"LOS PRIMEROS PASOS DE UN GENOCIDIO" TRATANDO DE ENTENDER (24) ¿Por que esta guerra?.

25 años después de la masacre (Elespectador.com)

LOS PRIMEROS PASOS DE UN GENOCIDIO

Masacre de Segovia, la huella de una guerra política 

La noche del viernes 11 de noviembre de 1988 , 46 personas murieron como revancha por el triunfo político de la Unión Patriótica en la zona, luego de obtener la alcaldía y siete curules de las 10 del concejo municipal.

Por: Catalina González Navarro

A tan solo 200 kilómetros de Medellín se encuentra el municipio de Segovia. Sus habitantes cuentan que era un lugar relativamente tranquilo a pesar de la violencia que se gestaba en la zona por cuenta de los grupos paramilitares y guerrilla. La mayoría de sus habitantes vivían de la minería y es que para la época era la región del país en la que más se producía oro. (Vea: Relato de un sobreviviente de la Masacre de Segovia)

Para 1984 se realizaron los procesos de paz del gobierno de Belisario Betancur con las Farc, en otras regiones como en la Uribe, Meta. Se pactó un anuncio del cese al fuego, el establecimiento de una tregua y la consolidación de la paz mediante negociación política nació la Unión Patriótica. (Vea: Galería de imágenes)

En ese momento, la UP se logró posicionar como la tercera fuerza política del país, pero de inmediato fue tildada de ser el brazo político de las Farc. Poco a poco fueron asesinándolos. Según la Comisión Andina de Juristas, entre marzo de 1986 y octubre de 1988, en los municipios de Segovia y Remedios asesinaron selectivamente a 16 líderes comunitarios, que eran militantes de la UP. Fue así como en la década de los 80 Antioquia fue una de las regiones del país que padeció la violencia por la guerra entre narcotraficantes, el surgimiento de grupos paramilitares era evidente en su día a día.

En 1978 llegó Fidel Castaño Gil a Segovia, compró el bar "El Minero" ahí creció su fortuna, acompañado de negocios alternos como los billares y los gallos de pelea.

Diez años después, en marzo de 1988, asesinaron en Medellín el Alcalde del municipio de Remedios. Luego comenzaron a circular panfletos firmados por el grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste que advertían que eran respaldados por las autoridades. En la segunda misiva se decía: “Como lo habíamos anunciado en anteriores mensajes, hoy damos un parte de victoria con nuestra tarea de limpieza, la cual hemos iniciado con Elkin de Jesús Martínez, alcalde electo de la UP para Remedios. Sus vínculos con las Farc y demás grupos guerrilleros que han mantenido en zozobra al pueblo del nordeste antioqueño, han provocado de nuestro movimiento un accionar concreto y decidido en aras de poner fin a los planes expansionistas del comunismo encabezado por las Farc- UP en esta rica y próspera región del país”.

Fue por estos mismos días cuando el comandante de la policía comenzó a extorsionar a las prostitutas del pueblo y Rita Ivonne Tobón, la primera personera de ala izquierda de la zona, decidió trabajar para que no les violaran sus derechos. Allí nació el primer sindicato de prostitutas del país, su primer logro fue tener acceso al servicio de salud.

Dos años después, en 1986, durante las elecciones a la Presidencia de la República Jaime Pardo Leal, el candidato de la Unión Patriótica, consiguió el 4,54 % de los votos. Dos años después, en las elecciones regionales en Antioquia, el partido logró ganar las alcaldías de Apartadó, Mutatá, Remedios, Segovia y Yondó. 

Así fue como aquella mujer que defendió los derechos de las prostitutas, Rita Ivonne Tobón fue elegida como máxima autoridad en Segovia. 1.223 personas depositaron su confianza en la que sería la tercera fuerza política del país, su contendor Yesid Cano (el candidato del congresista César Pérez del partido Convergencia Liberal quien tenía toda ) un brazo de izquierda del partido Liberal al que abandonó después de haber ganado las elecciones al Congreso, obtuvo 875 sufragios.

En ese momento Segovia era tildado como un pueblo de ‘comunistas’ y ‘guerrilleros’. Mensajes con amenazas comenzaron a aparecer en las calles del municipio. Aparecieron panfletos firmados por el grupo ‘Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño’ en los que expresaban su intención de acabar con todas las personas que no pensaran igual a ellos. En el informe ‘Silenciar la Democracia’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, se recopilaron varios documentos. Uno de ellos es la Carta Abierta No. 2 al pueblo del Nordeste habla el M.R.N: “Nos respondió el Partido Comunista la primera carta que le escribimos al pueblo. Dicen que somos un grupo paramilitar, tiene razón. Pero el pueblo no debe temer, ya que contamos con la policía y el Ejército, que son sus amigos y además están constitucionalmente reconocidos por el Gobierno. Dicen los comunistas que tienen autodefensa para defender el pueblo y sus conquistas. Queremos recordar que así como nuestros compañeros del -M.A.S.- limpiando a Puerto Berrio de tanto títere comunista, nosotros los del M.R.N. barreremos del nordeste tanta escoria marxista. Exterminaremos al pro- castrista E.L.N., aniquilaremos a la subversiva Unión Patriótica y acabaremos con la popular tregua de las Farc. De nuevo le decimos a nuestros hermanos del Nordeste que reconquistaremos la región así sea a "Sangre y fuego". Para ello contamos con el apoyo militar de la policía, del Ejército Colombiano, del M.A.S. y de ilustrísimos hijos de la región que hoy ocupan altísimas posiciones en el gobierno”.

Al mismo tiempo en las paredes del pueblo comenzaron a aparecer mensajes alusivos a la guerra, en los que amenazaban a la población civil. De esta manera Segovia se convirtió en el centro de operaciones del grupo paramilitar que encontraba en la izquierda naciente de la época a uno de sus principales enemigos.

Noviembre 11 de 1988

Ese viernes cambió la historia de Segovia, según cuentan los testigos, fue un día nublado. Al caer la tarde los habitantes de Segovia llenaron la plaza y las calles, como cualquier tarde de viernes y más de un puente festivo, en esos días elegirían a la nueva soberana de la belleza.

Hay quienes dicen que a las siete en punto. Otros aseguran que fue a las seis y cuarenta. Lo único concreto es que con la noche llegaron los paramilitares a Segovia.

“El número de la matrícula era 5084. Todo me pareció muy raro. En esos días había mucha alarma en el pueblo, porque había mucha amenaza, se hablaba de una masacre y uno andaba como pendiente. El carro subió y luego reversó, vuelven y pasan, iban en contravía, se acercan, me miran y siguen. Iban con ponchos. Lo que me llamó la atención es que el carro tenía un sonido muy raro, era como si estuviera muy pesado, era un jeep blanco con crema, y dentro del carro iban en la parte de atrás cuatro hombres, no estaban sentados sino acuclillados. Dentro del carro había cosas tapadas con ponchos. Más adelante paran en el bar Johny Kay.

Todos se bajaron del carro al mismo tiempo, uno de los que iba atrás, se tiró del carro con un arma muy grande, no sé cómo se llama ese aparato, pero son de esas que se paran en patas; el tipo se cayó con el aparato, los otros lo ayudaron a pararse, y al primero que matan es al primo de un chancero que estaba ahí”, afirmó uno de los testigos del hecho a la Corporación para la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Hoy, 25 años después, los sobrevivientes cuentan que la masacre comenzó en el parque principal. No se sabe cuántos eran, se cree que por lo menos 30 hombres armados llegaron en tres camperos. Lanzaron granadas y a quienes corrieron para defenderse les dispararon por la espalda. Los testigos cuentan que otros dos paramilitares se dirigieron a las calles la Madre y la Reina (las más conocidas del pueblo). Cada uno de ellos tenía claro su propósito: dispararle a todo lo que se moviera. Otro, buscar a los simpatizantes de la UP en sus casas y acabar con ellos.

Hora y media. Ese fue el tiempo que estuvieron los paramilitares en la zona acabando con la vida de hombres, mujeres y niños. Las balas estaban en todos los rincones, andenes, calles y casas.

Y tal como lo habían advertido en su segundo panfleto esa noche la fuerza pública no se apareció. Nadie detuvo a los hombres que dispararon contra el pueblo. Y solo dos horas después del ataque aparecieron los primeros policías en la plaza de Segovia. Lo que concuerda con el dictamen del informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que: “Miembros activos del Batallón de Infantería N° 42 “Batalla de Bomboná” y del XII Distrito de Policía de Segovia llevaron a cabo varias de las acciones terroristas previas a la masacre y participaron de su planeación. Además, omitieron su deber de proteger a la población durante la realización de los ataques”.

Rita Ivonne Tobón, la alcaldesa de la Unión Patriótica vive en el exilio, pero desde su nuevo hogar habló con el portal Kien & ke en 2011 y en su entrevista recordó que aquel viernes necesitaba ir a otras instalaciones del municipio. “Eran las 8:00 de la mañana del 11 de noviembre de 1988. Me extrañó que no hubiera presencia de los militares. Pregunté que si había militares y nadie los vio. Me sobrecogí. Era parte del modus operandi de cada masacre contra la gente de la Unión Patriótica. Pasé por un lado del comando de Policía y quedé petrificada: estaban sentados los policías en pantalón, despeinados, desarreglados, con botellas de aguardiente a esa hora. Eso lo vio toda la gente”.

El saldo de la masacre fueron 46 muertos y 60 heridos, los servicios médicos del pueblo no daban abasto y por eso los tuvieron que trasladar a municipios vecinos como Remedios, Zaragoza o Amalfi.

"CUANDO LAS FARC INTENTARON HACER POLITICA" TRATANDO DE ENTENDER (23) ¿Por que esta guerra?

Cuando las Farc intentaron hacer política hace 29 años

En el gobierno Betancur se logró firmar el acuerdo de paz de La Uribe que le dio vida a la UP. Iván Márquez llegó al Congreso junto a 11 militantes más. Imágenes de una campaña que resultó trágica.

Por: 2Orillas | noviembre 06, 2013

El acuerdo de La Uribe que firmó el gobierno de Belisario Betancur con la guerrilla de las Farc en marzo 28 de 1984, posibilitó el nacimiento del Movimiento Unión Patriótica. Tal como sucede hoy con el Acuerdo sobre participación política las Farc pidieron garantías para que su vinculación a la vida política del país a través de las urnas. Distintos miembros de gobierno de los distintos partidos políticos viajaron a La Uribe, en el Meta a reuniones con la cúpula de la guerrilla de la que formaba parte Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y formaban parte del grupo guerrillero quienes encabezan hoy las negociaciones en La Habana, además de Raul Reyes y Alfonso Cano.

Jaime Uribe, César Gaviria, Manuel Marulanda, Alfonso López, Jacobo Arenas, Jaime Castro, Noemi Sanin, Pedro Gòmez, Padre Rafael García Herreros.

El Comisionado de paz que posibilitó el acercamiento fue el libertal Johh Agudelo Rios. Lo acompañó inicialmente Otto Morales Benitez, quien entonces acuñó la frase “los enemigos agazapados de la paz”, con la cual anticipó el final fatal del proceso de paz.

2. John Agudelo RÍos y Manuel Marulanda

El proceso avanzó tanto que el Presidente Belisario Betancur recibió una delegación de la guerrilla en el Palacio de Nariño. Las Farc en alianza con el Partido Comunista se prepararon para participar en las elecciones de 1986 con Jaime Pardo Leal como candidato a la Presidencia y listas para el Congreso, las Asambleas departamentales y los concejos municipales.

Jaime Pardo Leal, Braulio Herrera y Belisario Betancur en la Casa de Nariño

La UP presentó a Jaime Pardo Leal como candidato a la Presidencia. Empezó campaña a comienzos de 1985 y lo acompañaron militantes del Partido Comunista pero también comandantes guerrilleros. En las regiones y en especial en la zona de conflicto la participación de la guerrilla fue grande. Lograron unos sorprendentes resultados electorales: 5 senadores, 9 representantes entre los que estuvo Iván Marquez, 23 alcaldes, 14 diputados y 351 concejales.

Jaime Pardo Leal en la carrera séptima de Bogotá con Braulio Herrera

Manuel Marulanda, Jaime Pardo Leal y Jacobo Arenas

Iván Márquez, Motta, Gilberto Vieira y Bernardo Jaramillo Ossa en el Congreso

En la campaña electoral de la UP se dieron a conocer figuras, como Angelino Garzón y Clara López que hoy, 25 años después figuran como alternativas electorales de la izquierda. La Presidencia la ganó Virgilio Barco y desde el principio de su mandato empezó un baño de sangre contra los militantes de la UP.

Angelino Garzón, Bernardo Jaramillo y Oscar González

Carlos Romero, Gilberto Vieira, Bernardo Jaramillo y Clara López

El candidato Jaime Pardo Leal fue asesinado el 11 de Octubre de 1987 y su sucesor Bernardo Jaramillo, el 22 de Marzo de 1990. A su entierro asistieron más de 200.000 personas y con el empezó una cadena interminable de muertes, casi todos en manos de grupos paramilitares. Fueron asesinados Leonado Posada, Bernardo Jaramillo, José Antequera y Eduardo Umaña Mendoza. El libro “Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido” de Roberto Romero Ospina habla de 3.000 militantes de la UP asesinados. Para salvar sus vidas muchos lideres políticos regresaron al monte y con ello se fortalecieron las Farc pero se enterró la primera posibilidad de haber logrado un acuerdo de paz con los alzados en armas. Se calcula que en los últimos 25 años el conflicto colombiano ha dejado 200.000 víctimas.

Multitudinario entierro de Jaime Pardo Leal

Fotos: Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido. Recopilación de Roberto Romero Ospina. Archivo del semanario Voz, Reiniciar, H.I.J.O.S, Colombia, Presidencia de la República.

INNOVACIÓN SOCIAL (AJGF)

Entrar en la discusión de si Colombia es un país urbano o un país rural no tiene mucho sentido, aparte de la trascendencia del conflicto en una u otra concepción de  país. 

Es claro que el conflicto armado colombiano es un conflicto rural y ligado a temas agrarios no resueltos, básicamente la concentración de la propiedad de la tierra y el uso de la misma.  Es un conflicto armado que se gestó durante siglos en el campo colombiano y que los momentos de escalamiento que ha tenido ha generado la gran concertación urbana y los cordones de miseria, con población que busca refugio y supervivencia alrededor de los que antes eran plácidos pueblos y pequeñas ciudades, y hoy se han convertido en  gigantescos núcleos humanos.

La geografía en los mapas es muy distinta a la geografía del acomodamiento humano, y simplemente mirar un mapa generaría la sensación de la inmensidad rural, pero observar la densidad poblacional nos daría otra percepción muy distinta; la de el país  intensamente urbano.  Es la consecuencia “lógica” del desplazamiento forzado durante siglos y que se exacerbó con el escalamiento del conflicto.

Sin embargo seguimos tratando de avanzar en solucionar el conflicto armado rural de gran connotación agraria, lo que es deseable desde cualquier punto de vista, pero…. ¿Será suficiente desactivarlo para lograr la anhelada paz?

Debemos considerar entonces que si bien el logro de un acuerdo para el fin del conflicto con las guerrillas será un aporte importante, urgente y absolutamente necesario a la superación de esta gran tragedia humanitaria que viven millones de colombianos en el día a día,  sus efectos no serán sentidos en las grandes concentraciones urbanas, y nos atrevemos a plantear algunas razones.

En primer lugar, no se han desactivado las causas del conflicto y la cuestión agraria, que aparenta solucionarse es  solo una de ellas. Y a continuación pudieran mencionarse la pobreza, la exclusión social, la inequidad en el ingreso, la falta de acceso a una justicia ágil, eficiente y “justa”, (valga la necesaria redundancia), la inaccesibilidad una salud integral para la mayoría, la falta de acceso a la educación, el desempleo y la falta de oportunidades, cientos de clases de “violencia” no tratada, la incapacidad del estado para proveer garantías de respeto a la vida y la integridad física, la inseguridad desbordada  y un largo etcétera.

Todo este largo cúmulo de problemas sociales se viven cada día en las calles de cada una de nuestras poblaciones. En los barrios, en las comunas, en el día a día millones de personas tienen que sobrevivir en medio de los cientos de problemas que producen esas causas maléficas.

¿es un panorama desolador?  Puede serlo….. pero no deja de ser una oportunidad para la creatividad y la innovación, temas que resultan prácticamente dejados a la acción del estado, a la buena voluntad de la cooperación internacional  y a la iniciativa privada, pero que cada vez mas se convierten un gran reto para las organizaciones sociales.

La iniciativa y la innovación social es responsabilidad del sector social.  Muy particularmente  la reconciliación nacional tiene que salir de expresión de esa voluntad de acercamiento entre víctimas y victimarios y la adopción de una actitud  colectiva resiliente.   Ni el estado, ni la comunidad internacional están en capacidad de proveer reconciliación, y la prueba de ello fue la temprana desaparición de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, que fue la primera víctima de la ley de víctimas.

Hoy todos esperamos  el fin del conflicto armado y el logro de la reconciliación, pero muy pocos están haciendo verdaderamente algo por conseguirla.  Solo mediante la verdadera innovación, mediante el desarrollo de soluciones efectivas y creativas en materia social se podrá por fin superar el conflicto a todo nivel, en el urbano y en el rural con una solución integral que verdaderamente se asemeje a lo que todos idealizamos como la paz. 

/ANTONIO J. GARCÍA FERNÁNDEZ  

" DEL SANCOCHO NACIONAL A LA CONSTITUCION DEL 91" TRATANDO DE ENTENDER (18) por qué esta guerra.

DEL SANCOCHO NACIONAL A LA CONSTITUCIÓN DEL 91

Por José Cuesta Novoa, Subdirector del IDPAC y Gestor de Paz del M-19 en 1990.

La Constitución del 91 fue la primera Carta de la historia nacional que no estuvo antecedida por la lógica de los vencidos y los vencedores. Por el contrario, el mayor antecedente de esta Carta fue la firma de varias paces

El período de La Violencia, categoría utilizada por los analistas para designar la confrontación entre liberales y conservadores a mediados del siglo XX, dejó un saldo trágico de 300.000 muertos, según los cálculos de los estudiosos de esa etapa histórica del país. Esta contienda se superó, parcialmente, con el Frente Nacional, consistente en la alternación del poder de los partidos tradicionales durante16 años. 

Las generaciones posfrente nacional impugnaron de múltiples modos este acuerdo antidemocrático, dado su carácter excluyente. Recién se dio inicio a la alternación, el Movimiento Revolucionario Liberal, fracción disidente del Partido Liberal encabezada por el dirigente Alfonso López Michelsen, denunció con vehemencia el pacto porque lo acusaba de no incluir vastos sectores de la sociedad. 

Este contexto de exclusión política sumado a un clima latinoamericano de fervor revolucionario, promovido por la triunfante revolución cubana, alentó el surgimiento de varias agrupaciones guerrilleras, lo que dio lugar a una nueva etapa de la violencia en Colombia, conocida como violencia revolucionaria. 

Las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, el PRT, el Quintín Lame y otras guerrillas menos reconocidas comenzaron a convertirse en la autentica oposición armada al Frente Nacional. La década de los 70 fue marcada por un incipiente ascenso de la lucha guerrillera. 

Movimientos guerrilleros se legitiman 

La administración del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) fue determinante en la consolidación de la legitimidad de los movimientos guerrilleros. Consecuencia natural: de un lado, un régimen excluyente garantizó el monopolio bipartidista y, por el otro, el gobierno erró el rumbo al reprimir la inconformidad social. 

El descrédito del gobierno de Turbay contrastaba con la popularidad del movimiento armado. El expresidente Belisario Betancur lo describió así, en su libro El Homo Sapiensse extravió en América Latina: “Los resultados eran más dramáticos en cada encuesta: en determinado momento, más del 80% de los preguntados decía no importarle lo que ocurría, por antipatía a la fuerza pública o por simpatía declarada; y confesaba que era amigo pasivo o activo de las guerrillas”. 

La confrontación armada entre el Estado y la insurgencia adquirió un alto nivel de polarización. En medio de la toma de la embajada de la República Dominicana, protagonizada por el M-19; Jaime Bateman Cayón, máximo comandante de esta organización clandestina, impactó a la opinión pública nacional con una insólita propuesta de parar la guerra, mediante la exótica figura de lo que podríamos llamar la “gastro-politeia”. Es decir, en términos caribeños, un gran sancocho nacional, a mi juicio, fue la raíz de la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la Constitución del 91. La iniciativa de paz del M-19 contemplaba entre otras cosas, una amnistía general y sin condiciones, el levantamiento del Estado de Sitio y un diálogo abierto entre los distintos actores de la nación. 

Este intento de construir un acuerdo de paz se frustró porque el gobierno de Turbay concentró toda su energía en los argumentos de la fuerza, el estado de emergencia o estado de sitio, que permitía la restricción de las libertades democráticas. 

Un nuevo ambiente para la paz 

La elección del presidente Belisario Betancur en 1982 creó un nuevo ambiente para la paz en Colombia. Su primera determinación para aclimatar las posibilidades de diálogo con la subversión fue el impulso y la adopción de la Ley 35 de 1982, o Ley de amnistía. Su aplicación fue incondicional y significó la libertad inmediata del conjunto de los presos políticos que se encontraban en las cárceles del país. De inmediato se dio comienzo a un proceso exploratorio de conversaciones entre la insurgencia y el gobierno nacional. La primera etapa del proceso de Paz culminó con la firma de dos importantes acuerdos: el primero de ellos se suscribió con la FARC-EP, el 28 de marzo de 1984, en La Uribe, municipio de Mesetas, departamento de Meta. El segundo se celebró con el M-19 y el EPL, firmado en Corinto, departamento de Cauca; en El Hobo, departamento de Huila, y en Medellín. La firma de los Acuerdos de "Cese de Fuego y Diálogo Nacional" con el M-19 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) se dio el 24 de agosto de 1984. 

Después de pactado el cese al fuego, empezó la deliberación pública. El EPL propuso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar las reformas estructurales que requerían el Estado y la sociedad, como camino hacia la paz. El M-19 puso en marcha la novedosa figura del diálogo nacional, una convocatoria a la sociedad civil, a las fuerzas vivas de la nación, para que estrenaran el derecho a opinar, a discutir, a pre-figurar y diseñar el modelo del nuevo país en el que querían vivir. La respuesta fue extraordinaria, millones de colombianos se movilizaron convencidos de que la nación del tamaño de sus sueños iba a ser posible mediante la receta del sancocho nacional, esbozada por el profeta de la paz Jaime Bateman. 

Lograr la paz no era muy difícil, el presidente de la comisión de paz de la época, John Agudelo Ríos, explicaba de forma elemental su noción de paz: que los pobres pudiesen comer y los ricos pudiesen dormir. No obstante, las elites no quisieron redistribuir sus privilegios y el nuevo intento se frustró. El M-19 tampoco fue capaz de entender la dimensión política del momento, y cedió a la tentación militarista que lo condujo a la peor equivocación de su historia como organización armada, representada en la tragedia del Palacio de Justicia. 

Después vino la mayor herejía del M-19, en medio de una guerra de fuegos cruzados, en donde la primera víctima era la legitimidad de los actores armados, todos sin excepción, esta guerrilla pensó a contra-corriente que la paz era posible; la dirigencia insurgente inventó modelos complejos de pensamiento que le dieran forma a un delicado e incierto proceso de transformación: los caminos de la guerra bien podrían convertirse en caminos de paz y de reconciliación. 

De seguro ese fue el momento de mayor valentía desplegado por Carlos Pizarro, Antonio Navarro, Germán Rojas, Vera Grabe, Otty Patiño, entre otros: apostarle a la dejación de armas, en un gesto casi que unilateral, pensando en el interés supremo de una nación hastiada de la guerra fratricida. Fue valiente apostarle a la paz, en un país donde es más fácil armar una guerrilla que construir un proyecto político, civilista y democrático. El primer acuerdo de paz pre-constituyente, fue firmado por el gobierno del Presidente Virgilio Barco Vargas y el M-19, el 9 de marzo de 1990. 

A pesar del aleve asesinato del comandante Carlos Pizarro Leon-Gomez, el M-19 continuó empeñado en abrirle espacio a la paz. Navarro recogió las banderas del inmolado comandante Pizarro, fue a las elecciones presidenciales de mayo del 90 y obtuvo 750.000 votos. Todos estos hechos: los acuerdos de paz suscritos entre las guerrillas y el Estado colombiano, los ascensos electorales de la izquierda, las luchas estudiantiles encarnadas en la séptima papeleta, las luchas de todos los movimientos sociales, crearon un ambiente propicio para la renovación de la vida política colombiana, y desembocaron en la convocatoria de la trascendental Asamblea Nacional Constituyente del 91. La Alianza Democrática M-19 tuvo 19 escaños, de un total de 72. Sí, los procesos de paz entre la subversión y el Estado fueron protagonistas de la gesta política más importante del siglo XX en Colombia. 

La Constitución del 91 fue la primera Constitución de la historia nacional que no estuvo antecedida por la lógica de los vencidos y los vencedores. Por el contrario, el mayor antecedente de esta Carta fue la firma de varias paces, entre las que podemos destacar el acuerdo suscrito por el Estado con el M-19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame. Más de 7.000 mujeres y hombres dejaron sus armas, sometiéndolas a la voluntad popular, fundamento de la Asamblea Nacional Constituyente, partera de la nueva realidad institucional que se configuró en su seno. 

Jaime Bateman, una década atrás, intuyó la silueta de la Constituyente del 91, su audacia caribeña, la que cultivó con frecuencia con sus hermanos, los pescadores de la Taganga del alma, le permitió pensar la ruta del sancocho nacional como una forma eficaz de construir un tratado paz, sobre el que se erigió la Constitución Nacional. 

"QUE SE PRETENDE AL NEGAR EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA" (AJGF) A proposito de la LEY PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

¿Que se pretende al negar el conflicto armado en Colombia?

Quisiéramos no tener que referirnos a esto nuevamente y ya lo dábamos por superado, pero nuevamente aparece el tema del desconocimiento del conflicto armado en Colombia, de su negación, de su pretendida inexistencia, y por tanto quisiéramos puntualizar algunos aspectos que son determinantes y deben ser tenidos en cuenta por la opinión pública al momento de valorar las posiciones en pro o en contra. Nuevamente vimos el estira y afloje por incluir o excluir la definición del conflicto armado en la ley de víctimas, que en buena hora ha sido aprobada por el Congreso de la República, haciendo reconocimiento del conflicto (con una formula tímida, valga decir) y por tanto, visibilizando debidamente por fin desde el punto de vista legislativo a las víctimas de la violencia en Colombia. Presenciamos nuevamente en el escenario del Congreso y en los medios de comunicación el debate, orientado desde la distancia por personas con posiciones agrias y radicales. Nos preguntamos entonces, por qué tanta insistencia, porque tanta persistencia, porque tanta tozudez, y no precisamente por parte de quienes creemos a pie juntillas que en Colombia existe un conflicto armado, escalado, degradado, actual y en progreso, sino de quienes pretenden negar su existencia.

Poniéndonos en los zapatos de ellos, tratando de conciliar sus argumentos con los de quienes como nosotros, reconocemos la existencia de un conflicto armado y por ello, para no ser radicales en nuestras apreciaciones y tratar de consensuar este tema, podríamos decir que si, que en Colombia existe un conflicto armado interno, pero (acercandonos a sus tesis) no lo podríamos admitir porque entonces estaríamos validando la acción del terrorismo. Estamos tratando de ser benévolos con la posición de estas personas. También siendo benévolos entonces diríamos que si se reconoce el conflicto entonces se corre el riesgo de que algún país, que reconozca la beligerancia de las organizaciones armadas y particularmente de la guerrilla. También podríamos admitir en gracia de discusión, que mientras mayor sea el lapso de tiempo que cubra el reconocimiento de las víctimas del conflicto, será más oneroso para el Estado colombiano atender a la reparación integral del daño causado a estas personas. Hasta aquí, tal vez recogeríamos la totalidad los argumentos que ellos exponen en su ferrea oposición.

Pero, ¿ podremos ser tan ingenuos los colombianos como para creer que con desconocer la realidad colombiana entonces nos protegemos del terrorismo, impedimos su actuar y lo alejamos del respaldo que éste pueda tener por parte de algunos miembros de la comunidad internacional, y de paso responsablemente protegemos y cuidamos el presupuesto nacional?

No, los efectos del desconocimiento del conflicto no son estos. En nada benefician al país, puesto que es sólo una entelequia que se ha montado para justificar toda una cantidad de situaciones del pasado y del presente, que de otra manera tendrían (y tendrán) consecuencias jurídicas para quienes incurrieron en ellas. Valga decir también que las consecuencias jurídicas no serán para el gobierno nacional exclusivamente, sino para todos los estamentos del Estado y de la sociedad que han permitido que todas estas situaciones ocurran.

Enumeramos algunas de las situaciones que se pretenden invisibilizar desconociendo la existencia del conflicto armado en Colombia y no nos referiremos ya a cientos de miles de muertos, a millones de víctimas, a millones de desplazados y desarraigados, pues por más esfuerzo que se haga por desconocer el conflicto, nunca se podrán ocultar y a partir del reconocimiento que se les ha dado en la ley de víctimas nunca más se podrán desconocer ni invisibilizar:

Los desmovilizados y los postulados son civiles que por el hecho de haber abandonado las armas voluntariamente, pasaron de ser "combatientes" obligados a cumplir el DIH, a ser ex combatientes, protegidos especialmente por el DIH. Se pretende justificar la discriminación en la que ha incurrido el Estado colombiano, la justicia colombiana, el gobierno colombiano, la sociedad colombiana, frente a los desmovilizados, puesto que el Derecho Internacional Humanitario hace especial cobertura protectora a los excombatientes que voluntariamente hagan dejación de las armas, para quienes proscribe cualquier caso o forma de discriminación. Entonces el debate acerca de si los desmovilizados son delincuentes políticos, o sediciosos, o terroristas concertados, nunca podría darse en un estado de derecho, pues viola principios del Derecho Internacional Humanitario, que los protege especialmente, y que hacen parte por tanto del bloque de constitucionalidad aplicable plenamente en nuestro derecho interno, situación que no han tenido en cuenta ni el gobierno nacional, ni las altas cortes, ni aún la misma comunidad internacional. Y la discriminación no es solo frente a quienes encuentran inmersos en el proceso de justicia transicional. También los desmovilizados son discriminados, estigmatizados, maltratados, no pueden acceder a fuentes de trabajo dignas pues se encuentran con las listas negras, y el rechazo de una comunidad que se niega a dar pasos de reconciliación.

Se pretende validar el aborto del proceso de paz con las autodefensas, que pasó de ser un proceso político y social con un componente jurídico de justicia transicional, a una rendición seguida de un simple proceso judicial en el que se ha permitido toda clase de atropellos a los procesados.

Se pretende justificar la no aplicación de caros principios fundamentales del derecho, cuáles son el debido proceso, la presunción de inocencia, el principio de legalidad, el principio de favorabilidad, el garantismo jurídico penal, la no retroactividad de la ley penal, la estabilidad juridica y los derechos adquiridos, los cuales se les ha negado con insistencia, con saña tambien discriminatoria a los desmovilizados, por parte de estamentos del Estado.

Se pretende justificar el manejo judicial discriminatorio, violatorio del Derecho Internacional Humanitario y por lo tanto del bloque de constitucionalidad, pues a pesar de que la legislación de justicia transicional aplicable es “ex post facto” en forma retroactiva, con un acogimiento voluntario por parte de las personas que concurren a su desarrollo y sólo podría determinarse cambios en su aplicación en aspectos que impliquen favorabilidad para los sujetos al proceso, pero por parte del Estado colombiano se ha cambiado constantemente las reglas de juego y desnaturalizado el proceso transicional de Justicia y Paz para llevarlo a lo que es hoy: el nuevo “santo tribunal de la inquisición". ¿Que pdríamos decir además de las extradiciones sin justificación y en contra de los derechos de las victimas a conocer la verdad y obtener justicia?

Se procura ocultar también de igual manera la incapacidad gubernamental y legislativa para darle salidas a los problemas presentados en relación con el proceso de paz, y con la legislación de transición aplicable, particularmente en el aspecto del límite temporal que fijó la ley 975 de 2005, que prácticamente convirtió al proceso de paz en letra muerta a partir del 25 julio de ese año. Fue una ley de ejecución instantánea. Nunca llegó a ser el instrumento de paz que se requería construir, y generó a partir de ese momento el mayor problema no sólo para ese proceso de paz si no para la reconciliación de los colombianos.

También se pretende desconocer la responsabilidad directa o por linea de mando de agentes del Estado en la ocurrencia de los denominados "falsos positivos", cuyas dos mayores perversas manifestaciones fueron el "Body Count” que pretendía mostrar el mayor número de bajas posibles para demostrar que se estaba ganando la guerra, y por otro lado las “falsas desmovilizaciones” para mostrar resultados inflados frente a los observadores del proceso de paz. Claro está que en estos casos se involucraron de una u otra manera a civiles y por lo tanto se violó por parte del Estado colombiano el principio de distinción, eje fundamental del Derecho Internacional Humanitario DIH.

Se pretende también justificar el fracaso del proceso de reintegración, la situación a la que se han expuesto a los desmovilizados quienes afrontan riesgos constantes al pretender sacar adelante sus proyectos de vida sin el apoyo del Estado y la comunidad, en medio de la agresión permanente de los actores armados del conflicto que perviven, y el asedio constante de las autoridades.

Proyecta justificar de igual manera el genocidio de los desmovilizados, que ha venido ocurriendo sistemáticamente en Colombia, que está suficientemente claro, pero que no ha ameritado de forma algunos pronunciamientos ni del gobierno nacional, ni de la justicia colombiana, ni de la comunidad internacional.

Todo esto sería, en un verdadero Estado de Derecho, absolutamente inaceptable. Pero estamos en Colombia y no nos damos cuenta que hacia donde nos quiere llevar esa manida discusión sobre la existencia o no del conflicto colombiano, es a permitir la ocurrencia del más temido fenómeno en el Estado de derecho: La Impunidad. Lo que está haciendo esto es permitiendo que la impunidad y la inmunidad se aposenten definitivamente en Colombia. Todo apunta a mantener oculta la verdad, a que ésta no se manifieste realmente y que las personas que han concebido, promovido y se han beneficiado directamente del conflicto colombiano permanezcan en la impunidad. Por lo tanto las amnistías e indultos, proscritas para siempre en los estatutos internacionales de protección de los derechos humanos, están ocurriendo en Colombia hoy, y a eso apunta directamente la negación del conflicto armado colombiano. Pero lo peor de todo, es que mientras tanto el Estado y la sociedad Colombiana se mantienen ajenas a la solución de las causas objetivas del conflicto armado colombiano "QUE SI EXISTE”, y se evidencia en la ausencia de Estado reflejada en la desatención y largos años de injusticia social en las regiones, la inequidad económica cada vez mayor, la poca o nula cobertura de los servicios públicos esenciales, la poca o nula cobertura de los servicios de salud, la poca o nula disponibilidad de educación y la pésima calidad de esta, la absoluta inexistencia de oportunidades de trabajo, y ni que hablar de las posibilidades de tener entonces un salario digno y justo. Claro, ¿¿¿ como se van a preocupar por atender las causas objetivas de un conflicto que segun ellos, no existe???.

CORRUPCION DE LESA HUMANIDAD (AJGF) A proposito de otro "NUEVO ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN".

CORRUPCIÓN DE LESA HUMANIDAD

¿Qué pensaría usted si le dijeran que un malandrín asesinó a un niño indígena de un machetazo, y permitió que muriera desangrado???….. O ¿que asesinó a una anciana afro descendiente de varios garrotazos? Escabroso, inadmisible, absolutamente reprochable, ¿verdad? Perdone que iniciemos estos cortos párrafos con estas preguntas, muy repulsivas para un párrafo inicial, o peor aún, en un artículo en el que queremos captar su atención sobre estos temas que anunciamos en el título y que posiblemente no lo vamos a lograr, porque titulares así salen todos los días en los periódicos de Colombia, y de muchos países del mundo, y por tanto a usted probablemente le causan hastío, lo cansan y no quiere saber de esto o porque le parece tan dramático y tan increíble que va a pensar que escribimos un guión de una película de terror y seguramente vamos a causar su disgusto. Si esto le ocurre suspenda la lectura, no lea lo que sigue a continuación, por que es peor. 

¿Qué pensaría usted si le dijera que en cualquier sitio de Colombia día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, cuatrienio tras cuatrienio, miles de niños afro descendientes, indígenas, campesinos, o niños de cualquier raza o de cualquier etnia, que sólo tienen en común el ser colombianos y una pobreza indigente considerada entre las peores del mundo, están siendo asesinados lenta pero inmisericordemente en forma impune, por un ejército de corruptos, imposible es dimensionar, seres sin ninguna clase de escrúpulos, que se roban los recursos de la salud, de las obras públicas, de la educación y cualquier otro rubro del presupuesto público, sin pensar siquiera en un instante en los sufrimientos por los que pasan los miles, millones de niños, niñas, hombres mujeres, ancianos y ancianas colombianos a los cuales les sustraen directamente, se les roban de frente y sin que nadie haga nada, las oportunidades y el bienestar que en teoría debería brindarles el Estado. 

Y no sólo están asesinando multitudes de las personas más pobres y humildes y desprotegidas de nuestro país, sino que por el camino los están sometiéndolos a inmensos e injustificados sufrimientos, o sea ni más ni menos que torturándolos. ¿Cómo le parece a usted esta situación?

Una persona que mata a otra, lentamente, sin ningún remordimiento, sin ningún escrúpulo, torturándolo y sometiéndolo a los peores escarnios, matándolo de hambre, o matándolo de enfermedades sin atender, ofende a la humanidad. Es un asesino de lesa humanidad. Claro que en Colombia benévolamente lo llamamos dizque corrupto. En el peor de los casos, si llega a ser judicializado, puesto que también tenemos que reconocer que nuestro nivel de impunidad frente a la corrupción debe ser también igualmente uno de los más elevados del mundo, lo sancionan por alguno de los tipos penales que se engloban dentro de la corrupción y finalmente pagará una pena, pagará una multa y seguirá seguramente a disfrutar del patrimonio ilícito indebidamente adquirido y nadie se volverá a acordar de él. O de ella. En el mejor de los casos para él o ella, seguirá manejando sus cuotas burocráticas a través de interpuestas personas, y esperará calmadamente el día en el que su hijo o hija sigan su valioso y notorio ejemplo, ingresen a la burocracia y puedan ganarse “honestamente” el pan de su frente como le enseñaron sus mayores.

Ese dicho de "consiga plata hijo, honradamente, y si no puede, consiga plata hijo" es un "buen ejemplo" de la moralidad con la que se maneja la educación en Colombia para las nuevas generaciones. Y estamos pagando las consecuencias; durante muchísimos años las hemos pagado, y si esta nación no maniobra rápidamente en materia educativa, generando una nueva conciencia ética que impida que la corrupción siga siendo un modo y estilo de vida admisible y socialmente aceptado, (y en muchos casos idealizado) seguiremos por muchas generaciones pagando este alto costo de millones de colombianos que mueren por la indolencia de una clase dirigente que siempre estará muy atrás de los retos que le exige la nación.

No podemos seguir permitiendo que privada o publicamente se exprese de nuestros políticos y gobernantes, aquello de "como todos son ladrones, prefiero a este porque es menos ladrón" o "no voto por aquel por qué es más ladrón que este". O peor aún "es un político más o menos honrado", "de los males hay que escoger el menos peor". Todos odian la corrupción pero esperan pacientemente poder beneficiarse de ella. Y entonces dicen “ese es un ladrón pero me da contratos, me cobra comisión pero me lo da y yo me desquito en el precio, luego, votemos por él”

La honradez y la integridad no admiten categorías; o se es honrado o no se es, o se es integro o no se es. O se tiene un comportamiento ético, o no se tiene un comportamiento ético. Punto.

Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre uno de estos personajes siniestros de nuestra corruptela generalizada y Hitler o Stalin o cualquier otro asesino de lesa humanidad? 

La corrupción está en la raíz de todos los problemas nacionales. Es la madre de todos ellos, cualquier problemática que ocurra en Colombia necesariamente tiene en su trasfondo toda la problemática de corrupción que ha arrastrado el país durante toda su historia, pero que en los últimos años se ha exacerbado, se ha escalado a dimensiones que nunca jamás hubiéramos imaginado hace unas décadas. 

Y sin embargo, los corruptos colombianos hacen parte del “jet set”, son los más apreciados en la farándula, la gente hace filas para posar a su lado, salen en las portadas de todas las revistas, desde las económicas hasta las del “corazón”, llevan una vida de príncipes que envidiaría cualquier jeque árabe, mientras en las riberas del Atrato, en el chocó, en el Vichada, en el Amazonas, en las barriadas de Bogotá, en las comunas pobres de Medellín y distritos paupérrimos de Cali, en el desierto de la guajira, niños, niñas, hombres, ancianos, mujeres, ancianas, viven simultáneamente una vida de tortura permanente y mueren sin poder acceder a los recursos a los que tienen derecho pero que no llegan jamás porque los corruptos se los roban.

La problemática del conflicto tiene mucho o todo que ver con el tema de la corrupción. A dónde encontramos las causas objetivas del conflicto, si no es en grandes dilemas absolutamente relacionados con el tema de la corrupción. Enunciemos algunos de los mas notorios: La problemática de tierras, la problemática de la salud, la problemática de la educación, la problemática laboral y la aspiración por un salario digno que cubra el minimo vital cuando menos, o a tener una seguridad social que verdaderamente proteja, la problemática de la vivienda digna y los servicios públicos esenciales, la seguridad alimentaria, la problemática de la planeación y la distribución de los recursos, en todos en todos los aspectos de la vida nacional está presente el problema de la corrupción. 

Hasta tanto no solucionemos este tema, hasta tanto no encarrilemos la educación nacional hacia sistemas formativos coherentes que sean capaces de inculcar y preservar valores y ética ciudadana, vamos a tener que seguir presenciando que miles, cientos de miles, millones de colombianos nacen viven y mueren en la indigencia, producto de un sistema corrupto, son torturados a lo largo de sus vidas permanentemente por dicho sistema, y mientras tanto los que prohíjan la corrupción y se benefician de ella, enriqueciéndose a más no poder a costa del sufrimiento de sus semejantes, permanecen en la más completa impunidad, sus fortunas son protegidas y predican a sus hijos y nietos la forma más eficiente de preservar y aumentar esos patrimonios espurios y dignos de desprecio.

El país invierte cientos de miles de millones de pesos en perseguir a los violentos, en cazar a guerrilleros, a paramilitares, en poderlos judicializar y sancionarlos ejemplarmente. Pero ellos finalmente no son el problema, son puro síntoma, son la consecuencia del problema, son la consecuencia de décadas de abandono estatal y desatención a las necesidades básicas fundamentales en que ha incurrido indolentemente el Estado Colombiano y su clase dirigente. A eso lo llamamos coloquialmente los colombianos "buscar la calentura en las sábanas". El problema hay que atacarlo por la raíz y la raíz está en la corrupción.

No más impunidad para la corrupción; con la corrupción se tortura a los débiles de los desprotegidos, con la corrupción se asesina a los débiles y a los desprotegidos, y por tanto la corrupción ofende la dignidad de la humanidad, debe ser considerada un delito de lesa humanidad y en tal medida, deberían existir estatutos y protocolos internacionales que la repriman y la castiguen en cualquier instancia judicial del mundo, como lo es cualquier crimen de lesa humanidad. 

Debemos proponer desde esta humilde tribuna que se establezcan instrumentos de carácter internacional que permitan atacar la corrupción desde cualquier parte del mundo. Como existen protocolos para atacar el genocidio, para atacar la trata de personas, para atacar el terrorismo, deberían existir instrumentos que permitan perseguir y sancionar la corrupción desde cualquier parte del mundo y tribunales internacionales para reprimirla. Dichos instrumentos deberían ser ratificados y aplicados por nuestro Congreso, para ser adoptado como legislación interna, para reprimir tal infamia………… 

!! He ahí el gran problema ¡¡.

"NO ME IMPORTA QUIEN HAS SIDO, ME INTERESA QUIEN QUIERES SER"

              "No me importa que has sido, me interesa quién quieres ser"

A riesgo de parecer promoviendo una falacia de petición de principio, debo manifestar en primer lugar que los desmovilizados, desde el punto de vista del derecho internacional humanitario son personas especialmente protegidas por varias razones, entre ellas por estar bajo la tutela total del Estado, ya en los que se encuentran en las cárceles, ya en los que se encuentran en el proceso de reintegración.  En la desmovilización a cada uno se les aplicó protocolos de identificación  exhaustivos que incluyeron, entrevista de ubicación, tanto familiar como individual, reseña total dactilar, fotografías en todos los ángulos, carta dental y hasta muestra de ADN. Ningun otro Colombiano está tan bien individualizado, identificado y desde luego, traceable y encontrable. Si hoy el estado no sabe donde estan algunos o muchos de ellos, es culpa del mismo Estado que no diseñó un programa de reintegración que fuera lo suficientemente motivador para mantenerlos cohesionados. Mas bien, hizo todo lo posible por dispersarlos. Y lo logró. Ahora es la gran noticia que el Estado no sabe donde estan, lo que preocupa mucho a las autoridades pues presumen o dan por hecho su  integración a las bandas ilegales, pero poca o ninguna noticia habla del sistematico Genocidio de los desmovilizados.

El hecho de haber depuesto voluntariamente las armas ya los coloca bajo el ámbito de protección especial del DIH donde por su eminente condición del ser humano, y por ser parte en un proceso de paz, la humanidad lo busca proteger frente a las agresiones, no solamente de sus enemigos en la guerra que abandonó, sino también de las arbitrariedades de las autoridades a las que se sometió.

Desde luego que hay que manifestar lo que nadie se atreve a decir, sin que le caiga el mundo encima: que en algunas oportunidades deberá ser protegido incluso de quienes fueron sus víctimas.

Esta obligación, directamente en cabeza del Estado colombiano debe ser observada a cabalidad. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que respetarlos. No se puede desconocer tampoco que es obligación del Estado también debe ejercerse  llegar  a quienes fueron sus cómplices, patrocinadores o determinadores.  Por eso se comprometieron a decir la verdad, incluso renunciando de entrada al derecho a la no autoincriminación, y a no incriminar a familiares.

No nos debe asombrar entonces, que desde estos sectores se estén orientando acciones, no sólo para callarlos si no en algunos casos para hacerlos perseverar en el delito, regresar a la ilegalidad, alejarlos de los tribunales y refugiarse en la clandestinidad.

A los desmovilizados hay que cuidarlos de quienes se beneficiaron directa o indirectamente de su actuar delictivo cuando se encontraban ejerciendo la violencia. Hay que cuidarlos de quienes realmente usurparon las tierras, de quienes son testaferros y quieren quedarse con el botín, como también ocurre. Ya que en esencia, todos son básicamente testigos de excepción de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia en los últimos 30 o 40 años. Esto puede predicarse también  para absolutamente todos quienes se han desmovilizado en procesos de paz con el Estado colombiano, o en procesos individuales, independientemente de cuándo ocurrió su desmovilización, si fue con las guerrillas del llano, con el M19 , en los procesos que se dieron con las FARC, con el EPL, con las autodefensas o con los paramilitares. Lo único que varía es que a quienes alcanzaron a verse beneficiados por amnistías o indultos, deben respetárseles esos beneficios, autónomamente de que subsista su obligación universal a contar la verdad, y a reparar así sea simbólicamente a las víctimas.  Buen gesto harían los miembros de estos grupos, a quien en la sociedad en su momento le dio semejante oportunidad, en hacer actos públicos voluntarios contando su verdad y promoviendo reparaciones reconciliación, pues sus víctimas no han dejado de serlo.  Quienes no lograron semejantes beneficios, -pues en hora buena los requisitos cambiaron las exigencias aumentaron-, deben contar la verdad, deben tener una pena, así se alternativa, deben reparar integralmente a sus víctimas, y ofrecerle a la sociedad en general y a la humanidad garantías de no repetición, deben honrar su compromiso adquirido y cumplir integralmente con todas las obligaciones.

No puede predicarse tampoco que el Estado le sea válido engañar, incumplir, desatender sus mínimas obligaciones con estas personas, toda vez que partiendo del principio de la buena fe de las partes, ellos se acogieron a las propuestas del Estado, -apresuradamente incluso según el sentir de muchos de ellos-, pues actuaron , pasados en el principio de la "confianza legítima" misma que deben sentir todos los subordinados al Estado, independientemente del papel que le corresponda jugar en la sociedad. Ya ha quedado suficientemente probado que en materia de derechos humanos, "el fin nunca justificará los medios"; en primer lugar, son seres humanos, y esa categoría fundamental exige que se le reconozca plenamente todos sus derechos.

Corolario de todo lo anterior, el hecho de haber dejado voluntariamente las armas, de estar haciendo un esfuerzo por quitarse el chip de la violencia, y por ponerse el chip de la reconstrucción honesta de nuestra sociedad, merecen lograr que su esfuerzo sea compensado, pudiendo reintegrarse como personas a una sociedad que tiene la obligación de acogerlos. No de perdonarlos, no de arrastrarlos, sino de verlos sin discriminación como personas dignas que pagaron los errores que cometieron en el pasado. La actitud de la sociedad debería resumirse en una frase, que valga decir,  es el eslogan de Construpaz, una entidad cooperativa de reintegración y reconciliación de Urabá: "No me importa que has sido, me interesa quién quieres ser".

Finalmente, quienes hoy se encuentran privados de la libertad y sujetos al proceso de justicia y paz, están bajo la total y absoluta custodia del Estado colombiano. En esa medida el Estado tiene que protegerlos en una forma integral, respetar y hacer respetar sus vidas e integridad física, propender por su resocialización, buscar su reintegración y asumir el compromiso de entregarlos a una sociedad que los acoja en forma responsable.