INNOVACIÓN SOCIAL (AJGF)

Entrar en la discusión de si Colombia es un país urbano o un país rural no tiene mucho sentido, aparte de la trascendencia del conflicto en una u otra concepción de  país. 

Es claro que el conflicto armado colombiano es un conflicto rural y ligado a temas agrarios no resueltos, básicamente la concentración de la propiedad de la tierra y el uso de la misma.  Es un conflicto armado que se gestó durante siglos en el campo colombiano y que los momentos de escalamiento que ha tenido ha generado la gran concertación urbana y los cordones de miseria, con población que busca refugio y supervivencia alrededor de los que antes eran plácidos pueblos y pequeñas ciudades, y hoy se han convertido en  gigantescos núcleos humanos.

La geografía en los mapas es muy distinta a la geografía del acomodamiento humano, y simplemente mirar un mapa generaría la sensación de la inmensidad rural, pero observar la densidad poblacional nos daría otra percepción muy distinta; la de el país  intensamente urbano.  Es la consecuencia “lógica” del desplazamiento forzado durante siglos y que se exacerbó con el escalamiento del conflicto.

Sin embargo seguimos tratando de avanzar en solucionar el conflicto armado rural de gran connotación agraria, lo que es deseable desde cualquier punto de vista, pero…. ¿Será suficiente desactivarlo para lograr la anhelada paz?

Debemos considerar entonces que si bien el logro de un acuerdo para el fin del conflicto con las guerrillas será un aporte importante, urgente y absolutamente necesario a la superación de esta gran tragedia humanitaria que viven millones de colombianos en el día a día,  sus efectos no serán sentidos en las grandes concentraciones urbanas, y nos atrevemos a plantear algunas razones.

En primer lugar, no se han desactivado las causas del conflicto y la cuestión agraria, que aparenta solucionarse es  solo una de ellas. Y a continuación pudieran mencionarse la pobreza, la exclusión social, la inequidad en el ingreso, la falta de acceso a una justicia ágil, eficiente y “justa”, (valga la necesaria redundancia), la inaccesibilidad una salud integral para la mayoría, la falta de acceso a la educación, el desempleo y la falta de oportunidades, cientos de clases de “violencia” no tratada, la incapacidad del estado para proveer garantías de respeto a la vida y la integridad física, la inseguridad desbordada  y un largo etcétera.

Todo este largo cúmulo de problemas sociales se viven cada día en las calles de cada una de nuestras poblaciones. En los barrios, en las comunas, en el día a día millones de personas tienen que sobrevivir en medio de los cientos de problemas que producen esas causas maléficas.

¿es un panorama desolador?  Puede serlo….. pero no deja de ser una oportunidad para la creatividad y la innovación, temas que resultan prácticamente dejados a la acción del estado, a la buena voluntad de la cooperación internacional  y a la iniciativa privada, pero que cada vez mas se convierten un gran reto para las organizaciones sociales.

La iniciativa y la innovación social es responsabilidad del sector social.  Muy particularmente  la reconciliación nacional tiene que salir de expresión de esa voluntad de acercamiento entre víctimas y victimarios y la adopción de una actitud  colectiva resiliente.   Ni el estado, ni la comunidad internacional están en capacidad de proveer reconciliación, y la prueba de ello fue la temprana desaparición de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, que fue la primera víctima de la ley de víctimas.

Hoy todos esperamos  el fin del conflicto armado y el logro de la reconciliación, pero muy pocos están haciendo verdaderamente algo por conseguirla.  Solo mediante la verdadera innovación, mediante el desarrollo de soluciones efectivas y creativas en materia social se podrá por fin superar el conflicto a todo nivel, en el urbano y en el rural con una solución integral que verdaderamente se asemeje a lo que todos idealizamos como la paz. 

/ANTONIO J. GARCÍA FERNÁNDEZ  

¿PAZ SIN RECONCILIACIÓN? II (AJGF)

N. del E.: Columna publicada en el portal arcoiris.com.co en febrero de 2013. 

¿PAZ SIN RECONCILIACIÓN? II 

Ya comienza a calar la idea de que habrá un acuerdo de paz con las FARC. Si es que eso se puede llamar paz. No habrá una solución al conflicto colombiano mientras no se dimensione realmente que significa el termino “paz” y si los colombianos somos capaces objetivamente de entenderla como una gran cruzada (en el buen sentido de la palabra) de reconciliación nacional y no como el desarme de grupos aislados. 

Los acuerdos de paz que ha celebrado el estado colombiano con diversos actores armados a lo largo de la historia han logrado desactivar temporalmente el conflicto en algunas regiones pero no han logrado generar la paz. El conflicto se ha reciclado, se ha reencauchado y se ha repotenciado, en la mayoría de los casos con parte de los actores que aparentemente desarmaron. Poco tuvieron esos acuerdos de reintegración a la vida civil de los desmovilizados y absolutamente nada de verdad, reparación, restitución, cero en justicia, temas de los que ni siquiera se mencionaban en las negociaciones. Se partía (y parece que aun se parte) del principio no escrito de que se requería la mas absoluta impunidad. Perdón y olvido; Borrón y cuenta nueva; Punto final. 

En ese orden de ideas, los acuerdos no produjeron paz por que nunca hubo un propósito de reconciliación. En cada acuerdo improvisado, el “postconflicto” ha llegado a ser peor que el mismo conflicto que se quiso terminar. 

El único proceso de paz de la historia colombiana donde se mencionó y se hizo evidente la necesidad de la reconciliación nacional, fue en el proceso de desmovilización de las AUC, a partir de la ley 975 de 2005, “de Justicia y Paz”. Ya los nuevos estándares internacionales evidenciaron la necesidad de la verdad y la reparación como prerrequisitos de la justicia necesaria en la sanción de cualquiera violación de los derechos humanos. Pero también evidenciaron la necesidad de reconstruir el tejido social de una forma sistemática y organizada que permitiera no solo la reintegración de los excombatientes a la sociedad, sino su acogimiento por parte de esta, generando una sana convivencia y que fuera sostenible en el tiempo. 

Las causas objetivas del conflicto no son “el discurso mamerto” como despectivamente se les califica para invisibilizarlas en una negociación. Son realidades evidentes y los acuerdos de paz nunca las han considerado. La pobreza absoluta, la desigualdad social, la exclusión social y política, la imposibilidad de acceder a la justicia, la no salud, la no educación, la negación de la vida en condiciones dignas para todos, no han sido parte de esos acuerdos en forma alguna, y seguramente no lo serán jamás. Son solo argumentos que les sirven a los violentólogos para justificar por que los Colombianos son tan violentos, sin ofrecer ninguna solución. 

Pero para alcanzar la paz, la reconciliación nacional y hacerla sostenible se requiere mucho mas que un acuerdo con las guerrillas. Ya el hecho de lograr su desmovilización y sometimiento al derecho es una labor titánica, la reintegración y el acogimiento de la sociedad a los excombatientes será otra inmensa labor, mas difícil aun que el logro del acuerdo. 

Se requiere generar una cultura de la reconciliación y esto implica abrir espacios conversacionales con todos los sectores y actores del conflicto colombiano. Los armados y los desarmados, los civiles y los militares, la comunidad internacional, las organizaciones sociales, la sociedad civil, dirigentes políticos y económicos y el mayor factor de violencia que subsistirá a todos los acuerdos de paz, que son la delincuencia común, organizada y no organizada y el narcotráfico. 

Ni la mesa de negociación con las FARC, ni con ningún otro grupo, va a solucionar en sus acuerdos el problema de violencia y delincuencia en los barrios, en las veredas, en las calles. No va a solucionar la extorsión, el asesinato, el matoneo, la violencia intrafamiliar, y todas las formas de violencia que hacen parte integral del conflicto colombiano. Un acuerdo con un factor generador de conflicto no tiene ninguna repercusión en el problema de violencia en las ciudades, excepto por que se aumente, como ocurrió con la desmovilización de los paramilitares, muchos de ellos hoy reciclados en las bandas ilegales y los combos urbanos. 

Como promover y consolidar una cultura de reconciliación a todo nivel en Colombia es la real labor que se requiere para alcanzar la paz duradera y sostenible. “Para lograr la paz hay que desactivar todas las formas de violencia” es la propuesta de Francisco Galán, un exguerrillero hoy dedicado a la búsqueda de la reconciliación. Tiene razón. Tanto influye en el conflicto el problema de las guerrillas, como el de las bandas narcotraficantes, pero también, las fronteras invisibles, la extorsión, el micro-narcotráfico o la violencia intrafamiliar y doméstica, todas las formas de discriminación y la violencia de genero. Todo es una gran sumatoria de violencias, todas las cuales hay que terminarlas. 

Esta es la labor que corresponde a la comunidad internacional, la sociedad civil, a los gremios, a los medios de comunicación, a la clase dirigente económica y política, tanto en el nivel nacional, como departamental y local. 

Generar una cultura de la reconciliación nos corresponde a todos los que queremos aportar un grano de arena para la construcción del tejido social y el logro de la paz real y duradera con una solución integral. Y hay que comenzar ya. 

Estas son las frases clave siempre partiendo de un no rotundo a todas las formas de violencia: reconstruir el tejido social, promover la reconciliación nacional, todos y ya. Pero hay que tener siempre presente que sin acuerdos serios que lleven a desactivar las causas objetivas del conflicto, no se podrán desactivar las formas de violencia y nunca podremos alcanzar una verdadera paz.

Por: Antonio José García Fernández

¿PARA QUE SIRVE TENER LA LLAVE DE LA PAZ? (AJGF)

Tomado de www.Arcoiris.com.co

Por: Antonio José García Fernández

Se avanza hacia una nueva negociación con las FARC, y el Presidente Santos tiene la llave de la paz en su bolsillo. Esto es verdad en cierta medida, puesto que, siguiendo la lógica, si el Presidente tiene la llave, las FARC (en este caso) tienen la cerradura; es más, la de las FARC  es solo una de las puertas que se tienen que abrir con esa misma llave. Dentro de esta lógica quien tiene la llave es quien debe desplegar todo su esfuerzo para introducirla y accionar los mecanismos de las cerraduras de tal forma que permitan abrir las puertas de la paz.

También hay que entender que esa llave debería abrir muchas puertas, cuantas se necesiten para lograr la paz efectiva y duradera. Abrir un proceso con las FARC es sólo una de varias negociaciones que requiere el país para alcanzar el punto de quiebre que implica el cese del conflicto armado en Colombia y pasar a un estado “ideal” que pudiéramos entender todos como la paz.

¿Y cuáles son los mecanismos que se deben accionar para qué la llave permita abrir la cerradura en tal forma que se retiren los cerrojos y se permita abrir esa puerta?

La llave entrará  a la cerradura cuando el Presidente lo decida y las FARC tenga voluntad de paz y acepten el marco legal que actualmente se construye en el Congreso; así como el mandato del artículo 21 de la Constitución Nacional, que indica que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento para todos los colombianos.

Los mecanismos que debe mover la llave están ahí, integrados por la denominada agenda del Caguán”. Este es un buen punto de partida si se tiene en cuenta que es una agenda elaborada, discutida y planteada en un esfuerzo de paz anterior, que se retomaría nuevamente y que es producto de las diversas agendas que ha planteado ese grupo ilegal en los distintos escenarios de negociación con el Estado Colombiano a través de su historia.

La agenda del Caguán quedó definida en varios temas (12 en total) y son: solución política al conflicto, derechos humanos, política agraria integral, explotación y conservación de recursos naturales, estructura económica y social, reformas a la justicia, lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico, reformas al sistema democrático, reformas al Estado, acuerdo sobre derecho internacional humanitario, fuerzas militares, relaciones internacionales y formalización de acuerdos.

De todas maneras habrá que realizarle grandes ajustes, toda vez que han pasado 10 años desde la última vez que se abordó esa propuesta, y durante este tiempo las condiciones objetivas que han determinado la existencia del conflicto armado en Colombia han cambiado; y en muchos casos han empeorado. No es sino pensar en la problemática de los derechos humanos  y particularmente la que se ha vivido a raíz de los llamados “falsos positivos”, una vergüenza mundial para el Estado colombiano y crímenes de lesa humanidad que no pueden pasarse por alto, así como el asesinato fuera de combate de los ediles, gobernadores, exministros y otras personalidades secuestradas previamente por parte de las FARC, y otros tantos asesinatos cometidos, todos de lesa humanidad. A eso se suma su activa participación en el narcotráfico. Delitos que no podrán quedar en la impunidad, por más loable que sea el objetivo del logro de la paz en una negociación.

En materia agraria también la agenda propuesta encontrará un gran cambio en cuanto a que se ha logrado una evolución legal impensable hace 10 años. La nueva ley de víctimas y restitución de tierras constituye en sí misma un avance significativo que por lo menos intenta frenar la contrarreforma agraria impuesta al campo colombiano, y que fue hace ya casi 50  años motivo determinante para la creación de las FARC.

No obstante, si bien habrá avances significativos en la restitución de las tierras, ésta no está acompañada por las medidas necesarias para trabajar la tierra, hacerla productiva y acceder a los mercados de economías de escala que le permitan a los campesinos una calidad de vida adecuada. En materia de recursos naturales, sí que habrá tela para cortar en esa eventual mesa de negociación, por el manejo que le ha dado el Gobierno Nacional y el Estado colombiano a la extracción minera, con la apertura a las transnacionales y la criminalizacion de la pequeña minería.

Si bien las negociaciones previas con las guerrillas  han tenido repercusiones positivas en la vida democrática de Colombia -como lo fue la inclusión de la elección popular de alcaldes y gobernadores, que indican que no todo ha sido en vano en materia de negociación y debería ser un motivo de confianza para las FARC- existen temas que se tienen que incluir necesariamente dentro de la agenda con la búsqueda de acuerdos en materia de “no impunidad”, de verdad y justicia y reparación, y desde luego en las necesarias garantías de no repetición. Estos son los puntos de la agenda  que tendrán más fuertes debates y dificultades. Todos ellos asuntos difíciles de abordar, que requerirán mucha creatividad por parte de quienes tienen que abrir la puerta de una Colombia en la cual los conflictos no se escalen.

Pero tanto la llave como la cerradura y las bisagras de esta puerta requieren de un aceite  lubricante: la confianza. En los múltiples intentos de solución del conflicto pareciera que el método de negociación utilizado fuera el de “tit for tat” que avanza en medio de sucesivas traiciones, engaños e intentos de recomposición de las relaciones entre las partes.

Un buen punto de partida para restablecer la confianza por parte de las FARC sería por ejemplo designar sus voceros para el acercamiento; proscribir  inmediatamente  el reclutamiento de menores; avanzar con entidades internacionales en la devolución mediante programas bien estructurados de los menores actualmente reclutados; desistir de plantar minas antipersonal y revelación inmediata de las ya activadas a entidades internacionales para avanzar con el gobierno en el desminado humanitario;  y desistir también de la utilización de armas no convencionales.

Por parte del gobierno, un buen punto de partida en esa recomposición de las relaciones sería designar cuanto antes una Comisión de Paz (no un comisionado) extraordinariamente integrada, representativa y sobre todo sin soberbia,  con facultades y autonomia suficientes  para escuchar, concertar,  estructurar y proponerle a la sociedad colombiana  las posibles soluciones  que satisfagan el  máximo interés Nacional que es lograr la paz.

Que no se le olvide al presidente Santos que el éxito no esta en tener la llave, sino en sacarla oportunamente y en moverla eficazmente para poder abrir la cerradura de la paz, que parece estar bastante oxidada por cierto.

/ Antonio García Fernández

*Abogado de la Universidad de Antioquia, ha realizado estudios de posgrado en  materias sociales y jurídicas,  fundador y editor del desaparecido periódico “URABA HOY”; ha sido asesor jurídico en procesos de Justicia transicional en Colombia.

CORRUPCION DE LESA HUMANIDAD (AJGF) A proposito de otro "NUEVO ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN".

CORRUPCIÓN DE LESA HUMANIDAD

¿Qué pensaría usted si le dijeran que un malandrín asesinó a un niño indígena de un machetazo, y permitió que muriera desangrado???….. O ¿que asesinó a una anciana afro descendiente de varios garrotazos? Escabroso, inadmisible, absolutamente reprochable, ¿verdad? Perdone que iniciemos estos cortos párrafos con estas preguntas, muy repulsivas para un párrafo inicial, o peor aún, en un artículo en el que queremos captar su atención sobre estos temas que anunciamos en el título y que posiblemente no lo vamos a lograr, porque titulares así salen todos los días en los periódicos de Colombia, y de muchos países del mundo, y por tanto a usted probablemente le causan hastío, lo cansan y no quiere saber de esto o porque le parece tan dramático y tan increíble que va a pensar que escribimos un guión de una película de terror y seguramente vamos a causar su disgusto. Si esto le ocurre suspenda la lectura, no lea lo que sigue a continuación, por que es peor. 

¿Qué pensaría usted si le dijera que en cualquier sitio de Colombia día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, cuatrienio tras cuatrienio, miles de niños afro descendientes, indígenas, campesinos, o niños de cualquier raza o de cualquier etnia, que sólo tienen en común el ser colombianos y una pobreza indigente considerada entre las peores del mundo, están siendo asesinados lenta pero inmisericordemente en forma impune, por un ejército de corruptos, imposible es dimensionar, seres sin ninguna clase de escrúpulos, que se roban los recursos de la salud, de las obras públicas, de la educación y cualquier otro rubro del presupuesto público, sin pensar siquiera en un instante en los sufrimientos por los que pasan los miles, millones de niños, niñas, hombres mujeres, ancianos y ancianas colombianos a los cuales les sustraen directamente, se les roban de frente y sin que nadie haga nada, las oportunidades y el bienestar que en teoría debería brindarles el Estado. 

Y no sólo están asesinando multitudes de las personas más pobres y humildes y desprotegidas de nuestro país, sino que por el camino los están sometiéndolos a inmensos e injustificados sufrimientos, o sea ni más ni menos que torturándolos. ¿Cómo le parece a usted esta situación?

Una persona que mata a otra, lentamente, sin ningún remordimiento, sin ningún escrúpulo, torturándolo y sometiéndolo a los peores escarnios, matándolo de hambre, o matándolo de enfermedades sin atender, ofende a la humanidad. Es un asesino de lesa humanidad. Claro que en Colombia benévolamente lo llamamos dizque corrupto. En el peor de los casos, si llega a ser judicializado, puesto que también tenemos que reconocer que nuestro nivel de impunidad frente a la corrupción debe ser también igualmente uno de los más elevados del mundo, lo sancionan por alguno de los tipos penales que se engloban dentro de la corrupción y finalmente pagará una pena, pagará una multa y seguirá seguramente a disfrutar del patrimonio ilícito indebidamente adquirido y nadie se volverá a acordar de él. O de ella. En el mejor de los casos para él o ella, seguirá manejando sus cuotas burocráticas a través de interpuestas personas, y esperará calmadamente el día en el que su hijo o hija sigan su valioso y notorio ejemplo, ingresen a la burocracia y puedan ganarse “honestamente” el pan de su frente como le enseñaron sus mayores.

Ese dicho de "consiga plata hijo, honradamente, y si no puede, consiga plata hijo" es un "buen ejemplo" de la moralidad con la que se maneja la educación en Colombia para las nuevas generaciones. Y estamos pagando las consecuencias; durante muchísimos años las hemos pagado, y si esta nación no maniobra rápidamente en materia educativa, generando una nueva conciencia ética que impida que la corrupción siga siendo un modo y estilo de vida admisible y socialmente aceptado, (y en muchos casos idealizado) seguiremos por muchas generaciones pagando este alto costo de millones de colombianos que mueren por la indolencia de una clase dirigente que siempre estará muy atrás de los retos que le exige la nación.

No podemos seguir permitiendo que privada o publicamente se exprese de nuestros políticos y gobernantes, aquello de "como todos son ladrones, prefiero a este porque es menos ladrón" o "no voto por aquel por qué es más ladrón que este". O peor aún "es un político más o menos honrado", "de los males hay que escoger el menos peor". Todos odian la corrupción pero esperan pacientemente poder beneficiarse de ella. Y entonces dicen “ese es un ladrón pero me da contratos, me cobra comisión pero me lo da y yo me desquito en el precio, luego, votemos por él”

La honradez y la integridad no admiten categorías; o se es honrado o no se es, o se es integro o no se es. O se tiene un comportamiento ético, o no se tiene un comportamiento ético. Punto.

Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre uno de estos personajes siniestros de nuestra corruptela generalizada y Hitler o Stalin o cualquier otro asesino de lesa humanidad? 

La corrupción está en la raíz de todos los problemas nacionales. Es la madre de todos ellos, cualquier problemática que ocurra en Colombia necesariamente tiene en su trasfondo toda la problemática de corrupción que ha arrastrado el país durante toda su historia, pero que en los últimos años se ha exacerbado, se ha escalado a dimensiones que nunca jamás hubiéramos imaginado hace unas décadas. 

Y sin embargo, los corruptos colombianos hacen parte del “jet set”, son los más apreciados en la farándula, la gente hace filas para posar a su lado, salen en las portadas de todas las revistas, desde las económicas hasta las del “corazón”, llevan una vida de príncipes que envidiaría cualquier jeque árabe, mientras en las riberas del Atrato, en el chocó, en el Vichada, en el Amazonas, en las barriadas de Bogotá, en las comunas pobres de Medellín y distritos paupérrimos de Cali, en el desierto de la guajira, niños, niñas, hombres, ancianos, mujeres, ancianas, viven simultáneamente una vida de tortura permanente y mueren sin poder acceder a los recursos a los que tienen derecho pero que no llegan jamás porque los corruptos se los roban.

La problemática del conflicto tiene mucho o todo que ver con el tema de la corrupción. A dónde encontramos las causas objetivas del conflicto, si no es en grandes dilemas absolutamente relacionados con el tema de la corrupción. Enunciemos algunos de los mas notorios: La problemática de tierras, la problemática de la salud, la problemática de la educación, la problemática laboral y la aspiración por un salario digno que cubra el minimo vital cuando menos, o a tener una seguridad social que verdaderamente proteja, la problemática de la vivienda digna y los servicios públicos esenciales, la seguridad alimentaria, la problemática de la planeación y la distribución de los recursos, en todos en todos los aspectos de la vida nacional está presente el problema de la corrupción. 

Hasta tanto no solucionemos este tema, hasta tanto no encarrilemos la educación nacional hacia sistemas formativos coherentes que sean capaces de inculcar y preservar valores y ética ciudadana, vamos a tener que seguir presenciando que miles, cientos de miles, millones de colombianos nacen viven y mueren en la indigencia, producto de un sistema corrupto, son torturados a lo largo de sus vidas permanentemente por dicho sistema, y mientras tanto los que prohíjan la corrupción y se benefician de ella, enriqueciéndose a más no poder a costa del sufrimiento de sus semejantes, permanecen en la más completa impunidad, sus fortunas son protegidas y predican a sus hijos y nietos la forma más eficiente de preservar y aumentar esos patrimonios espurios y dignos de desprecio.

El país invierte cientos de miles de millones de pesos en perseguir a los violentos, en cazar a guerrilleros, a paramilitares, en poderlos judicializar y sancionarlos ejemplarmente. Pero ellos finalmente no son el problema, son puro síntoma, son la consecuencia del problema, son la consecuencia de décadas de abandono estatal y desatención a las necesidades básicas fundamentales en que ha incurrido indolentemente el Estado Colombiano y su clase dirigente. A eso lo llamamos coloquialmente los colombianos "buscar la calentura en las sábanas". El problema hay que atacarlo por la raíz y la raíz está en la corrupción.

No más impunidad para la corrupción; con la corrupción se tortura a los débiles de los desprotegidos, con la corrupción se asesina a los débiles y a los desprotegidos, y por tanto la corrupción ofende la dignidad de la humanidad, debe ser considerada un delito de lesa humanidad y en tal medida, deberían existir estatutos y protocolos internacionales que la repriman y la castiguen en cualquier instancia judicial del mundo, como lo es cualquier crimen de lesa humanidad. 

Debemos proponer desde esta humilde tribuna que se establezcan instrumentos de carácter internacional que permitan atacar la corrupción desde cualquier parte del mundo. Como existen protocolos para atacar el genocidio, para atacar la trata de personas, para atacar el terrorismo, deberían existir instrumentos que permitan perseguir y sancionar la corrupción desde cualquier parte del mundo y tribunales internacionales para reprimirla. Dichos instrumentos deberían ser ratificados y aplicados por nuestro Congreso, para ser adoptado como legislación interna, para reprimir tal infamia………… 

!! He ahí el gran problema ¡¡.

¿POR QUE NO LOS ESCUCHAN? (VARIOS INTERROGANTES)

Poco se ha hablado de ello. Pero prácticamente desde que surgieron, han buscado una interlocución con el gobierno. Parece que los llamados grupos o bandas ilegales criminales, o bandas ilegales al servicio del narcotráfico, o neo paramilitares, surgieron de los errores (y horrores) 　de la negociación con los paramilitares y narco paramilitares en Ralito. Al menos así lo manifestó en múltiples oportunidades Vicente Castaño, quien resultó siendo el máximo poder en estos grupos y líder del rearme posterior al apresamiento de los jefes desmovilizados, y así 　y lo han manifestado todos los "jefes" de esas bandas que han caído en manos de las autoridades.　

Es una respetable política de estado que no se negocie con ilegales. ¿Pero que es realmente lo que subyace a esta política? Porque hasta ahora, los mensajes que ellos han enviado al gobierno, por lo menos los que se conocen, son en el sentido de buscar una posibilidad de sometimiento a la justicia y no buscan una negociación política. Ya los colombianos comenzamos a tener claro, afortunadamente, que no hay ninguna posibilidad 　para los actores armados de obtener impunidad por los crímenes cometidos, y que no habrá reintegración a la sociedad sin contar la verdad de lo sucedido y sin reparar a las víctimas y a la sociedad. 　No solo será por los delitos de lesa humanidad sino por todos los que cometieron mientras duró el concierto. 　Ellos no serán la excepción.　

Pero, renunciando de entrada a la posibilidad de desactivar el conflicto que generan estas bandas, más bien el gobierno envía mensajes cerrando las puertas a cualquier dialogo. Igual ocurre con los mensajes que envía la guerrilla. 　Son Rechazados sin ningún análisis, sin ninguna respuesta distinta a un gran portazo.　

Vale la pena entonces reflexionar un poco acerca del por qué se desprecia la posibilidad de comunicación y de tratar de construir soluciones que 　necesariamente salvan vidas. Nos aparecen varios interrogantes:

¿Por qué no se han nombrado "gestores de paz" entre los desmovilizados de las antiguas autodefensas a pesar de varias propuestas serias de algunos de ellos en ese sentido? ¿por qué los "gestores de paz" escogidos por el gobierno entre prisioneros y desertados de la guerrilla, son personas cuestionables, aun dentro de las organizaciones en que militaron, que no les ofrecen ninguna garantía de transparencia y más bien se convierten en una herramienta de propaganda gris, orientada a obtener deserciones individuales y no a gestionar la paz, con estrategias que verdaderamente ambienten un acercamiento entre el estado y esos grupos? (también vale la pregunta por los resultados, y sobre todo, de la verdad y la reparación 　a las víctimas de los actuales "gestores").

¿Por qué se descalifica la gestión de algunos miembros de la iglesia católica, que no hacen más que transmitir el mensaje desesperado de colombianos que buscan alguna salida a la situación de ilegalidad en la que se encuentran atrapados? ¿Por qué no existe en la actualidad un comisionado de paz? 　 ¿Que pasó con la reintegración? 　¿Por qué se judicializa y se estigmatiza a quienes por cualquier razón alzan la mano voluntariamente para buscar caminos de paz? ¿Por qué no se tiene en el gobierno una persona con la suficiente capacidad de maniobra que pueda acercarse a los ilegales o los ilegales acercarse a él, con posibilidad de ser al menos escuchados?

La opinión publica, los poderes públicos y Los grandes medios de comunicación, se encuentran atrapados en el dilema entre el "santismo" y el "uribismo" 　e igual ocurre en muchas instancias de la sociedad. Los rezagos de la seguridad democrática no permiten vislumbrar otra forma de salida al conflicto que no sea la militar. Bala y mas bala.

Así, habría gran cantidad de interrogantes que nos llevan a pensar con desesperanza en cualquier proceso de paz. Pero también puede haber procesos de paz con los humildes.　

Un gobierno de elite, como el que tenemos, con lo mas granado de las altas esferas de la aristocracia capitalina, 　que cada día quiere cobrar más distancia del anterior gobierno  que identifican como de la burguesía medioclasista antioqueña, o sea de  campesinos provincianos emergentes,  y cobrar distancia de la narcocracia que se hizo evidente en estos periodos, (y ojala de las corruptelas anquilosadas en el poder) debería reflexionar  a fondo acerca de la oportunidad histórica de llevar a cabo acercamientos y promover un ambiente de gestión de paz que pueda fructificar. Igual la guerrilla ya debe haber identificado una oportunidad única para negociar con los verdaderos dueños del poder en Colombia, de los cuales es obvio representante el gobierno y el presidente Santos.

Pero no.

Como escuchar al pequeño empresario, al comerciante de barrio, al tendero, al campesino, al minero artesanal (convertido ahora en delincuente ambiental y financista ilegal),  al lumpen, al populacho, a la guacherna, los izquierdosos, a los camioneros, a los desmovilizados, o peor aún,  como escuchar a los guerrilleros, como escuchar a los miembros de las bandas, si finalmente la conclusión será la misma y eterna conclusión  del despreciado discurso "mamerto": 　Hay que promover y realizar profundas reformas sociales. 　 Y nada mas incomodo para las élites, que las reformas que puedan afectar su apoltronamiento en el poder.

La solución a nuestro conflicto necesariamente pasa por una reforma social y política que de al menos inicio al largo camino para el logro de las soluciones efectivas a los grandes males que generan este gran conflicto: La exclusión social, la falta de educación, la falta de oportunidades de trabajo honesto y equitativamente remunerado, la falta de acceso a la salud y a la seguridad social, la falta de acceso a los servicios públicos esenciales, la ausencia de justicia, la rampante corrupción y la imposibilidad de expresión democrática. Y 　hay que decir lamentablemente que esta lista no es taxativa y que tiene un largo etcétera, etc., etc.

Como escuchar a los armados violentos, si 　van a volver a enumerar ese largo etcétera de problemas a los que no se puede o no se quiere o no se tiene la suficiente capacidad de convocatoria política y social para promover las reformas sociales que se necesitan con urgencia.

¿Para qué escucharlos, si siempre es lo mismo?

Hoy toca repetir con dolor la misma pregunta que hace más de cuarenta años se hacía Gonzalo Arango: ¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir?