiados por amnistías o indultos, deben respetárseles esos beneficios, autónomamente de que subsista su obligación universal a contar la verdad, y a reparar así sea simbólicamente a las víctimas.  Buen gesto harían los miembros de estos grupos, a quien en la sociedad en su momento le dio semejante oportunidad, en hacer actos públicos voluntarios contando su verdad y promoviendo reparaciones reconciliación, pues sus víctimas no han dejado de serlo.  Quienes no lograron semejantes beneficios, -pues en hora buena los requisitos cambiaron las exigencias aumentaron-, deben contar la verdad, deben tener una pena, así se alternativa, deben reparar integralmente a sus víctimas, y ofrecerle a la sociedad en general y a la humanidad garantías de no repetición, deben honrar su compromiso adquirido y cumplir integralmente con todas las obligaciones.
No puede predicarse tampoco que el Estado le sea válido engañar, incumplir, desatender sus mínimas obligaciones con estas personas, toda vez que partiendo del principio de la buena fe de las partes, ellos se acogieron a las propuestas del Estado, -apresuradamente incluso según el sentir de muchos de ellos-, pues actuaron , pasados en el principio de la "confianza legítima" misma que deben sentir todos los subordinados al Estado, independientemente del papel que le corresponda jugar en la sociedad. Ya ha quedado suficientemente probado que en materia de derechos humanos, "el fin nunca justificará los medios"; en primer lugar, son seres humanos, y esa categoría fundamental exige que se le reconozca plenamente todos sus derechos.
Corolario de todo lo anterior, el hecho de haber dejado voluntariamente las armas, de estar haciendo un esfuerzo por quitarse el chip de la violencia, y por ponerse el chip de la reconstrucción honesta de nuestra sociedad, merecen lograr que su esfuerzo sea compensado, pudiendo reintegrarse como personas a una sociedad que tiene la obligación de acogerlos. No de perdonarlos, no de arrastrarlos, sino de verlos sin discriminación como personas dignas que pagaron los errores que cometieron en el pasado. La actitud de la sociedad debería resumirse en una frase, que valga decir,  es el eslogan de Construpaz, una entidad cooperativa de reintegración y reconciliación de Urabá: "No me importa que has sido, me interesa quién quieres ser".


Finalmente, quienes hoy se encuentran privados de la libertad y sujetos al proceso de justicia y paz, están bajo la total y absoluta custodia del Estado colombiano. En esa medida el Estado tiene que protegerlos en una forma integral, respetar y hacer respetar sus vidas e integridad física, propender por su resocialización, buscar su reintegración y asumir el compromiso de entregarlos a una sociedad que los acoja en forma responsable.

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