DEL SANCOCHO NACIONAL A LA CONSTITUCIÓN DEL 91
Por José Cuesta Novoa, Subdirector del IDPAC y Gestor de Paz del M-19 en 1990.
La Constitución del 91 fue la primera Carta de la historia nacional que no estuvo antecedida por la lógica de los vencidos y los vencedores. Por el contrario, el mayor antecedente de esta Carta fue la firma de varias paces
El período de La Violencia, categoría utilizada por los analistas para designar la confrontación entre liberales y conservadores a mediados del siglo XX, dejó un saldo trágico de 300.000 muertos, según los cálculos de los estudiosos de esa etapa histórica del país. Esta contienda se superó, parcialmente, con el Frente Nacional, consistente en la alternación del poder de los partidos tradicionales durante16 años.
Las generaciones posfrente nacional impugnaron de múltiples modos este acuerdo antidemocrático, dado su carácter excluyente. Recién se dio inicio a la alternación, el Movimiento Revolucionario Liberal, fracción disidente del Partido Liberal encabezada por el dirigente Alfonso López Michelsen, denunció con vehemencia el pacto porque lo acusaba de no incluir vastos sectores de la sociedad.
Este contexto de exclusión política sumado a un clima latinoamericano de fervor revolucionario, promovido por la triunfante revolución cubana, alentó el surgimiento de varias agrupaciones guerrilleras, lo que dio lugar a una nueva etapa de la violencia en Colombia, conocida como violencia revolucionaria.
Las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, el PRT, el Quintín Lame y otras guerrillas menos reconocidas comenzaron a convertirse en la autentica oposición armada al Frente Nacional. La década de los 70 fue marcada por un incipiente ascenso de la lucha guerrillera.
Movimientos guerrilleros se legitiman
La administración del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) fue determinante en la consolidación de la legitimidad de los movimientos guerrilleros. Consecuencia natural: de un lado, un régimen excluyente garantizó el monopolio bipartidista y, por el otro, el gobierno erró el rumbo al reprimir la inconformidad social.
El descrédito del gobierno de Turbay contrastaba con la popularidad del movimiento armado. El expresidente Belisario Betancur lo describió así, en su libro El Homo Sapiensse extravió en América Latina: “Los resultados eran más dramáticos en cada encuesta: en determinado momento, más del 80% de los preguntados decía no importarle lo que ocurría, por antipatía a la fuerza pública o por simpatía declarada; y confesaba que era amigo pasivo o activo de las guerrillas”.
La confrontación armada entre el Estado y la insurgencia adquirió un alto nivel de polarización. En medio de la toma de la embajada de la República Dominicana, protagonizada por el M-19; Jaime Bateman Cayón, máximo comandante de esta organización clandestina, impactó a la opinión pública nacional con una insólita propuesta de parar la guerra, mediante la exótica figura de lo que podríamos llamar la “gastro-politeia”. Es decir, en términos caribeños, un gran sancocho nacional, a mi juicio, fue la raíz de la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la Constitución del 91. La iniciativa de paz del M-19 contemplaba entre otras cosas, una amnistía general y sin condiciones, el levantamiento del Estado de Sitio y un diálogo abierto entre los distintos actores de la nación.
Este intento de construir un acuerdo de paz se frustró porque el gobierno de Turbay concentró toda su energía en los argumentos de la fuerza, el estado de emergencia o estado de sitio, que permitía la restricción de las libertades democráticas.
Un nuevo ambiente para la paz
La elección del presidente Belisario Betancur en 1982 creó un nuevo ambiente para la paz en Colombia. Su primera determinación para aclimatar las posibilidades de diálogo con la subversión fue el impulso y la adopción de la Ley 35 de 1982, o Ley de amnistía. Su aplicación fue incondicional y significó la libertad inmediata del conjunto de los presos políticos que se encontraban en las cárceles del país. De inmediato se dio comienzo a un proceso exploratorio de conversaciones entre la insurgencia y el gobierno nacional. La primera etapa del proceso de Paz culminó con la firma de dos importantes acuerdos: el primero de ellos se suscribió con la FARC-EP, el 28 de marzo de 1984, en La Uribe, municipio de Mesetas, departamento de Meta. El segundo se celebró con el M-19 y el EPL, firmado en Corinto, departamento de Cauca; en El Hobo, departamento de Huila, y en Medellín. La firma de los Acuerdos de "Cese de Fuego y Diálogo Nacional" con el M-19 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) se dio el 24 de agosto de 1984.
Después de pactado el cese al fuego, empezó la deliberación pública. El EPL propuso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar las reformas estructurales que requerían el Estado y la sociedad, como camino hacia la paz. El M-19 puso en marcha la novedosa figura del diálogo nacional, una convocatoria a la sociedad civil, a las fuerzas vivas de la nación, para que estrenaran el derecho a opinar, a discutir, a pre-figurar y diseñar el modelo del nuevo país en el que querían vivir. La respuesta fue extraordinaria, millones de colombianos se movilizaron convencidos de que la nación del tamaño de sus sueños iba a ser posible mediante la receta del sancocho nacional, esbozada por el profeta de la paz Jaime Bateman.
Lograr la paz no era muy difícil, el presidente de la comisión de paz de la época, John Agudelo Ríos, explicaba de forma elemental su noción de paz: que los pobres pudiesen comer y los ricos pudiesen dormir. No obstante, las elites no quisieron redistribuir sus privilegios y el nuevo intento se frustró. El M-19 tampoco fue capaz de entender la dimensión política del momento, y cedió a la tentación militarista que lo condujo a la peor equivocación de su historia como organización armada, representada en la tragedia del Palacio de Justicia.
Después vino la mayor herejía del M-19, en medio de una guerra de fuegos cruzados, en donde la primera víctima era la legitimidad de los actores armados, todos sin excepción, esta guerrilla pensó a contra-corriente que la paz era posible; la dirigencia insurgente inventó modelos complejos de pensamiento que le dieran forma a un delicado e incierto proceso de transformación: los caminos de la guerra bien podrían convertirse en caminos de paz y de reconciliación.
De seguro ese fue el momento de mayor valentía desplegado por Carlos Pizarro, Antonio Navarro, Germán Rojas, Vera Grabe, Otty Patiño, entre otros: apostarle a la dejación de armas, en un gesto casi que unilateral, pensando en el interés supremo de una nación hastiada de la guerra fratricida. Fue valiente apostarle a la paz, en un país donde es más fácil armar una guerrilla que construir un proyecto político, civilista y democrático. El primer acuerdo de paz pre-constituyente, fue firmado por el gobierno del Presidente Virgilio Barco Vargas y el M-19, el 9 de marzo de 1990.
A pesar del aleve asesinato del comandante Carlos Pizarro Leon-Gomez, el M-19 continuó empeñado en abrirle espacio a la paz. Navarro recogió las banderas del inmolado comandante Pizarro, fue a las elecciones presidenciales de mayo del 90 y obtuvo 750.000 votos. Todos estos hechos: los acuerdos de paz suscritos entre las guerrillas y el Estado colombiano, los ascensos electorales de la izquierda, las luchas estudiantiles encarnadas en la séptima papeleta, las luchas de todos los movimientos sociales, crearon un ambiente propicio para la renovación de la vida política colombiana, y desembocaron en la convocatoria de la trascendental Asamblea Nacional Constituyente del 91. La Alianza Democrática M-19 tuvo 19 escaños, de un total de 72. Sí, los procesos de paz entre la subversión y el Estado fueron protagonistas de la gesta política más importante del siglo XX en Colombia.
La Constitución del 91 fue la primera Constitución de la historia nacional que no estuvo antecedida por la lógica de los vencidos y los vencedores. Por el contrario, el mayor antecedente de esta Carta fue la firma de varias paces, entre las que podemos destacar el acuerdo suscrito por el Estado con el M-19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame. Más de 7.000 mujeres y hombres dejaron sus armas, sometiéndolas a la voluntad popular, fundamento de la Asamblea Nacional Constituyente, partera de la nueva realidad institucional que se configuró en su seno.
Jaime Bateman, una década atrás, intuyó la silueta de la Constituyente del 91, su audacia caribeña, la que cultivó con frecuencia con sus hermanos, los pescadores de la Taganga del alma, le permitió pensar la ruta del sancocho nacional como una forma eficaz de construir un tratado paz, sobre el que se erigió la Constitución Nacional.
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