domingo, 31 de mayo de 2015

"NADIE FIRMA UN ACUERDO DE PAZ PARA LUEGO IR A LA CARCEL" TRATANDO DE ENTENDER (43) DOCUMENTOS PERTINENTES.




Fuente: Revista Semana   www.semana.com 
NACIÓN | 2015/05/30 22:00

“Nadie firma un acuerdo de paz para luego ir a la cárcel”

Claudia Palacios entrevistó a Otto Morales Benítez antes de su muerte. Estas son sus impresiones sobre el proceso de paz.

“Nadie firma un acuerdo de paz para luego ir a la cárcel”
Foto: Daniel Reina Romero


Pocos meses antes de su muerte Otto Morales Benítez, quien hizo parte de dos procesos de paz, dio sus impresiones sobre los diálogos de La Habana. Este es el resumen de su última entrevista, un extenso diálogo que aparecerá en el libro de la periodista Claudia Palacios sobre perdón y reconciliación, que saldrá a fin de año.

Claudia Palacios: Leyendo la historia, parece que fue fácil lograr la paz en el gobierno de Alberto Lleras, comparándolo con el actual proceso.

Otto Morales Benítez: Era otro país. Re-cuerdo que había un general de nombre López Caicedo que iba por todo el país diciéndole a la gente a nombre del gobierno que ni el Ejército ni la Policía volverían a disparar contra la población. Como el principal problema era la tierra se formó una oficina de rehabilitación con diez abogados y diez economistas que con la Caja Agraria resolvían lo relacionado con la propiedad. Para solucionar el problema del desempleo se decidió que las obras de ingeniería se harían a pico y pala, no con maquinaria, para que los que dejaran las armas tuvieran trabajo.

C. P.: ¿Y la situación judicial de esos guerrilleros cómo se resolvió?

O. M. B.: Con amnistía, la de Lleras Camargo fue la ley más importante de todas. Antes de recibirla, los guerrilleros tenían que presentarse ante los jueces a demostrar qué hacían y probar que no habían vuelto a participar en ningún acto de violencia. Luego en el gobierno de Guillermo León Valencia, Álvaro Gómez boicoteó ese proceso de paz con el ataque a lo que él llamaba repúblicas independientes.

C. P.: Y luego vuelve a estar usted involucrado en la paz en el gobierno de Belisario Betancur… ¡20 años después!

O. M. B.: Acabé ahí, sin querer, nombrado por decreto. La historia es que en el gobierno de Turbay, el antecesor de Betancur, ya se había nombrado una comisión de paz, de la que nombraron presidente al expresidente Lleras Restrepo. Este se enferma, y le dice a Belisario que el que lo tiene que reemplazar soy yo. Yo le dije a Belisario que no, pero aun así sacó el decreto de mi nombramiento.

C. P.: O sea que le toca a regañadientes. ¿Y cómo se contacta con la guerrilla?

O. M. B.: Un día me monté en un taxi y el taxista me dijo que cómo era yo de bruto por haber aceptado la comisión de paz de Belisario. Y me dice que me tiene una carta de parte de Manuel Marulanda, pero que me la entrega más adelante. En la carta Marulanda dice que está muy complacido de que yo estuviera en la comisión y que le dijera cuándo nos podíamos ver. Le pregunté al taxista cuándo se iba a ver con Marulanda, me respondió que cuando yo dijera. Saqué una tarjeta de presentación mía y por la parte de atrás le puse: Marulanda, gracias por su carta, diga cuándo nos podemos ver y en dónde.

C. P.: ¿Y en cuánto tiempo volvió el taxista con la respuesta?

O. M. B.: Luego apareció otro señor en la oficina y me dijo que Marulanda mandaba a decir que si me podían recoger el sábado en mi casa a las ocho de la mañana, que yo ya sabría dónde iba a ser la entrevista. Que sacara tres días, uno para ir, otro para conversar y otro para regresar.

C. P.: ¿Y entonces arrancó rumbo a Neiva?

O. M. B.: Sí, en Neiva nos llevaron a un hotel y nos dijeron que nos recogían al otro día a las seis de la mañana. Al otro día nos fuimos por una carreterita mala hasta una casa campesina donde nos recibió una señora muy amable, nos ensillaron bestias y nos fuimos montaña arriba unas dos horas, con los otros de la comisión, John Agudelo Ríos, Alberto Rojas Puyo, Rafael Rivas Posada.

C. P.: Allá estaba Marulanda…

O. M. B.: Sí, y mucha gente, universitarios, profesores. Marulanda presidía todas las conversaciones, no hablaba mucho pero lo que decía era muy preciso. De pronto estábamos conversando y desapareció todo el mundo en menos de cinco minutos. Cuando volvieron a los diez minutos Marulanda me explicó que había pasado un avión que nos podía bombardear. Ese día firmamos el primer documento entre las Farc y el gobierno y quedamos en volvernos a reunir en Bogotá con delegados que él enviaría.

C. P.: ¿Con el ELN cómo fue el encuentro?

O. M. B.: La reunión con ellos fue en Bogotá, en un edificio en el norte. Fue una reunión azarosa porque ellos tenían ametralladoras y nosotros claro que no, pero fueron muy amables. No me acuerdo de sus nombres, pero en todo caso después de una larga discusión, al final, me dijeron que aceptaban que debían limitar su acción y apostar por la desaparición de la guerrilla y la incorporación a la vida civil.

C. P.: Faltaba entonces el contacto con el M-19…

O. M. B.: Llamé a Bateman y acordamos almorzar en un restaurante en el norte de Bogotá. En el almuerzo me dijo que lo que yo proponía era razonable, pero que él tenía que viajar al día siguiente a Santa Marta y luego a Panamá a conversar con tres personas que se oponían a la idea de un acuerdo de paz. Al cabo de unos días, al no tener noticias, empecé a preocuparme y le dije a Belisario, quien contactó a Noriega. Así fue que supimos que se habían matado. Sin embargo, Bateman ya había dado la orden de seguir adelante con el proceso de paz.

C. P.: ¿Y con esos avances, habiendo el Congreso aprobado ya la ley de amnistía, por qué renuncia a ser el presidente de la Comisión de Paz?

O. M. B.: Por los enemigos de la paz. Con la paz se mete todo el mundo, gente insignificante y gente importante. Yo tenía la sensación de que tenía que hacerse un proceso completo, global, pero había personas que querían parcelarlo y así no se podía manejar ese proceso. Me reemplazó John Agudelo Ríos que era partidario de la parcelación en cositas, a la cual yo me oponía.

C. P.: Ese proceso al final terminó exitosamente con el M-19 pero no con las Farc y el ELN, que siguen pendientes. ¿Cómo ve la posibilidad de reconciliación ahora?

O. M. B.: Si se llega a la paz, la gente va a entender cuál es su deber y los colombianos tendrán una buena conducta, porque hay una fatiga y la gente no ve que la solución sea la guerrilla. Antes había gente que creía que la guerrilla era una solución de los problemas sociales, hoy la gente ya no lo cree.

C. P.: Pero justamente por eso, en este proceso hay menos ambiente para que la gente acepte algo que se parezca a una amnistía…

O. M. B.: Tienen que buscar alguna fórmula. La amnistía no es más que dar un perdón para que quien ha delinquido se someta a las reglas. Lo único que es un hecho es que nadie firma un documento para que se lo lleven a la cárcel. Nadie, eso es imposible Claudia, eso es imposible.

C. P.: Eso no lo entiende el colombiano que ve en la guerrilla secuestradores, violadores, reclutadores de menores de edad y narcotraficantes…

O. M. B.: No, la gente entiende, la gente colombiana es muy inteligente.

C. P.: Lo que yo entiendo que entiende la mitad del país es que si se firma la paz este país se va a volver ‘castrochavista’…

O. M. B.: Los jefes políticos, con autoridad, tradición y conocimiento, deben explicarle a la gente las ventajas que trae firmar la paz. En Colombia todos los exguerrilleros que han salido a hacer política lo han hecho bien, se han acomodado a las normas democráticas. No se les ha entregado el control político sino la posibilidad de que consigan los votos, no han llegado a mandar por el solo hecho de haber sido guerrilleros.

C. P.: ¿Usted le cree a la guerrilla?

O. M. B.: Sí, ellos han cumplido excepto cuando los grandes políticos los han abandonado o cuando se les ha incumplido en el proceso de ayudarlos.

C. P.: ¿Pero en el Caguán cumplieron? Eso se volvió un sitio para llevar secuestrados…

O. M. B.: Recuerde que antes tenían hasta oficina en Suecia, con periódico para informar a toda Europa. La historia ha sido injusta con Pastrana. Nadie le ha reconocido que por cuenta del Caguán los países extranjeros aceptaron por primera vez que había terrorismo en Colombia; se acabó el manejo de dinero de la guerrilla y del narcotráfico en los bancos extranjeros y se acabó la influencia de los guerrilleros en Europa.

C. P.: ¿Fue un error de Pastrana acabar el proceso cuando secuestraron a Géchem haciendo aterrizar el avión en una carretera?

O. M. B.: No, yo creo que no, porque fue una demostración de violencia superior, eso de secuestrar un avión es como complicado, hay momentos en que uno como gobierno tiene que tomar medidas que a veces son impopulares.

C. P.: ¿Y este actual proceso sí va a terminar en la firma de la paz?

O. M. B.: Yo creo que este sí va a terminar en la firma de paz, creo que hay muy buenas perspectivas y creo que se está creando un ambiente en el pueblo bastante favorable.

sábado, 23 de mayo de 2015

MANUEL QUINTIN LAME (BIOGRAFIA), TRATANDO DE ENTENDER (42) DOCUMENTOS PERTINENTES



Manuel Quintín Lame 



Ficha Bibliográfica


Título: Lame, Manuel Quintín






Fuente de catalogación : CO-BoBLA


Líder indígena caucano, (El Borbollón, Hacienda La Polindara, cercanías de Popayán, octubre 26 de 1880 Ortega, Tolima, octubre 7 de 1967). Manuel Quintín o juan Quintín Lame, como aparece en su partida de bautismo del 12 de diciembre de 1880, de la parroquia de San Miguel Arcángel de Puracé, fue un indio que asumió la defensa de su gente, en una sociedad en la cual la palabra indio ha sido insultante. Su padre, Mariano Lame, descendiente de indígenas del pueblo paez, y su madre Dolores Chantre, cuyos ancestros estaban radicados en la región desde tiempo inmemorial, vivían con sus seis hijos en un pequeño fundo que ocupaban en calidad de terrazgueros en la Hacienda La Polindara [mediante la terrazguería, práctica común en el Cauca, el indígena adquiría la obligación de pagar con días de trabajo no remunerado, el derecho a sembrar una parcela en tierras que se consideraban propiedad de una hacienda].


En ese fundo o "encierro", Manuel Quintín, como se hizo conocer él mismo, al igual que sus dos hermanos (y que muchos otros niños campesinos de Colombia), fue testigo de las "heroicas" acciones de los guerreros republicanos. Durante la guerra civil de 1885, luego de que las tropas gubernamentales derrotaron al ejército rebelde en Silvia (Cauca), llegaron a la casa de los Lame tres hombres armados que violaron a Licenia, su hermana muda. Ella murió cinco años después, cuando Manuel Quintín empezó a ayudar a sus hermanos mayores en las faenas agrícolas. Fue precisamente desde su velorio, cuando Lame empezó a frecuentar el rancho de Leonardo Chantre, su tío materno, quien viejo, solo y cojo, acostumbraba a leer periódicos viejos durante sus descansos.


A él y a sus hermanos, el anciano les narraba historias de duendes, de brujas, las cosas que sucedían en Popayán y les leía fragmentos de las noticias que aparecían en sus periódicos. La lectura atrajo el interés de Lame, quien solicitó a su padre lo matriculara en la escuela. Como respuesta, su progenitor le puso al frente un hacha, una hoz, una pala y un güinche y le dijo que esa era la verdadera escuela del indio. El muchacho optó por esforzarse y aprender con su tío los rudimentos de la lectura y la escritura, utilizando la tierra, las paredes y las hojas de palmicha para su deletreos. También por esta época, Lame fue escogido como "paje" por el patrón de La Polindara. A cambio, su trabajo fue descontado del terraje que debía pagar su padre, quien, con el tiempo libre que le quedó, pudo sembrar un papal y con sus frutos comprar varias ovejas y una vaca parida.


Unos años después, en 1894, los terrenos de El Borbollón fueron vendidos al dueño de la hacienda de San Isidro, en una transacción que incluyó a los terrazgueros. El nuevo patrón redujo el tiempo de trabajo de Mariano Lame de cuatro a dos días semanales, y lo autorizó para que cultivara trigo en una huerta que lindaba con su encierro. La producción de la huerta, que pudo atender gracias a la rebaja de su terraje, le permitió obtener los recursos necesarios para cumplir su vieja aspiración de comprar Pichinguará, un lote de 80 fanegadas, a dos leguas del Borbollón. Aquí, al igual que cuando Manuel Quintín trabajó como paje, quedaba en claro cuánto representaba para el indio, en términos de bienestar y de capacidad de acumulación económica, el tiempo que debía trabajar para el hacendado, a cambio de tener acceso a un pequeño "encierro".


A partir de esa época mejoraron significativamente las condiciones económicas de Mariano Lame, quien ahora distribuía su tiempo y el de sus hijos entre el terraje, el cultivo de Pichinguará y el negocio de compraventa de vacunos y caballares que allí había establecido. Manuel Quintín, entre tanto, se hizo cada vez más fuerte y con el tiempo adquirió fama de licencioso, debido a su afición por las mujeres. Su fama terminó beneficiando a los curas, ya que en 1899 Mariano Lame terminó costeando las fiestas religiosas que se hicieron cuando las misiones visitaron el sur del país. Con ello el padre trató de atenuar las continuas recriminaciones de los religiosos por el comportamiento díscolo de su hijo. Este problema se vio bruscamente interrumpido cuando en noviembre de 1899 Manuel Quintín y dos de sus hermanos fueron atacados por un grupo de liberales que buscaban atemorizar a la familia Lame, conocida por su apoyo al gobierno.


Manuel Quintín y Gregorio Nacianceno lograron huir, pero a Feliciano, el otro hermano, lo mutilaron a machetazos y murió poco después. Posiblemente esta experiencia lo predispuso a ingresar a las filas del ejército gubernamental, en enero de 1901, cuando los indios solteros que asistían a una fiesta de inauguración de la capilla de San Isidro, fueron rodeados por una patrulla que buscaba enrolar soldados. Por esa época Lame ya sostenía relaciones estables con Benilda León, con quien se casaría poco después, haciendo uso de una licencia. Durante su estadía en el ejército, viajó a Panamá como ordenanza del general Carlos Albán, de quien recibió lecciones de lectura, escritura y nociones de historia. Su estadía en Panamá fue relativamente corta, ya que a mediados del año tuvo que ser trasladado nuevamente a Popayán, debido a problemas de salud.


La vinculación de Manuel Quintín Lame al ejército se prolongó hasta 1903, cuando concluyó la guerra de los Mil Días. Pidió entonces al dueño del Borbollón le diera un "encierro" al lado del de su padre, en el que se instaló con Benilda y con su pequeña hija Lucinda. A cambio debía trabajar dos días semanales en la hacienda. Durante los años siguientes, Lame se dedicó a las faenas agrícolas, que fueron relativamente prósperas, hasta la muerte de su esposa a finales de 1906. Después de ese golpe empezó a sentirse insatisfecho y a desear adquirir las tierras en las que vivía, desentendiéndose así del pago del terraje. Propuso entonces la compra de las tierras al dueño de la hacienda, quien rechazó de plano la oferta. A partir de entonces, su insatisfacción se empezó a manifestar en forma encubierta. Se volvió descuidado en su trabajo, bebedor y mujeriego.


Sin embargo, alrededor de 1911, se casó con Pioquinta León. Su segundo matrimonio coincidió con la desmembración del Cauca Grande, que forzó a los empresarios payaneses a buscar nuevos ingresos en la ganadería, utilizando las tierras de la cordillera Central. La reorientación de la economía tuvo como resultado la valorización de las tierras y llevó a los hacendados a imponer restricciones a sus terrazgueros, consistentes en la reducción de sus "encierros", la prohibición para sembrar rozas en montes apartados de éstos y la obligación de colocar cercas. Tales medidas que significaron una importante reducción de los ingresos de los indígenas, indujeron a Lame a consultar a un abogado en Popayán, quien le confirmó que los títulos de propiedad del dueño de la hacienda eran válidos y que no cabía ninguna acción legal contra él.


A pesár del concepto del abogado, Lame decidió estudiar el asunto por su cuenta y adquirió el Código Civil, así como un libro titulado El abogado en casa, textos ambos cuyo estudio y uso posterior le permitieron asumir directamente la defensa de los derechos de los indígenas. También buscó que el patrón le redujera el tiempo de terraje para reunir ciertos ahorros y adquirir tierra propia; sin embargo, su solicitud fue rechazada tajantemente. Empezaron entonces a germinar sus ideas sobre el derecho del indio a la posesión de la tierra de sus ancestros. Al exponerlas ante su padre, éste le asignó una porción de tierra en Pichinguará, que había cambiado de nombre para llamarse San Alfonso. La oferta no fue suficiente.


Manuel Quintín empezó a divulgar sus ideas de casa en casa, primero entre el círculo de parientes y amigos y luego a los terrazgueros de las haciendas circunvecinas. En un principio fue escuchado con recelo, pero poco a poco sus actividades en defensa de los indios le fueron ganando ascendiente entre ellos. Lame se había dedicado a enfrentar las injusticias de mayordomos y vaqueros, presentando sus denuncias ante los alcaldes e inspectores, basándose en los conocimientos adquiridos en los libros de leyes. Para el desarrollo de tales actividades obtuvo la colaboración de jacinto Calambás, de la parcialidad de Coconuco, quien actuó como su secretario. Luego el cabildo de la parcialidad de San Isidro lo nombró jefe, representante y defensor general, hecho que muestra el respaldo que obtenía entre su gente. Por esa época dejó de descontar terraje, a pesar de las advertencias del mayordomo.


Se presentó entonces ante el patrón, a quien le habló de las leyes que impedían el desalojo del "encierro", donde estaban los cultivos que él había plantado, y le explicó sus ideas sobre el derecho ancestral del indio a la tierra. Para contrarrestar la influencia que iba tomando Lame, los hacendados emprendieron campañas para desprestigiarlo. Entre tanto, él continuó sus labores de adoctrinamiento, en contra de la obligación del indio al pago de terraje. Nuevos indios se fueron sumando a su equipo de secretarios, y entre 1915 y 1917 se incorporaron indios de otras comarcas, como Tierradentro y Silvia, en el Cauca. Los indios comenzaron a negarse a pagar terraje y algunos fueron detenidos.


De otra parte, los mayordomos empezaron a ser amenazados e incluso golpeados. El temor de los hacendados aumentó a raíz de la toma pacífica de la población de Paniquitá, en 1914. Allí los indios entraron en medio de chirimías y cohetones, y se agolparon a escuchar el discurso de Manuel Quintín Lame, quien les señaló que las palabras del Himno Nacional eran una mentira, al igual que la independencia, porque a los indios no les habían devuelto sus tierras. Luego, a la orden del líder, los indios se marcharon de la población antes de que llegara la policía. Se adelantaron entonces gestiones para enfrentar a los indios entre sí, lo que creó un bando "antiquintinista", y tuvieron lugar enfrentamientos entre los indios.


Ese año Lame se trasladó a Tierradentro, atendiendo una llamada de los indígenas paeces, quienes luchaban contra la invasión de las tierras de sus resguardos por parte de extraños radicados en Inzá. Decidió entonces ir a Bogotá a exponer la posición de los indios y, de paso, visitó varias comunidades indígenas del Tolima, que también tenían problemas de tierras. En agosto de 1914 ya estaba en la capital, donde se entrevistó con Marco Fidel Suárez, en ese momento ministro de Relaciones Exteriores, y con el ministro de Guerra. Por iniciativa del primero de ellos se le facilitó el acceso al Archivo Nacional; allí estudió las cédulas reales de los resguardos, a las cuales se remitiría en futuros escritos. También presentó ante el Congreso las denuncias formuladas por las comunidades paeces de Tierradentro.


A su regreso de la capital, a fines de 1914, se reunió con los cabildos de las comunidades indígenas de Tolima, Huila, Tierradentro, Cauca y Valle, con la idea de llevar a cabo un levantamiento general, que se planeó para el 14 de febrero de 1915. La idea de este levantamiento era la de formar una "República Chiquita" de indios, que operara al margen dé la de los blancos. Los indios debían alzarse y apoderarse de las fincas para distribuir las tierras equitativamente. Conocido el plan por las autoridades, Lame fue capturado el 22 de enero de 1915, en el pueblo de Coetando, en Belalcázar, y trasladado a Popayán, ciudad en la cual estuvo preso durante nueve meses.


Después de su reclusión aparentó entregarse a las faenas agrícolas, pero mantuvo sus actividades políticas. De esta forma logró desorientar a las autoridades que lo vigilaban y neutralizar los continuos rumores sobre la continuación de sus actividades proselitistas. Llegó a ser detenido en algunas poblaciones del Cauca, a las que se desplazó por distintos motivos, pero estas detenciones dieron pie para que Lame se quejara de las persecuciones de que era objeto, las cuales, a su vez, no eran infundadas. Los hacendados presionaban a las autoridades para que detuvieran al indio, a pesar de que no existían cargos que permitieran hacerlo en el marco de la ley. Sin embargo, el asalto del estanco de Silvia (Cauca) perpetrado por los indios, y las declaraciones de dos de los participantes sobre un proyecto para atacar pueblos y haciendas de la cordillera, dio base para que se ordenara su detención.


Pero cuando la orden de captura se fue a hacer efectiva, Lame desapareció. Se dedicó entonces a recorrer los pueblos, veredas y resguardos de la cordillera y a organizar su "gobierno chiquito" entre los indígenas del Cauca, Valle, Huila, Tolima y aun Nariño. Para entonces sus demandas no se limitaban a la supresión del pago del terraje, sino que buscaban que los indios tuvieran representación en el Congreso Nacional, para que pudieran expedir leyes que les fueran favorables. En junio de 1916 1as actividades políticas de Manuel Quintín Lame se suspendieron a raíz de su detención en San Isidro. De allí fue remitido a Popayán, a pesar de los esfuerzos de los indios de la región por liberarlo. En esta oportunidad su encarcelamiento dio lugar al desarrollo de debates periodísticos en Popayán, en los cuales la oposición al gobierno del presidente José Vicente Concha (1914-1918) se burlaba del Ejecutivo por considerar a Lame como un peligro para su estabilidad.


Al mismo tiempo, en la región crecía el temor por las posibles reacciones de los indios. La libertad incondicional de Manuel Quintín Lame, ordenada por el juez en septiembre de ese año, no hizo sino encender el debate, debido al temor que inspiraba Lame en ciertos sectores. Una vez libre, Lame lanzó su consigna sobre la reconquista de Tierradentro y emplazó al alcalde de Belalcázar para que desocupara la población, lo cual dio lugar a un enfrentamiento entre los dos dirigentes, en el cual Lame resultó herido. A pesar de esta derrota, en noviembre de 1916 dirigió a los indígenas que se encaminaron a Inzá, donde fueron repelidos por las autoridades y por los indígenas que se le oponían, encabezados por Pío Collo. El enfrentamiento, en el que las fuerzas de Lame fueron repelidas, dejó un saldo de seis muertos, catorce heridos y varios indígenas paeces detenidos.


Lame continuó entonces sus operaciones dentro de la clandestinidad. Después de encabezar algunos asaltos a fincas para abastecer a sus seguidores, se dirigió a Puerto Asís, de donde regresó a raíz de la muerte de su esposa Pioquinta. Después, en abril de 1917, encabezó un asalto a la hacienda San Isidro, que, al parecer, tuvo por objeto concentrar la atención de las autoridades en ese lugar, y huir hacia Cajibío. Para esa época, próxima a las elecciones, los liberales buscaron el apoyo de Lame, cuyos seguidores, sólo en el Cauca, ascendían a 50 000 indios. Lame optó por apoyarlos, sin embargo, uno de los miembros de la comisión liberal encargada de dialogar con el dirigente, lo entregó a las autoridades a cambio de 400 pesos. Se organizó entonces una emboscada, que logró sus objetivos a principios de mayo de 1917. Lame no sólo fue detenido, sino golpeado brutalmente y conducido de nuevo a Popayán.


Esta vez la detención del dirigente fue larga y penosa. Tuvo que esperar cuatro años para que se llevara a cabo la audiencia pública para juzgarlo y, en la prisión, se le dio un trato que minó su salud, tal como lo denunció el propio Lame en carta dirigida al fiscal del juzgado, el 3 de octubre de 1918. En el juicio, que se realizó en abril de 1921, Lame asumió su defensa. Habló durante quince días consecutivos y, finalmente, el jurado de conciencia lo declaró culpable por los delitos de hurto, asonada, fuerza y violencia, y fue condenado a cumplir cuatro años y unos meses de prisión. Al computársele el tiempo corrido desde su detención, fue dejado en libertad el 23 de agosto de 1921. Entretanto, el encarcelamiento del líder había obligado a los indios a replegarse, al tiempo que se adoptaban medidas que iban contra su unidad. En 1920 se extinguieron varios resguardos del Tolima, que fueron parcelados y absorbidos por hacendados y dirigentes indios deseosos de ampliar sus terrenos.


Varias comunidades indígenas formaron el Supremo Consejo de Indios, bajo la dirección de José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timoté, para defender los derechos y propiedades de los indígenas. A1 salir Manuel Quintín Lame de prisión, fue llamado al Tolima para unirse al movimiento. Luego de pasar por Ortega, decidió volver a Bogotá a presentar sus quejas ante los "altos poderes". A principios de 1922 estaba en la capital, explicando los daños que sufrían los indígenas como consecuencia de la parcelación de los resguardos. Posteriormente, sin obtener ningún resultado concreto, regresó al Tolima y luego se dirigió al Huila, departamento en el que también había fuertes presiones para parcelar los resguardos indígenas. En marzo de 1922, en San Roque de Caguán, en el Huila, las autoridades atacaron a los indígenas cuando celebraban una minga o reunión a la que asistiría Lame.


En el choque resultaron muertos tres indígenas y otros más heridos, y Lame tuvo que huir nuevamente. Mientras tanto, el dirigente se defendía mediante memoriales enviados a las autoridades para demostrar que no era responsable de la masacre. Paralelamente trataba de dar solución a los problemas que vivían los indígenas de Ortega y Chaparral, cuyos resguardos habían sido parcelados. En un incidente que se produjo durante una minga que se hizo para levantar las primeras viviendas en Llano Grande y fundar el pueblo de San José de Indias, tuvo un intercambio de insultos con un vecino y terminó en la cárcel del Guamo. Esta vez su prisión fue corta y salió libre a fines de julio de 1922. En julio de 1924 se encontraba nuevamente en Bogotá, presentando sus quejas ante el gobierno. Luego retornó al recién fundado pueblo de San José de Indias, para dirigir su organización. Durante esta época alternó las gestiones judiciales en defensa de los indígenas, con la redacción de su libro El pensamiento del indio que se educó en las selvas colombianas, publicado bajo el título En defensa de mi raza (1971), que recoge su pensamiento y experiencias. 


Poco después se produjo su rompimiento con José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timoté, a raíz de la decisión de éstos de vincularse al partido comunista, en 1930. Lame, profundamente católico, nunca simpatizó con los postulados "ateos" de los comunistas. En 1931 fue nuevamente encarcelado, cuando la violencia política llegó hasta San José de Indias. En esa oportunidad fueron masacrados 17 indios del lugar, mientras otros 37 quedaron heridos. Manuel Quintín Lame fue conducido a la cárcel de Ortega, donde fue sometido a torturas y malos tratos durante los dos años de su permanencia en prisión. Al salir pudo apreciar de cerca los estragos de la violencia y el estado de postración en que había sumido a las comunidades indias. Siguió entonces su labor de defensa de los derechos indígenas por la vía legal, hasta que en 1938 pareció coronar el éxito, al decretar el gobierno la restitución de los resguardos de Ortega y Chaparral.


Sin embargo, se trató de una ilusión pasajera. En 1939 las autoridades municipales, incitadas por los hacendados, se negaron a reconocer la reintegración de los resguardos y, además, gravaron las propiedades indígenas con el impuesto catastral. Una vez más Manuel Quintín Lame presentó sus quejas ante las autoridades municipales y departamentales, sin obtener ningún resultado. Luego se dirigió a Bogotá, donde llegó a fines de 1942. Poco logró el dirigente en la capital, más allá de una conferencia que organizó el Instituto Etnológico Nacional para que expusiera sus planteamientos. Regresó a Ortega y desde allí continuó dirigiendo sus memoriales a las distintas autoridades, hasta poco antes de su muerte. Aunque la lucha por el respeto de los derechos indígenas en que se comprometió este líder no ha concluido, su proyecto sobre la representación de los pueblos indios en el Congreso es ya un hecho y cada día encuentran mayor aceptación los esfuerzos de los indígenas por conservar y mantener su identidad cultural.


MARTA HERRERA ÁNGEL Movimiento Lamista Hijo de terrazgueros, y terrazguero él mismo, Manuel Quintín Lame inició una campaña que buscaba eliminar la terrazguería; sin embargo, ésta no desapareció sino hasta finales de la década de los años setenta, bajo la presión del Comité Regional Indígena del Cauca (CRIC). Lame comenzó por investigar los títulos coloniales de las tierras de indios, concentrando su interés en los problemas de los resguardos, donde encontró gran acogida. Nombrado por los indígenas del Cauca, Defensor General de los indios, demandó ante el gobierno y la sociedad colombiana la expedición de una ley que ordenase la devolución de las tierras perdidas. Su influjo se extendió entre los resguardos más remotos del Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Huila y Tolima; y su figura comenzó a aparecer rodeada de un halo de leyendas.


Desde las primeras décadas del presente siglo, el Movimiento Lamista se enfrentó a la aparición sucesiva de leyes que ordenaban la disolución de los resguardos de indios. De allí que el reconocimiento y aplicación de la ley 89 de 1890, que protegía los intereses de los indígenas, se convirtiera en bandera esgrimida por Lame a lo largo de su vida. Buscó la reivindicación de otros derechos que sólo fue posible ver consagrados en la Constitución de 1991, a saber: posesión de sus territorios, conservación de la cultura, educación, participación en las Cámaras Legislativas y derecho a ejercer su propio gobierno. Sus planteamientos, de hondo carácter indigenista, lo llevaron a proponer la creación de una República Chiquita de Indios, que pudiera enfrentar a la República Grande de Blancos. Del mismo modo, rechazó la ayuda proveniente de los blancos y de distintas organizaciones que intentaron acercarse a su movimiento; nunca aceptó el ofrecimiento de abogados que quisieron representarlo en los incontables juicios en los que prefirió asumir su defensa.


En la búsqueda de soluciones a los problemas de los indios, Lame extendió su acción política desde la presentación de respetuosos memoriales y demandas ante las autoridades competentes, hasta visitas a altos funcionarios del gobierno central e informes al Congreso de la República, en los que expuso la crítica situación de los habitantes de los resguardos. Bajo su orientación, surgieron tomas de poblaciones "blancas" o asentamientos urbanos formados sobre antiguos territorios de resguardos, como Inzá y Belalcázar en el Cauca. Su movimiento, dentro del cual sobresalió el indígena Rosalino Yajimbo, protagonizó repetidos intentos de levantamientos armados manteniendo la región caucana en estado de alerta. Su vocación autodidacta y el continuo ejercicio legal, convirtieron a Manuel Quintín Lame en gran conocedor de códigos y leyes que le permitieron adelantar numerosos litigios. Cerca de la población de Ortega, en San José de Indias, fundó dos escuelas y un pequeño centro administrativo donde atendía los reclamos de los indígenas.


Así, el Movimiento Lamista se fue fortaleciendo en el sur tolimense, y vio surgir dentro de sus filas a otros líderes como José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timoté. Todos ellos se vieron envueltos en hechos que anunciaban la aparición posterior de una época de violencia que sacudió al país y que tuvo fuerte expresión en esa región del Tolima. Luego de afrontar reiterados episodios de violencia, como el asalto y destrucción de San José de Indias, períodos de cárcel, y el debilitamiento de su movimiento, Manuel Quintín Lame se vio obligado a establecerse en la población de Ortega, donde prosiguió su labor en defensa de los resguardos y de los indígenas que permanecieron fieles a sus orientaciones. Ni la violencia, ni la pobreza, ni la cárcel, ni el soborno o la enfermedad, lograron doblegar al infatigable Lame, quien logró ver reconocida la ley 89 de 1890 como rectora de la vida de las comunidades indígenas, y el restablecimiento, aunque sólo nominal, de la Gran Comunidad de Ortega-Chaparral, dos de los principales objetivos de su vida. El difícil curso de su existencia, entregada al servicio de los suyos, su pensamiento y en general su acción política han convertido a Manuel Quintín Lame en el líder indígena más importante del siglo xx en Colombia.


PIEDAD TELLO
Bibliografía


CASTRILLÓN ARBOLEDA, DIEGO. El Indio Quintín Lame. Bogotá, Tercer Mundo, 1971. LAME CHANTRE, MANUEL QUINTÍN. Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas [1939]. Bogotá, Funcol, s.f. LAME, MANUEL QUINTÍN. Las luchas del indio que bajó de la montaña al valle de la "civilización". Selección y notas, Gonzalo Castillo Cárdenas. Bogotá, Rosca de Investigación y Acción Social, 1973. TELLO, PIEDAD L. "Vida y lucha de Manuel Quintín Lame". Tesis de Grado, Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, Bogotá, 1983.


Esta biografía fue tomada de la Gran Enciclopedia de Colombia del Círculo de Lectores, tomo de biografías.

miércoles, 6 de mayo de 2015

LA GUERRILLA LIBERAL. TRATANDO DE ENTENDER (41) DOCUMENTOS PERTINENTES


La guerrilla liberal

Por: Gómez Martínez, Eugenio





LA GUERRILLA LIBERAL
Por Eugenio Gómez Martínez
Tomado de:
Revista Credencial Historia. 
(Bogotá - Colombia).
Edición 202

Octubre de 2006
La fotografía del general Alfredo Duarte Blum entendiéndose con el jefe guerrillero Guadalupe Salcedo, puede ser una de las más reproducidas de la historia contemporánea de Colombia. El primero era uno de los oficiales de confianza de Gustavo Rojas Pinilla, quien hacía no mucho tiempo, había accedido a la Presidencia de la República. El segundo mantuvo en jaque a las fuerzas militares en la región de los Llanos Orientales, hasta el punto de que algunos oficiales manifestaban que preferían ir a pelear a Corea, escenario en el que se había comprometido Colombia por obra de los gobiernos conservadores. La razón de ser de esta rara preferencia nos la explicaba el coronel Arturo España, que había estado en las dos guerras: “Nos encontrábamos preparados para una confrontación de tipo convencional, pero no para hacer frente a emboscadas y otro tipo de acciones llevados a cabo por pequeños y ágiles grupos de hombres armados que conocían el terreno como la palma de su mano”.
Razones de la entrega
El jefe rebelde, llevado al teatro en la obra Guadalupe AñosSincuenta, protagonizó acciones destacadas como la toma de Orocué y el asalto a la base aérea de Palanquero. Desmovilizado, fue asesinado (1957) durante el gobierno de la Junta Militar (1957-1958) que sucedió al régimen presidido por Rojas Pinilla (1953 a 1957). Incógnitas e hipótesis, como de costumbre, son las que hay acerca de ese asesinato.
El porqué Salcedo y otros subversivos se entregaron hay que hallarlo en las promesas que recibieron del gobierno; las amenazas de ser arrasados si seguían combatiendo; el bloqueo que afrontaban; la limitación de armas, drogas y vestuario en que se encontraban a mediados de 1953; la dificultad en coordinarse de los diferentes frentes; la situación de miseria que los golpeaba más y más; y el abandono al que llegaron por parte de los directorios políticos que antes estaban con ellos desde las urbes, según las versiones de algunos historiadores. Junto a Salcedo se entregaron otros jefes guerrilleros: Dumar Aljure, Eduardo Fonseca, Carlos Perdomo y Jorge González. Algo parecido sucedió en escenarios distintos a los Llanos: en el Tolima, en Santander y en Antioquia.
En este escenario el Jefe Supremo, como llamaban al General Presidente, se apartó de los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez (1946- 1953), que llamaban a los llaneros alzados en armas “bandoleros” (“delincuentes comunes que actuaban movidos por odios y pasiones para satisfacer sus deseos personales”), porque los denominó “guerrilleros”, es decir, delincuentes políticos.


El por qué de la lucha
Hay una extensa literatura acerca del porqué de la lucha guerrillera. Estudiosos de ella, como el profesor Gerardo Molina, aseguran que fue “un caso de legítima defensa”. Para uno de los jefes sublevados, Eduardo Franco Isaza, se trataba de seguir la huella de los “grandes caudillos populares”, como Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliécer Gaitán o, como escribe en su obra Las guerrillas del llano: para “hacer una revolución” a nombre del Partido Liberal porque “los godos” estaban empeñados en “barrer de Colombia con todo un principio de organización y progreso de las masas”.
Con guerrillas o sin ellas, esta dolorosa etapa de la historia nacional pasó a ser llamada la Violencia, como si no hubieran seguido otras, y se sitúa entre el año de 1946, que es cuando triunfa el Partido Conservador contra el liberalismo dividido, y 1958, cuando ya el Frente Nacional había remplazado la gestión castrense (no faltan historiadores que la hacen concluir en 1953, año en que Rojas Pinilla llegó al poder). Durante esta página de “historia horripilante”, como escribe el colombianólogo estadounidense David Bushnell, murieron entre 100 y 200 mil personas. Colombia había conocido gobiernos reformistas como el de Alfonso López Pumarejo, al que se opusieron importantes sectores políticos, sobre todo el dirigido por el jefe conservador Laureano Gómez. Con la llegada a la Presidencia de Mariano Ospina Pérez y su gobierno de Unión Nacional, creyó haberse encontrado un entendimiento entre los partidos tradicionales, pero no fue así porque dicha Unión pronto terminó y el caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán se quejó de la persecución oficial, poco antes de ser ultimado en el centro de Bogotá, lo que provocó, a su vez, una violenta revuelta. La represión oficial se hizo de forma demasiado severa debido a que el gobierno empleó la fuerza no sólo recobrar el orden público, sino también para acabar con las bases sociales que tenía el liberalismo. Entre los liberales, quienes no perecieron en la represión, huyeron a la vecina Venezuela o se organizaron en forma de guerrillas. Otro tanto hicieron los comunistas, también perseguidos a muerte.


Significado de la subversión
Para los conservadores, al menos los laureanistas, el significado de esa violencia estaba en el deterioro moral y el ingreso al país de ideas disociadoras, como el marxismo. Para los liberales y la izquierda, las esperanzas de cambio social habían tenido la misma suerte que el Caudillo inmolado. Para quienes tomaron las armas en los campos, alentados inicialmente por la Dirección Liberal, la razón de ser de su lucha estaba en la rabia y frustración de lo acontecido, una vez que Ospina y luego Gómez, retomaron con fiereza la conducción nacional, después de sometidos los últimos residuos de la revuelta “nueveabrileña”.
De su parte, la Dirección Liberal adujo que el gobierno de Ospina se había vuelto ilegítimo, porque el mandatario clausuró el Congreso Nacional de mayoría contraria, en 1949. La razón de la clausura, según el vocabulario oficial, estaba en que el legislativo le había declarado la guerra civil al Presidente por su intento de anticipar las elecciones presidenciales y por los hechos violentos que tuvieron como escenario al mismo recinto congresional. De todas maneras, las elecciones presidenciales se efectuaron en junio de ese año, sin que el partido conservador tuviera contrincante, por el retiro de la candidatura de Darío Echandía, amenazado de muerte. El “ganador” sin rival tuvo que ser, nadie más y nadie menos, que el radical Laureano Gómez.
La corta gestión de quien fue el mayor adalid de la derecha (se incapacitó para seguir gobernando por razones de salud y luego fue derrocado) significó una violencia todavía mayor puesto que él interpretaba la problemática nacional como un complot que, según su dialéctica, era en parte liberal y en parte comunista, desdeñando el componente social. En efecto, Gómez encarnaba la reacción autoritaria y clerical, ésa que pretendió darle al conservatismo un poder hegemónico, que se ensañó contra los liberales, pero también contra los protestantes y los masones; la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia, si se enunciaban, eran condenadas. El Designado a la Presidencia, quien se hizo cargo de la primera magistratura, Roberto Urdaneta Arbeláez, continuó con los métodos del titular.
Más aún, el presidente Gómez, lejos de buscar el entendimiento, trató de legitimar su presencia en el poder mediante una Constitución que sería elaborada de acuerdo con el modelo español del dictador Francisco Franco. Su derrocamiento lo impidió, pero en cambio acostumbró a la nación a vivir en permanente estado de sitio, equivalente a lo que en otros países, como España, se denomina estado de guerra, consistente en la restricción de las libertades civiles. La historia enseña que esta regulación que debería ser excepcional, empleada en forma sistemática, engendra rebeldías como las de tipo armado. Como la libertad y los derechos de las personas resultan inexorablemente recortados, los gobiernos que la practican quedan, como afirman algunos tratadistas, en condiciones de “dictadura legal”. Otros juristas están convencidos de que estado de sitio crónico y régimen democrático, son incompatibles. Por eso, gobiernos como el de Gómez o Urdaneta fueron calificados de dictaduras civiles. De otro lado, la verdad es la de que a las fuerzas armadas les ayudaron, en su tarea de represión, grupos que hoy llamaríamos paramilitares, del tipo de los “pájaros” del Valle del Cauca. La policía, ahora de filiación conservadora, masacró campesinos liberales; por ejemplo, en el departamento de Boyacá; esos agentes asesinos fueron los tristemente famosos “chulavitas”, así llamados porque buena parte de ellos había nacido en la vereda de Chulavita, municipio de Boavita.
Los alzados en armas
De los jefes alzados en armas en esos años 40 y 50, los más mentados eran, aparte de Guadalupe Salcedo, Eduardo Franco Isaza, Eliseo Velásquez, Tulio Bautista y sus cuatro hermanos, Carlos Rodríguez “el pote”, Bernardo Giraldo “el tuerto”, Rafael Sandoval “failache”, Eduardo Nossa, y muy destacadamente, Dumar Aljure “el valiente”. En vísperas del advenimiento del régimen militar que negoció con ellos, el número de guerrilleros se calculaba en unos 3 mil, auxiliados por otras 2 mil personas. Si se les preguntaba porqué estaban en combate, respondían: “para entregar el poder al pueblo gaitanista”.
Los sublevados tuvieron alzas y bajas en su acción contra las fuerzas gubernamentales, las que acusaron al gobierno venezolano de ayudar a los rebeldes. De otro lado, si en un momento dado se produjo la ruptura entre la Dirección Nacional Liberal y los guerrilleros del Llano, éstos en cambio se comportaron como gobierno alterno al de Bogotá, con una Constitución que organizaba su propia administración de justicia y creaba leyes para el campesinado. En vísperas del “golpe de opinión” del general Rojas Pinilla, el movimiento subversivo expidió una ley relativa a los derechos de las gentes en general y de las mujeres en particular, y demandó que nadie quedara excluido de la toma de decisiones políticas, todo lo cual bautizó como “La revolución de los Llanos Orientales de Colombia”.
Esa “revolución” pretendía sustituir el “Estado dictatorial y violento” por un Estado “democrático y popular”.
Una vez llevada a cabo la llamada pacificación de Rojas Pinilla, los guerrilleros de los Llanos fueron amnistiados, al igual que quienes se alzaron en Antioquia y el Tolima. (También había habido resistencia armada en Boyacá, el antiguo Caldas, Cundinamarca, los Santanderes y el Valle del Cauca). De todas maneras, la Violencia significó, para quienes profundizaron en el problema, el desajuste de las instituciones fundamentales, la trasformación de las reglas en cuanto a la tenencia de la tierra y una emigración de los campos hacia las ciudades que el Estado todavía hoy no ha podido enfrentar con eficiencia. Si la población urbana en 1938, cuando finalizó la administración de Alfonso López Pumarejo, era del 31%, en 1964, ocho años después de instaurado el sistema del Frente Nacional, era del 52%.
Bueno es recordar aquí que una vez escuchadas las promesas del Jefe Supremo en el sentido de brindar “Paz, Justicia y Libertad”, fueron los guerrilleros liberales quienes le pidieron perdón por los crímenes que pudieran haber cometido desde el Bogotazo; además le solicitaron incorporar a la economía nacional esas regiones donde habían combatido y conceder a los que huyeron de la persecución oficial, la seguridad de que no serían objeto de represalias.
En el fondo se trataba de brindar los mismos derechos a todos los colombianos. El gobierno militar pactó con quienes anunciaron que se acogían a la vida civil y conminó a aquéllos que persistían en la rebelión para que depusieran las armas. Pero la desmovilización no resultó fácil, a pesar de que la propaganda oficial la presentó de modo triunfalista


A la hora de la verdad
Embriagados por la que consideraban una gran victoria del Régimen de las Fuerzas Armadas, sus propagandistas no contaron todo lo qué pasó con los desmovilizados. Estos, campesinos que regresaron a las tierras que ocuparon antaño, confiados en las promesas de Bogotá, las encontraban en manos de conservadores que, lejos de restituírselas, los expulsaban de nuevo en medio de amenazas. O sea que los reinsertados liberales no hallaron la prometida paz.
Que no fue tan completa la pacificación del régimen militar pudo comprobarse, asimismo, porque en su transcurso y según las mismas declaraciones oficiales, estaban en pie de guerra los municipios de Cabrera; Carmen de Apicalá; Cunday; Icononzo; el mismísimo Melgar, sede de una importante base militar; Pandi; y Venecia. Con el argumento de acabar con el comunismo, los altos mandos enviaron a algunas de esas localidades al Batallón Colombia, curtido en Corea, y emplearon hasta bombas de napalm. Se inició entonces otro de los terribles desplazamientos que han caracterizado al viejo conflicto armado de Colombia. El pacificador Rojas Pinilla, en 1955, destinó 252 millones de pesos a las fuerzas armadas y apenas 41 millones a la salud y 62.5 a la educación, pero en honor a la verdad, preciso es recordar que no gastó más en seguridad que lo que hicieron los ex presidentes Ospina Pérez, Gómez y Urdaneta. Dos años después de que los civiles recuperaron el poder, todavía quedaban en Colombia 43 cuadrillas de bandoleros en plena actividad con casi 500 integrantes.


Duros momentos
Aparte del 9 de abril de 1948 con todo su significado, estuvo el llamado “autogolpe de Ospina” de 1949 (cierre del Congreso) y la consiguiente abstención liberal. Parecía que la nación se encaminaba a la guerra civil, a lo cual contribuyó poderosamente la politización de la policía, que fue primero obra de la segunda administración de Alfonso López Pumarejo y que luego el conservatismo tomó muy en serio, sobre todo por parte del sector laureanista.
Otra fecha importante en este acontecer que llegó a los máximos horrores de crueldad y sevicia, fue el intento hecho a finales de 1951 para que se entendieran los partidos políticos, iniciativa de los liberales y que contó con las alas alzatista (del dirigente Gilberto Alzate Avendaño) y ospinista de la colectividad contraria, pero saboteada por quienes seguían al presidente Laureano Gómez.
A mediados de 1952 la pugna interpartidista arreció debido a los motines que tuvieron lugar en Bogotá, después del entierro de unos policías cruelmente asesinados y que se concretó en el incendio de los diarios El Tiempo y El Espectador, así como de las residencias de los dirigentes liberales Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, los cuales tuvieron que exiliarse.


Realidades
Esta primera violencia de los años 40 a los 50, predecesora de las que vendrían luego, ha sido muy estudiada por politólogos, “violentólogos”, antropólogos e historiadores nacionales y extranjeros.
Se han examinado las conductas de los actores armados; el proceso de acumulación capitalista, que en este caso tiene que ver con la apropiación de tierras del “enemigo”, argumentando razones políticas y hasta morales, lo que algunos autores de manera tal vez elemental llaman conflicto de clases; laconcentración de la propiedad de las tierraslas luchas por ocuparlas de campesinos necesitados de cultivar para poder sobrevivir; los desplazamientos masivos de población; elbandolerismo social y político debido a que, a veces, tras la etiqueta política no había sino el afán de enriquecerse a costa de otros; las denominadas autodefensas campesinas, predecesoras de las futuras guerrillas; el clericalismo, es decir, la intervención de obispos y sacerdotes en política, tomando partido por uno de los sectores que se enfrentaban enconadamente.
Si las guerrillas liberales por un lado suelen ser estudiadas dentro del marco general de la violencia, justo es distinguirlas de otras guerrillas de aquel tiempo, del puro bandolerismo y, desde luego, de la represión oficial. Pero todo el conjunto de la violencia, además de lo manifestado arriba, también ha sido objeto de estudios de cariz genético (se ha llegado a afirmar que “los colombianos somos violentos por naturaleza” o que “tenemos herencias de españoles e indígenas violentos”); para los laureanistas, más tarde los alvaristas, el comunismo estuvo detrás del tremendo desajuste nacional; para los ideólogos marxistas y otros afines, las injusticias creadas por la aplicación del modelo capitalista llevaron al pueblo a adoptar posturas prerrevolucionarias que hubieran desembocado en un cambio profundo y radical, pero que quedaron truncas por la desaparición de verdaderos líderes como Gaitán y la inexistencia de conductores de semejante envergadura y así el país presenció formas de subversión limitadas o hechos de puro bandidaje.
Camilo Torres, que es conocido como “el cura guerrillero”, en sus tesis sociológicas sostuvo que Colombia vivía dentro de un molde social tradicional y que esa violencia trató de romperlo. Sin éxito, añadieron algunos. Otros expertos en el tema hallan alguna relación de esa Violencia con las guerras civiles del siglo XIX o con los conflictos agrarios que tuvieron lugar de 1925 a 1935, pero también ven diferencias, sobre todo por las formas de organizarse de los contendientes.
Germán Guzmán, uno de los autores de La violencia en Colombia, un clásico del tema, nos dijo una vez que todos los colombianos eran responsables de “la tragedia”: por acción u omisión; por haber participado directamente en ella o por insensibilidad social o apatía. Orlando Fals Borda, otro de los autores del mismo libro, insiste en la responsabilidad de la clase dirigente política, la cual incitó al pueblo a matarse entre sí mientras ella permanecía tranquila en las ciudades. Para un famoso general de los años 60 que quiso ser Presidente de la República, Alberto Ruiz Novoa, los responsables del desangre nacional fueron “los políticos”, básicamente los congresistas; no las fuerzas armadas.
Inclusive el vocabulario relativo a esa etapa de la historia nacional es objeto de análisis, distinguiendo algunos especialistas las guerrillas propiamente dichas, de la violencia en general. Si las guerrillas liberales pueden considerarse como parte de una especie de guerra civil, pero no una guerra civil en sentido pleno, anotan ciertos historiadores, la violencia en general no fue una guerra, aseguran, en parte porque afectó apenas a algunas regiones del país y no se dio una coordinación entre ellas.
Descendiendo a consideraciones más precisas, el trágico fenómeno de los 40 y 50 tuvo que ver con estas importantes realidades, ya abordadas en este trabajo, pero que es bueno resumir:
- el fin de la hegemonía conservadora en 1930, hegemonía que tuvo dos referentes principales: dictadura ideológica y represión de los opositores,
- la reacción a la modernización liberal de los años 30, más fuerte desde el triunfo conservador de 1946, teniendo en cuenta que el candidato M. Ospina Pérez fue visto como una esperanza de moderación al comienzo, pero que la abandonó después, retornando al sistema de imposición política característico de la Colombia de finales del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX,
- el recurso al régimen militar, de buena parte de las élites partidistas, en 1953, asustadas por la violencia implantada y que no comprendían del todo las tensiones sociales acumuladas en la nación durante el último cuarto de siglo,
- la tregua y desmovilización de algunos de los insurgentes durante ese régimen, pero que dejó las secuelas del bandolerismo y, sobre todo, la semilla para futuras guerrillas.

Septiembre 13 de 1953. Luciendo su casco de guerra, el máximo comandante de las guerrillas liberales de los Llanos, Guadalupe Salcedo Unda, hace entrega, en el sitio de Las Delicias, de su fusil ametralladora al comandante de las fuerzas militares, brigadier general Alfredo Duarte Blum.
El Tiempo – Foto de Franco.


Septiembre de 1953. Guadalupe Salcedo, máximo comandante de las guerrillas del Llano, lee la noticia sobre la entrega de armas hecha en Tauramena por Eduardo Fonseca Galán.
El Tiempo - Foto de Constantino Casasbuenas.


1949. Soldados del Ejército Colombiano. Algunos de ellos, como Eduardo Fonseca Galán (en cuclillas al pie del cañón, papel y lápiz en mano) se unieron a la guerrilla liberal, de la que Fonseca fue en los Llanos uno de los más notables comandantes.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.


1950. La violencia política de los años cincuenta, que tuvo un carácter oficial, sembró de cadáveres de liberales los campos colombianos. Aquí, campesinos asesinados cuyos cuerpos, tirados en la plaza de un pueblo, no provocan sino indiferencia burlona entre los habitantes.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.


1951. Guerrillero liberal, al que se llamó “el Cristo Campesino”, torturado y fusilado por el ejército.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.


1952. Esposa de un campesino liberal de Antioquia señala con un letrero el sitio donde cayó su marido. “Aquí acecinaron a Gregorio”.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.


1952. Dumar Aljure, comandante de la guerrilla del Llano, en Upía, imparte instrucciones a sus oficiales.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.


1952. Cuatro de los comandantes de las guerrillas del Llano. De Izquierda a derecha Luis E. Ciandúa, Libardo Rodríguez, Alfonso Guerrero (Cariño) y Guadalupe Salcedo.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.



Septiembre de 1953. Los seiscientos hombres de la columna guerrillera liberal comandada en los Llanos por Eduardo Fonseca Galán, en cumplimiento de la paz pactada con el gobierno del general Rojas Pinilla marchan hacia Tauramena para hacer entrega de sus armas, “que levantaron para luchar contra la tiranía”, según expresa el diario El Tiempo.
El Tiempo – Foto de Franco.


1953. ¿Ha llegado la paz? Los Jefes de la guerrilla liberal del Llano aceptan el llamado del presidente Rojas Pinilla. Con el general Alfredo Duarte Blum, los comandantes Guadalupe Salcedo (izquierda) y Dumar Aljure.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.
 


Septiembre de 1953. Tauramena. Una foto para después de la entrega. De izquierda a derecha Carlos Roa, Eduardo Fonseca Galán, Eulogio Fonseca Galán, Cosme Álvarez y Pablo Legucedo.
El Tiempo – Foto de Franco.


Octubre de 1953. Con un cálido apretón de manos sellan la paz el comandante en jefe de la guerrilla liberal del Llano, Guadalupe Salcedo, y el presidente de la República, Gustavo Rojas Pinilla.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.


Carta escrita por los comandos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Llanos Orientales, el 8 de septiembre de 1953, al presidente Rojas Pinilla, en la que expresan su “determinación sincera y espontánea de deponer las armas con decoro”. Firman: José Guadalupe Salcedo, Jorge Enrique González, Humberto Paredes, Dumar Aljure, Rafael Calderón, Marco A. Torres, José Raúl Mogollón, Ignacio González, Marco A. Parra, Laurentino Rodríguez, Jorge Chaparro, Adán Chaparro, José Vicente Perilla, Jesús Feliciano, Antonio María Rincón, representante del pueblo civil, Carlos Neira Rodríguez, representante del pueblo civil, Maximiliano Ortega, Marco A. Torres, Miguel Trujillo. Aparece en blanco la firma de Eduardo Fonseca Galán, quien se encontraba en Bogotá en el momento de suscribirse la Carta.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.

DOCE REVELACIONES SOBRE EL CONFLICTO ARMADO QUE HIZO LA COMISION DE LA VERDAD. Tratando de entender (134)

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