lunes, 10 de diciembre de 2012

¿PAZ SIN RECONCILIACIÓN? (AJGF)




Un ejercicio de razonamiento sobre los ya casi incontables  procesos de paz que han tenido lugar en nuestra patria Colombiana, podría seguramente concluir, prima facie, que como cualquier otro proceso,  el de la Paz debe estar compuesto de partes, de fases, las unas requisitos de las otras.  Pasar del conflicto al posconflicto implica una serie de actividades que se desarrollan en una forma sistemática (o al menos así debería ser)  orientadas a construir el camino hacia la paz, o hacia el posconflicto, si se quiere llamar así.

No es posible entonces llegar a la paz en una forma anárquica, sin claridad en el desarrollo y ese ha sido el gran problema de los múltiples procesos que se han desplegado en Colombia durante su historia.

 Todos los esfuerzos para lograr la paz que se han realizado en Colombia han tenido características improvisadas que permitieron en su momento algún nivel de acierto fundamentado en la tímida  confianza de los conflictuantes en el estado colombiano, confianza ganada en el proceso de negociación y también en el desespero del  los colombianos por alcanzar la paz.

Se ha ensayado de todo; negociar dentro del conflicto, cesar las hostilidades,  zonas de distensión, despejes territoriales, campamentos de paz, zonas de ubicación, impunidad, inmunidad, desmovilizaciones colectivas e individuales,  amnistías, indultos, sometimientos, penas alternativas, formulas de justicia transicional, (también torturas, traiciones, incumplimientos, asesinatos, desapariciones, e incluso extradiciones) en fin, una multiplicidad de estrategias que no han sido conducentes al supremo interés nacional.

¿Por qué, después de muchas negociaciones, de haber sacado a decenas de miles de combatientes ilegales del conflicto armado,  no se ha logrado la paz?

Es claro que para solucionar un conflicto no hay formulas magistrales, y que cada proceso de acercamiento y de negociación requiere de un cierto nivel de improvisación, de repentismo,  de creatividad e ingenio, y desde luego de mucha audacia, toda vez que los múltiples intereses en juego los demandan para poder obtener una solución razonable para las partes. 

Nunca habrá una solución perfecta, que deje a todos tranquilos, por lo que también se requiere de capacidad de desprendimiento, y de lo que llaman los estudiosos en una forma coloquial “ponerse en los zapatos del otro”, entendiendo que el otro en estos casos no son los que están al otro lado en la mesa sino los civiles colombianos que sufren el inmisericorde conflicto que tratan de destrabar los negociadores.

 Esas formulas intentadas han tenido unas constantes, como por ejemplo, en todas se quiere pasar de un plumazo, del conflicto a la paz. No se ha tenido en cuenta que el conflicto es uno,  con múltiples y diversas manifestaciones contra el Estado o desde el Estado y lo que se negocia en cada caso es una de las manifestaciones de ese conflicto. También es una notoria constante, que  en todos los procesos se desconoce ese paso intermedio entre el conflicto y la paz, que  es la reconciliación. 

Se ha otorgado al acto de  la dejación de armas los efectos de la paz. Silenciar los fusiles se ha convertido en  el fin del conflicto y el comienzo del posconflicto.  En algunos pocos casos se ha intentado, procesos de “reinserción” o de  “reintegración” de excombatientes a la sociedad, incluso desconociendo a las victimas.

Para  mayor evidencia de este problema, como excepción que confirmaría la regla, se creó mediante la ley 975 de 2005, con bombos y platillos y extraordinariamente integrada por preclaros ciudadanos en su mayoría defensores de los derechos humanos, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR.  Cumplió sus funciones, con muchas dificultades pero en una forma ejemplar sobre la reparación a las victimas y avanzó en aspectos relacionados con la reconciliación, cuál era su fin, pero fue eliminada por la ley de víctimas y restitución de tierras, con la que prácticamente desapareció la reconciliación del panorama legislativo y funcional del Estado. Hoy se habla de reparación, se habla de restitución, pero no se esta haciendo nada sobre la reconciliación.

No es posible alcanzar la paz sin un proceso de Reconciliación Nacional efectivo. Tiene que darse entre victimas y victimarios y  debe ser ahora, entre vivos, hacer el acto colectivo permanente de razonamiento ideal del perdón. No se puede esperar a que ya no existan victimas y victimarios. No existe la reconciliación por sustracción de materia.   

Si el perdón no es posible, que en muchos casos no lo será, es preciso concluir que es necesario aprender a convivir, a coexistir, a  aceptar las diferencias con el otro, sin tener que suprimirlo, sin agredirlo.  Hay que aprender a vivir y dejar vivir. Que las victimas sean resilientes, que superen su tragedia sin olvidar y que los victimarios entiendan y acepten la nobleza del gesto de la mano que les ha sido tendida con toda la voluntad de convivir en humanidad.

La gran falla por la ausencia de la reconciliación en  todos los procesos anteriores ha sido notoria, no se ha promovido la reconciliación, y esa es una de las funciones que debe cumplir el Estado colombiano, en forma transversal, permanente e independientemente de los logros  y los acuerdos o desacuerdos de los procesos.

Pero el Estado Colombiano también debe participar en el proceso de reconciliación activamente y asumir su papel, bien como victimario, (que lo ha sido) o si no como responsable último del conflicto por la omisión en el cumplimiento de sus funciones esenciales de proteger la vida e integridad de sus ciudadanos  y la gran mayoría de sus deberes constitucionales.

Disponerse a la reconciliación, ofrecer su participación en ella y velar por que ocurra, debe ser el gran papel de la sociedad civil en los diálogos de paz.

/Por: ANTONIO J. GARCÍA FERNÁNDEZ 
publicado en el portal arcoiris.gov.co revista electrocnica de CNAI en diciembre 08 de 2012





viernes, 7 de diciembre de 2012

"EL ESTADO HA DE PEDIR PERDÒN" TRATANDO DE ENTENDER (13)

EL ESTADO HA DE PEDIR PERDÓN.


 CARTA DE LA HIJA DE JORGE ELIECER GAITÁN AL PRESIDENTE SANTOS, A TIMOCHENKO (FARC)  Y A GABINO (ELN)



Señor Presidente
JUAN MANUEL SANTOS
República de Colombia
Bogotá

Señor Comandante
RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRI (Timoleón Jiménez)
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP)
A.D.S

Copia:
Señor Comandante
NICOLAS RODRÍGUEZ BAUTISTA (Gabino)  
Ejército de Liberación Nacional (ELN)
A.D.S

Ref.: DIÁLOGOS DE PAZ: el Estado ha de pedir perdón  

Señor Presidente Santos, Señor Comandante Londoño Echeverri, He visto con preocupación la insistente afirmación por parte de diferentes sectores, tanto nacionales como internacionales, según la cual, como resultado de un posible acuerdo de paz, los comandantes de las FARC-EP deben ser judicializados negándoseles una amnistía integral. Se pretende así que, después de su potencial desmovilización, les sea vedado incorporarse de inmediato y plenamente a la vida política por vías legales y cívicas. A mi entender, de imponerse esa tesis, será imposible lograr un acuerdo de paz, ya que la guerrilla – pienso yo – no va a dejar las armas con las que ahora busca la toma del poder para lograr una transformación del actual sistema, a cambio de una pena de cárcel que le daría fin a su parábola de lucha. Como en derecho las cosas se deshacen como se hacen, pienso que en las mesas de diálogo el gobierno colombiano ha de reconocer que el conflicto que vivimos lo inició el Estado colombiano en 1946, [1] al haber desatado en aquel preciso momento el genocidio premeditado, sistemático y generalizado a las huestes gaitanistas, que avanzaban victoriosas hacia la conquista del poder bajo el liderazgo de mi padre Jorge Eliécer Gaitán. Tengo toda la documentación probatoria, original y extensa, que hace de ese genocidio al Movimiento Gaitanista un delito de lesa humanidad que está al origen del conflicto. Pongo a disposición del Gobierno Nacional, de las FARC-EP, del ELN y de los gobiernos que, como garantes, colaboran en el proceso, el siguiente material probatorio:

- 1º.- Los varios memoriales de agravios que, a partir de 1947, mi padre le envió al Presidente Ospina Pérez detallando los nombres de las víctimas a manos del Estado, con los lugares, las fechas y los delitos cometidos por las autoridades.

- 2º.- Las denuncias puntuales, con nombre de las víctimas, los lugares, las fechas y delitos cometidos por las autoridades, publicadas en el periódico Jornada, vocero del Movimiento Gaitanista, publicación que desapareció de la Biblioteca Nacional pero que, afortunadamente, mi familia conserva.

- 3º.- El archivo Gaitán, en el que mi familia guarda miles de cartas originales de denuncia, que a mi padre le enviaban sus partidarios indicando los nombres de las víctimas, los lugares, las fechas y el o los delitos cometidos por las autoridades.

- 4º.- Las pruebas de que el Jefe de la Policía de aquel entonces, el Coronel Virgilio Barco, contrató sicarios en la vereda de Chulavita para generar el conflicto; coronel cuyas fechorías también figuran en el expediente del asesinato de mi padre, desaparecido de los archivos oficiales, pero del cual mi familia conserva copia integral autenticada. Premeditadamente a esos sicarios los enviaban a las veredas y municipios liberales y, al grito de “Viva el Partido Conservador”, sacrificaban liberales indefensos. Luego, los mismos sujetos, viajaban a las veredas y municipios conservadores para, al grito de “Viva el Partido Liberal”, arremeter contra la vida y los bienes de inocentes ciudadanos conservadores. Mi padre recorrió el territorio nacional denunciando este maquiavélico montaje oficial, que buscaba encender la hoguera del odio entre compatriotas. En la colección del periódico Jornada, que mi familia guarda celosamente, se lee en el ejemplar del día 13 de abril de 1947: “Pueblo de todos los partidos: ¡os están engañando las oligarquías! Ellas crean deliberadamente el odio y el rencor a través de sus agentes, asesinando y persiguiendo a los humildes, mientras la sangre del pueblo les facilita la repartición de los beneficios económicos y políticos que genera tan monstruosa política”. No habla mi padre, como han pretendido quienes quieren responsabilizar al pueblo de la Violencia de la mitad del siglo XX, que se trató de una guerra partidista. ¡No! En todas sus intervenciones, que pongo a su disposición, insistirá en que es una violencia oficial, desatada en forma premeditada, sistemática y generalizada por el Estado colombiano.

- 5º.- La lectura analítica de la Oración por la Paz, pronunciada por mi padre el 7 de febrero de 1948 en una Plaza de Bolívar desbordada por la multitud, con gentes que llegaron de toda Colombia, no deja duda de que mi padre señala a las autoridades como culpables de la persecución y asesinato de sus seguidores. Nadie puede negar que, en esa intervención, mi padre sindica al Estado colombiano y al Gobierno presidido por Ospina Pérez, como responsables del derramamiento de sangre que, como bola de nieve, desembocó en el conflicto armado que hoy vivimos. Allí señaló con precisión, entre muchas otras acusaciones, lo siguiente: “Señor Presidente Mariano Ospina Pérez: os pedimos que cese la persecución de las autoridades, así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos una pequeña y grande cosa: que las luchas políticas se desarrollen por los cauces de la constitucionalidad”. - 5º.- Mi familia pone igualmente a disposición del Señor Presidente de la República y de los comandantes de las FARC-EP y del ELN, las centenares de horas de grabación en video y audio que hizo mi hija María Valencia Gaitán, recorriendo en toda su extensión el territorio nacional, donde multitud de víctimas atestiguan que, después del asesinato de mi padre, la persecución violenta contra ellos, por ser sus partidarios, arreció y fue entonces cuando el pueblo se vio obligado a internarse en el monte para salvar sus vidas, armándose inicialmente de machetes y pistolas de fisto, siendo ésta persecución oficial el germen de las futuras guerrillas.

- 6º.- Inicialmente se organizaron guerrillas liberales que, traicionadas por la dirección ahora oligárquica del Partido Liberal - que pactó la desmovilización de la guerrilla para luego asesinar a sus comandantes – hizo que algunos de ellos acudieran al apoyo del Partido Comunista, que les mostró un nuevo camino diferente al de los partidos tradicionales.

- 7º.- El doctor Jorge Leyva es testigo de mi reunión en Casa Verde con los máximos líderes históricos de las FARC-EP. Allí, el líder paradigmático de esa guerrilla, el Comandante Manuel Marulanda Vélez, me contó cómo, al origen de su lucha guerrillera, estuvo el haberse visto obligado, junto con su familia y siendo aún adolescente, a internarse en el monte para proteger su vida, porque sus familiares eran Gaitanista. Es asunto que no se exhibe frecuentemente, por el rechazo que se le tiene, y es comprensible, al hecho de haber tenido como origen político al partido liberal que, una vez asesinado mi padre, los traicionó.

- 8º.- De igual manera el máximo dirigente del ELN, el comandante Gabino, a quien estoy enviando copia de esta carta, me contó personalmente en el campamento del Coce, que sus orígenes guerrilleros se remontan a la época en que tuvo que huir al monte con su familia, que era Gaitanista, para salvarse de la persecución de las autoridades.

Pongo este cuantioso acervo documental al servicio de los diálogos de paz, a fin de que se reconozca que fue el Estado el que desató el conflicto que se prolonga hasta nuestros días, como detalladamente - con pruebas irrefutables al canto - puedo demostrarlo, a fin de que el Estado pida perdón por este genocidio que ha quedado en la impunidad y que a los comandantes guerrilleros se les otorgue una amnistía integral, por ser la guerrilla consecuencia de la violencia y no su origen.

Mi padre no creía que a él lo asesinarían en el marco de ese genocidio. Al respecto decía: “La oligarquía colombiana no me mata, porque sabe que, si lo hace, el país se vuelca y pasarán muchos años antes de que las aguas regresen a su nivel normal”. En 1998 traje a cuento esta frase de mi padre diciendo que, ya que en ese año se cumplían 50 años de su magnicidio, era tiempo de que las aguas regresaran a su nivel normal. Los periodistas mezclaron ambas frases y divulgaron una afirmación nunca hecha por mi padre, según la cual las aguas regresarían a su nivel normal pasados 50 años. Hoy, pasados 65 años, todos los colombianos esperamos que ese regreso a la normalidad pueda alcanzarse ahora. El Estado, mediante genocidio, rompió el normal proceso democrático. Será necesario que la opinión pública comprenda que el conflicto se inició cuando el Estado pretendió abortar el triunfo popular, que ya era inevitable, con la elección de mi padre como Presidente de Colombia para las siguientes elecciones presidenciales de 1950, lo que representaba la llegada del pueblo al poder.

Estoy dispuesta, en el momento en que me lo indiquen, a aportar el extenso material probatorio ofrecido, que desde hace años mi familia guarda sigilosamente por haber sido perseguido por el Estado para su destrucción, como puedo demostrarlo, pruebas al canto. Primero fue por acción del entonces Ministro de Educación Rodrigo Lloreda, que logró que un agente suyo incinerara la mitad del Archivo Gaitán. Luego, por conjura protagonizada por el propio doctor Andrés Pastrana, en ese entonces Presidente de la República, por sentirse afectado directamente con las pruebas sobre el genocidio que contiene dicho archivo, ya que su padre, el doctor Misael Pastrana, fungía entonces como Secretario Privado del Presidente Mariano Ospina Pérez, bajo cuyo gobierno se dio inicio al genocidio.

Por último, bajo la presidencia del doctor Álvaro Uribe, cuando las autoridades allanaron un depósito privado esperando encontrar el Archivo, logrando posteriormente confiscarme decenas de cartas que culpan al Estado del genocidio al Movimiento Gaitanista y que hoy están en manos del Ministerio de Educación.

La marcha victoriosa que adelantaba el pueblo en 1948, bajo la conducción de mi padre, debe retomarse por las vías cívicas en manos de los descendientes de los héroes que cayeron en aquella batalla por una Colombia equitativa y justa, proceso civilista que el Estado truncó y que generó, a la fuerza, el surgimiento de la lucha guerrillera. Es por ello que los comandantes guerrilleros no pueden ser judicializados, sino que deben ser acreedores a una amnistía general. Quedo, entonces, a la espera de cualquier manifestación que se me haga, por cualquiera de las partes, para aportar las pruebas relacionadas. 

Atentamente,


GLORIA GAITÁN JARAMILLO
c.c. 20’144.757 de Bogotá
Correo-e: gaitanjaramillogloria@yahoo.es
Bogotá, D.C.
COLOMBIA

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