DOCTOR
ALVARO URIBE VELEZ
EXPRESIDENTE DE COLOMBIA
BOGOTÁ D. C.
Cordial saludo.
Soy un abogado antioqueño,
formado en el conocimiento jurídico por
muchos de los maestros que lo formaron a
usted en la Universidad de Antioquia Alma Mater de la cual compartimos el inmenso honor de
haber sido alumnos y egresados.
Por las
vueltas que da la vida, en mi ejercicio profesional tuve la oportunidad de
asesorar y acompañar jurídicamente en el ejercicio de justicia transicional, a
una cantidad importante de excomandantes, ex - mandos medios y ex -combatientes
rasos desmovilizados del bloque Elmer Cárdenas de Autodefensas campesinas (BEC- AC -ACCU) en virtud del proceso de paz que se llevó a cabo con el gobierno nacional
de Colombia que usted presidió y todavía
sujetos al trámite de justicia transicional de la ley 975 de 2005 aprobada por
el Congreso de la Republica y que fue impulsada por sus ministros de Estado.
En tales circunstancias soy testigo de excepción, conozco de
primera mano que estas personas (que en
su momento fueron considerados igual o peores terroristas que la guerrilla a la
que combatieron) como ciudadanos colombianos
están hoy y para siempre decididamente comprometidos con el logro de la reconciliación nacional y la anhelada paz por las vías del dialogo y
la concertación y desde luego con el
ejercicio democrático como siempre debió
haber sido. En su inmensa mayoría hoy abrazan la legalidad y rechazan las vías de hecho, la violencia y las graves
violaciones de derechos humanos en las
que alguna vez incurrieron y que usted como colombiano bien conoce.
De esta manera pública y abierta me dirijo a usted, quien fue Presidente
de nuestra nación por dos periodos, para exponer algunos puntos de vista y
argumentos sobre el actual proceso de paz que adelanta el
gobierno nacional con los grupos guerrilleros, a quienes estas personas anteriormente combatieron como parte de una
maquina violenta que solo sirvió a intereses aun oscuros y que solo sirvió para que todos los
colombianos termináramos siendo victimas de un conflicto que nunca debió
ocurrir. Este ha sido un terrible
conflicto de victimas contra víctimas y entre víctimas; un conflicto por la
victimización o peor aun, para prevenirla siempre por los medios violentos.
Respetuosamente le solicito entender esta comunicación dentro de en su real contexto histórico y
político, pues los colombianos ya hemos
trasegado por un proceso de paz único en el mundo. En virtud del proceso de justicia
transicional que su gobierno implementó, se ha encontrado una buena parte de la
verdad del paso de muchos compatriotas por el conflicto
armado y las graves violaciones de los derechos humanos en las que
lamentablemente incurrieron, cuando eran autodefensas y cuando los volvieron
paramilitares. Han aportado a la reparación de quienes fueron sus víctimas. Todavía muchos siguen detenidos en la incertidumbre, en medio de un
sistema que no les garantiza en forma alguna seguridad jurídica pues son
utilizados, cuando cuentan toda la
verdad que conocen los excluyen de justicia y paz y los pasan a la justicia
ordinaria a donde les trasladan toda la prueba que entregaron después de
renunciar al derecho a la no auto incriminación. Ahora están prisioneros en las cárceles pagando las penas que les ha impuesto la justicia colombiana.
Lo verdaderamente resaltable, doctor Uribe, es que todas estas
personas siguen comprometidos con el fin
del conflicto, la reconciliación
nacional y decididamente con la no repetición de las atrocidades que desafortunadamente se cometieron durante la guerra y por las que
no se cansan de pedir perdón con
verdadera contrición, desde el fondo de
sus corazones a quienes fueron sus víctimas, al pueblo colombiano y a la
humanidad entera.
Ese es el único y real sentido de esta comunicación. Contribuir desde el punto de vista de un
abogado que ha tenido la oportunidad de
vivir de cerca un verdadero proceso de
paz y de justicia transicional y con la humildad de un colombiano más, darle a conocer y fijar la posición no solo mía, sino de algunos
de ellos frente a los actuales procesos de paz que se adelantan en
Colombia con las FARC y con seguridad próximamente con el ELN y sobre el
referendo que próximamente se llevara a cabo en los acuerdos de paz. Quisiera que como
legislador pudiera aprovechar algunos de estos conceptos para el desarrollo
legislativo para la implementación de los acuerdos, si es que se presenta la
oportunidad.
Señor Ex Presidente; se ha dicho que ningún proceso de paz en el
mundo ha terminado con los actores vinculados al conflicto en las cárceles. Completamente cierto. Esto es una premisa
universal de los procesos de paz excepto en Colombia. La excepción fue el de
los grupos de autodefensa que con animo conciliatorio y de patriótica voluntad
de paz dieron ese difícil primer paso de acercarse a su Gobierno Nacional en un
proceso Político de Paz en el que admitieron como premisa necesaria a través de
los fallos de las Altas Cortes, que debería existir un componente necesario de
justicia a través de las penas para los responsables de las graves violaciones
a los derechos humanos. Con su origen
eminentemente campesino ellos planteaban la constitución de colonias agrícolas
en las regiones de donde eran oriundos o delinquieron, donde pudieran tener
paulatinamente contacto con sus familias, con sus víctimas y ordenadamente completar
desde allí el desarrollo del proceso de reintegración a las comunidades como
ciudadanos de bien.
Terminaron en la cárcel, en muchos casos detenidos ilegalmente sin
tener siquiera prontuario policial ni ordenes de captura, desprovistos de la
connotación de actores armados políticos
que reclamaron desde el primer día y finalmente sometidos a una ley que
no fue producto de la negociación y se
les impuso ex post facto, en contra de los
compromisos pactados con su gobierno y excluyendo preciosos principios
jurídicos universales como el de favorabilidad, el de la no autoincriminación y el debido proceso.
Terminaron en la cárcel, no como parte de un proceso de paz con un gobierno serio, sino por los artilugios y engaños de sus ministros,
asesores y comisionados, que hablándolo en plata blanca, los estafaron y los
manosearon hasta el punto de llegar a extraditar a gran cantidad de
desmovilizados por el temor del gobierno
a posibles denuncias. Ocultaron la verdad. Utilizaron la extradición como una
sublimada forma de desaparición forzada con ánimo de ocultamiento de la verdad,
hasta el punto que aun hoy, seis años después del fin de su gobierno, se
continúa extraditando desmovilizados, sustrayéndolos del proceso de justicia y paz y
de la responsabilidad de la verdad ante las victimas.
Fueron blanco de gran cantidad
de montajes por parte del Gobierno, que aún
continúan vigentes. La inseguridad jurídica
brilló durante todo el proceso jurídico y continuó con pesada carga que
frena permanentemente un proceso que ha sido vacilante, que no fluye por culpa
de las argucias gubernativas, a pesar del compromiso serio de la Justicia Colombiana.
Hoy, con el proceso político de Paz con su gobierno truncado
irremediablemente por el engaño y el
proceso jurídico derivado de la ley 975 de 2005
avanzando a tumbos por culpa de los desaciertos legislativos
y reglamentarios y la paquidermia estatal que han sido innumerables, los desmovilizados se
han comprometido con animo reparador por la verdad
y han avanzado hasta el punto de haber
desentrañado la cruda realidad de su participación en la guerra incluso confesando
libre y voluntariamente cientos, miles
de transgresiones de derechos humanos de las que el Estado jamás había tenido noticia.
Pueden expresar con dolor, vergüenza, con tristeza, pesadumbre y
siempre contritos, pero con la frente en
alto y reclamando todavía persistentemente el estatus político de sus
transgresiones, que en el caso de las
Autodefensas no hubo impunidad y que la
sociedad ha contado y contará con su total disposición siempre que se los
requiera para aclarar cualquier situación en la que pudieron haber participado.
Con esta comunicación en forma de carta abierta le he querido
dejar saber respetuosamente, y con
profundo sentimiento de humanidad a
usted y desde luego también a todos los
compatriotas colombianos, como testigo de excepción de que estos ex combatientes, a pesar de haber
participado como objeto del experimento
del único proceso de paz en el mundo donde se han aplicado a rajatabla,
intensivamente los principios universales planteados por la Organización
de Naciones Unidas en su indeclinable
lucha contra la Impunidad, hoy aceptan dichos principios, los respetan y promueven a pesar de que tienen plena conciencia de haber sido llevados a esto mediante maniobras
y engaños dignas de estafadores delincuentes y no de un estado democrático.
Estoy seguro que la trampa de entonces no será la carga que les impida aceptar y aportar
desde las cárceles o desde la libertad, para que el actual proceso de paz sea exitoso,
sino más bien ese dolo sufrido entonces, ahora hace parte de la acción liberadora del perdón que los
llevará a su vez a obtener el perdón de
las victimas y de la humanidad, por el que suplican, y que les permite desde la experiencia vivida
aportar a estos nuevos procesos.
Considero, de acuerdo con mi experiencia profesional en la
justicia transicional colombiana actual, que los principios universales se deben
aplicar de una forma que permita el logro de los acuerdos centrados en la
Justicia, representados en sus componentes de verdad y reparación.
La justicia, con un alcance universal que revise todo el actuar de
todos los actores dentro del conflicto, con fundamento en la verdad cuenten en los tribunales al acceder
voluntariamente a los mecanismos de justicia transicional y esta posibilidad debería
comprender a todos los actores armados, legales e ilegales así como para no
armados y civiles promotores, instigadores, financiadores ideólogos y
apologistas sin discriminación de
ninguna clase.
La pena a imponer serÍa de
carácter social, transicional, restaurativo, temporal y con la finalidad de
superar el conflicto, partiendo de que
serían penas alternativas que a la vez permitan
la dignificación de la víctima, la reparación social y del daño y la
reconstrucción del tejido social.
La cárcel no debe ser una opción dentro de la pena
alternativa. La pena de prisión es una
vergüenza para la justicia, es la máxima injusticia y particularmente en
Colombia es la forma como el estado mas viola los derechos humanos. A todos los
presos colombianos se les violan los derechos humanos por parte del estado por
el hecho de estar inmersos en el sistema
inhumano, caduco y desprotegido. La
prisión evoca las mazmorras, la tortura, la inquisición y las sobrepasa; es un trauma calamitoso que
la humanidad no ha podido superar y un problema inmanejable para el estado. Es
la hora de sobreponerla con soluciones
equitativas e innovadoras.
El otro pilar de la justicia será la reparación. Como parte de la pena alternativa se debe
obligar a los victimarios procesados a
reparar a las víctimas, a través del fondo establecido para ello, con
erogaciones fijas en el caso de los guerrilleros desmovilizados y miembros de
la fuerza pública de menor rango y en
los otros casos resarciendo el daño causado con un porcentaje significativo,
determinado por la ley que corresponda al
patrimonio bruto o a sus ingresos, tomando la declaración o los ingresos de un
año anterior al inicio del tribunal, para evitar apresuradas insolvencias.
La reparación debe ser necesaria y obligatoria pero consultando la
capacidad real del reparador, y teniendo en cuenta además que la gran
responsabilidad de este conflicto es del Estado Colombiano que genera y permite
las graves inequidades que lo originan.
Es el Estado quien además de solucionar las “causas objetivas” mayormente debe participar con la reparación
universal a las victimas del conflicto armado. Recojo en este punto que debe haber un juicio
histórico de responsabilidades al Estado Colombiano, con su consecuente
responsabilidad, tal como lo propuso usted en alguna oportunidad.
La no repetición, el objetivo final de todo este proceso, será la
consecuencia necesaria del logro de las
anteriores como la corona que une en una
sola y benéfica cualidad el logro de la superación de las profundas inequidades
sociales que han determinado el conflicto.
Respetado ex presidente: La
impresionante paradoja escrita el 18 de septiembre de 1984 en las notas
del doctor Héctor Abad Gómez insigne Medico y humanista defensor de los
derechos humanos, asesinado por paramilitares y con la que se introduce esta
carta dirigida a usted y abierta a todos los colombianos es desgarradora.
Es una invitación que desde el pasado se hace vigente día a día y
que hoy nos llama nuevamente a todos los colombianos a la reflexión sobre cual
debe ser la participación de cada
colombiano en el logro de la reconciliación nacional.
La respuesta que daré en el próximo referendo, donde se me
preguntará si apoyo los acuerdos de paz con las FARC será SI. No porque yo esté convencido de la llegada de la Paz,
que sigo viendo demasiado lejos, sino por razones prácticas.
Los procesos de paz se hacen para salvar vidas, y salvar vidas,
salvar una vida, salvar algunas vidas o
salvar muchas vidas en un análisis de costo beneficio pesa de tal forma que
deja sin peso cualquier otro argumento.
En un orden lógico, no puede haber paz si no hay Reconciliación
entre las partes y los acuerdos de paz no son sino el inicio del proceso de
Reconciliación Nacional, primer paso de un arduo pero seguro camino hacia la
paz.
Y en ese sentido le expongo este único argumento para ello
respetado expresidente.
Pregúntese por favor: ¿Cuántas vidas se han salvado con el proceso
de paz trunco, engañoso, perverso que usted como presidente con sus ministros,
comisionados, consejeros y asesores realizó con los grupos de autodefensas?
¡Muchísimas!; incontables,
doctor Uribe, ¡siéntase orgulloso de ello¡
Ellos, quienes formaron parte de la autodefensa antisubversiva, con su humildad campesina y con vergüenza por el pasado, así se sienten. Sienten orgullo de aportar a la reconciliación, de poder ayudar a construir la paz y de salvar cientos
de miles de vidas.
Pero ¿se imagina usted cuantas vidas se salvarán cuando por fin
después de muchos años de negociaciones truncas, y cientos de miles de colombianos muertos,
ahora de una forma concertada y
deponiendo intereses personalistas, económicos y políticos se llegue a acuerdos
universales sobre la verdad, justicia y reparación a las victimas de la
totalidad conflicto armado colombiano, planteando además principios serios y compromisos para soluciones a las
graves inequidades que lo originan y que se logre esto con todos los grupos hoy
alzados en armas?
Con un afectuoso abrazo de Colombiano,
Antonio José Garcia Fernández
Abogado U. de Antioquia
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