¿EXTRADICIÓN O DESAPARICIÓN FORZADA?

Las formas criminales tienden a evolucionar, no son estáticas, se reproducen en el tiempo en situaciones cada vez más sofisticadas, que le permiten dejar atrás la tipificación, y con ello el principio de legalidad opera y desde luego las pone por fuera del ámbito de la punibilidad. Eso sería el sueño del criminal profesional, que en términos del derecho penal casi podría considerarse como un agravante al delito, debería sancionarse con una mayor punibilidad puesto que revela desde luego una mayor perversidad e ingenio criminal y capacidad de acción lesiva a los bienes jurídicos tutelados y por lo tanto transgrede a mayor distancia la línea social y legal que no se debe cruzar. Claro que su ofensa es mayor y en tal medida el reproche debería ser de igual forma mayor, pero como hábilmente se pone por fuera de la tipicidad, alcanza la impunidad, que era lo que quería o pretendía lograr. Y la sociedad no puede hacer nada.

El artículo II de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, establece los parámetros generales bajo los cuales se tipifica o se define la institución de este delito:

"...... se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes."

Hagámosle una breve disección a este tipo penal:

privación de la libertad de una o más personas, en cualquier forma

cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización el apoyo o la aquiescencia del Estado

falta de información o negativa a reconocer la privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona

impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales

El diccionario los derechos humanos (Espasa, España, 2002) va más allá de la definición establecida para el sistema interamericano de derechos humanos, y determina que "La desaparición forzada es la práctica criminal consistente en la retención y ocultación ilegal de una persona con el objeto de sustraerla de todo régimen de protección jurídica y "castigarla", casi siempre con la tortura y en algunos casos la ejecución extrajudicial perpetradas en clandestinidad, por su presunta o real condición de "enemigo del Estado".

Agrega unos elementos que es necesario tener en cuenta, al determinar que la finalidad de la desaparición forzada de personas de sustraerla de todo régimen de protección jurídica, castigarla con tortura o con ejecución extrajudicial, por su presunta o real condición de "enemigo del Estado", o sea ni más ni menos, el desaparecido por el Estado, por razones de "estado", es un actor político.

Es claro que al sistema interamericano al definir la desaparición forzada de personas, por razones políticas de muchos de los estados miembros no les convenía estatuir qué además la desaparición forzada de personas tiene una finalidad. Mucho menos iban a decir que esa finalidad además de silenciar a un enemigo, impedir su acción política, la difusión de su pensamiento o su testimonio en contra de los intereses del estado, tiene una clara connotación intimidatoria hacia el resto de la sociedad y hacia la comunidad en la cual el Desaparecido se desenvolvía.

Nada más difícil en las actuales circunstancias que definir en forma acertada la palabra "terrorismo". Pero si acogemos la definición de qué terrorismo en la práctica es el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos o sea que el término  designa un método de acción política destinado a sembrar el miedo en un grupo social, etnico, racial o religioso, en una comunidad o ciudad, podríamos decir entonces que la desaparición forzada de personas coincide también dentro de los términos de esta palabra.

Al redactar la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, los estados representados en la Organización de Estados Americanos, se quedaron cortos en esa definición, seguramente previendo que agregarle más elementos sería evitar que se aprobara el instrumento jurídico. Ya es hora de revisar esta situación y ser más específico y contundentes para poder desarrollar a cabalidad la finalidad de protección a los derechos humanos. Y más aún, acogiendo la tesis esbozada en el principio de este artículo, en que las formas criminales evolucionan, se sofistican, evaden la punibilidad, pretenden constantemente la impunidad, pues en este orden de ideas se quedan las normas de protección de los derechos humanos sin fundamento, por que estos instrumentos tienden a ser estáticos, frente a un fenómeno del cual se quiere proteger  urgentemente a la humanidad y que es completamente dinámico.

Así podríamos entonces considerar una tesis que seguramente será atacada y desvirtuada pero que en aras del respeto de los derechos humanos,  debe presentarse.

Colombia, o mejor el Estado colombiano ha utilizado la extradición de colombianos en varias formas: como elemento de lucha contra el delito, particularmente el del narcotráfico, pues en tal sentido se ha permitido por el poder constituyente y por el poder legislativo. Pero también podríamos decir que se ha utilizado dicha herramienta del derecho internacional para sustraer personas de la acción de la justicia colombiana, quienes se encontraban detenidas y sometidas a procesos judiciales en Colombia, y sacarlas de su ambito de acción. No solo se niega de hecho la información con ello, sino que se desaparece a las personas, pues si bien no hay una perdida de trazabilidad del destino que tiene el extraditado, si hay una clara invisibilización, para la acción de la justicia colombiana, y desde luego lo pone fuera de alcance para la sociedad y para las victimas de las acciones delincuenciales del sujeto en colombia. Es necesario aclarar que el sujeto de extradición tambien tiene familia y por tanto son otras victimas a las que se le violan los derechos humanos.

Eso es un acto de desaparición forzada tan sofisticada, que escapa a la definición de la Convención Interamericana y del Código Penal Colombiano, por lo tanto es atipica por faltar algun elemento, e impune por obvias razones, pero moral y eticamente reprochable como si fuera un delito de lesa humanidad.

Pero no es solo el hecho de la extradición como desaprición forzada el unico fenómeno, sino que tambien se cae en el campo del terrorismo por la "didactica" que se imparte a la sociedad con ello. Si la finalidad de la" extradición_desaparición" fue silenciar, evitar que se conozca la verdad de las graves violaciones de los derechos humanos, de las cuales fueron testigos de excepción, el mensaje que a continuacion se podria leer por parte de la sociedad  sería "callese o lo extradito" o tambien "callese o lo desaparezco y punto final".

MANIFIESTO POR LA RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA

(Un testamento para desarrollar en vida)

En Colombia existe un conflicto armado interno. Este conflicto debe terminar, por la vía de la negociación y los acuerdos de paz.

El reconocimiento del conflicto armado interno colombiano, el reconocimiento de sus víctimas, y la disposición activa para la búsqueda de soluciones coherentes, efectivas y sostenibles en el tiempo, así como los principios rectores que fundamenten la reconciliación nacional, deben ser de orden constitucional.

La reconciliación es coexistir aprendiendo a sanar las heridas y la paz será vivir sin generar heridas. La paz y la reconciliación no son sinónimas.

Los acuerdos de paz a los que lleguen los actores del conflicto armado colombiano, deben contener además de el reconocimiento de la voluntad de los actores armados de cesar definitivamente la agresión, la disposición clara y efectiva de todas las partes involucradas en el conflicto, activos o pasivos, de implementar a la mayor brevedad posible las políticas de Estado claras destinadas a atenuar las inequidades que dieron origen al conflicto y a comprometerse en forma clara y decidida a desarrollarlas.

El conflicto armado colombiano ha sido un conflicto transgeneracional y por tanto la reconciliación también será transgeneracional. Para ello se deben sentar las bases sólidas, claras y definitivas para el proyecto de la reconciliación nacional.

Cualquier solución que se adopte para el conflicto armado interno colombiano, debe fundamentarse en los principios universales de verdad integral; justicia en los términos de no impunidad para perpetradores, para autores intelectuales, para facilitadores, para financiadores, para apologistas; reparación integral a las víctimas tanto material como simbólica, (partiendo de la base de que la verdad es la mayor reparación); y debe complementarse con garantías de no repetición, que debe ofrecer el Estado colombiano a la Humanidad, implementando las políticas que impidan que el conflicto armado se recicle, o que los conflictos se escalen, y que permitan la búsqueda de la verdadera reconciliación nacional.

La justicia y la pena no deben convertirse en una venganza social y la pena debe tener plena función resocializadora.

La solución del conflicto dentro de cada colombiano pasa por aprender a reconocer al otro como un ser diferente, autónomo y legitimo, con iguales valores a los que se reconoce a sí mismo; para desarmar el espíritu, desaprender la violencia, aprender a construir, aprender a convivir y diseñar y desarrollar un proyecto de vida acorde con los valores universales y sus posibilidades reales y potencialidades.

La solución del conflicto por el estado colombiano pasa por reconocerlo, generar escenarios restaurativos, generar confianza, minimizar las inequidades, garantizar bienestar e igualdad de oportunidades y un cabal ejercicio democrático.

Cuando comience todo esto, habrá llegado el día en que Colombia ya no matará a sus hijos y los hará dignos de vivir.