LAS FALSAS DESMOVILIZACIONES A LA LUZ DE LA LEY 1424 de 2010 (AJGF)

        

Algunos interrogantes

Es evidente que no todo  fue transparente en las desmovilizaciones de grupos de autodefensa, y que estas en algunos casos no solo fueron  desmovilizaciones de autodefensas o paramilitares, sino también que quienes se desmovilizaron en algunas ceremonias fueron narcotraficantes, delincuentes comunes, simples pandilleros y hasta desempleados que fueron inducidos a posar de combatientes con la promesa de obtener algunos beneficios económicos, pero a su vez para mostrar  por parte de los que los propiciaron,  una cifra inflada,  engañando a la opinión publica y a la comunidad internacional, (que no al Estado)  con una masa superior a la real.  

Por ejemplo, tan poco transparente fue todo, que poco se sabe de los acuerdos a los que se llegaron en las mesas de negociación de Ralito, entre los miembros del paramilitarismo  y El Gobierno Nacional, representado directamente por un delegado directo del Presidente de la Republica de ese entonces, que permanecen en el mas completo misterio. Solo se sabe que cualquier acuerdo al que hubieran llegado, fue incumplido.

Hoy se sabe de desmovilizaciones ficticias a tal punto,  que como en el caso de un supuesto grupo guerrillero,  ven próximos a salir a sus llamados “dirigentes” de Justicia y Paz, y a  sus miembros “desmovilizados” excluidos de recibir los beneficios administrativos que se confieren a los desmovilizados en virtud de los acuerdos de paz.  En resumen,  la justicia va llegado a la conclusión de que ocurrió un  apabullante Falso Positivo.  A alguien se le desbarató el plan, algo no funcionó. Y hoy va apareciendo poco a poco la realidad de lo que aconteció efectivamente.

Esto no es lo grave.  Lo que si es verdaderamente preocupante es que va a pasar con aquellas personas que se desmovilizaron como combatientes sin serlo,  que asumieron una pose impuesta a las carreras por personas que, al parecer de común acuerdo con algunos funcionarios, o por su propia voluntad los indujeron a aparentar lo que no eran.

Hoy estos falsos desmovilizados pagan las consecuencias, pues quedaron con su antecedente criminal que por mas que no quieran, funciona como un estigma imborrable, que siempre los acompañará pues la sociedad colombiana es indolente e intolerante.  

Que tristeza que tantos colombianos acaben fungiendo de violadores de los derechos humanos, sin serlo realmente.

Pero entonces a raíz de estos hechos surgen varios interrogantes y es prudente, cuanto antes,  ambientar una discusión o debate al respecto: ¿Que podrán decir estas personas frente a los mecanismos de verdad  no judiciales (llamémoslos “no judiciales” aunque el termino para nada es claro ) que se ven venir con la aplicación de la ley 1424 de 2010?

¿Cómo podrán los falsos desmovilizados aportar a la construcción de la verdad histórica y a la reparación de algo en lo que no participaron, que no conocieron y que en algunos casos seguramente también son victimas?

No les queda sino dos caminos.  O contar su triste realidad y aceptar que nunca fueron parte del grupo armado lo cual es lo lógico, lo debido, lo que se esperaría de ellos; o montar su película, inventar una historia, decir mentiras, falseando la verdad histórica que se pretende construir con los mecanismos de búsqueda de la verdad judiciales de la ley de Justicia y Paz y los de búsqueda de la verdad “no judiciales” de la ley que pretende darles salidas a los que incurrieron únicamente en los delitos que inicialmente se iban a amnistiar de acuerdo con la ley antes de los fallos de la Corte Constitucional , o sea para el concierto para delinquir, el porte de uniformes y armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y de radios o medios de comunicación restringidos.  

¿Que podrán decir estas personas que nunca fueron parte del grupo armado en el que se desmovilizaron,  distinto a que solo fueron parte del concierto para delinquir  momentos antes de la desmovilización y que nunca portaron uniformes o armas o radios de comunicación?  ¿qué su único delito como parte del grupo fue prestarse para engañar al estado y a la sociedad posando como combatiente al momento de una desmovilización?  Y ¿que pasará con los beneficios que les ha otorgado el estado?   Se los seguirá otorgando a sabiendas de que no fueron combatientes?  ¿Los tendrán que devolver, o por el contrario, los tendrán que restituir los que tramaron la farsa y los arrastraron a ellos a estos problemas que ni así se podrán solucionar? 

La respuesta mas lógica a estos interrogantes pareciera ser que los falsos desmovilizados deberían contar la verdad, desde luego diciendo que fueron reclutados para el momento de la desmovilización,  y no deberían  recibir  mas los beneficios que otorga la ley por ello y además también debieran devolver los beneficios que indebidamente recibieron del Estado.    

Pero, en honor a la verdad, esta situación no es culpa de ellos.  La única salida posible es contar la verdad y afrontar las consecuencias.  Alguien debe  responder por tal  engaño, por tal adefesio.   Quien lo permitió? Quien lo prohijó?   La responsabilidad es evidentemente, ya no del Estado, sino de los funcionarios que estaban al frente de  estas desmovilizaciones, por omisión en los necesarios controles que se debieron tener, puesto que implicaba el manejo  y la disposición de dineros públicos  en grandes cantidades y además que era completamente previsible que estas situaciones pudieran pasar. 

Y por el bien del Estado Colombiano,  que ya no admite mas cuestionamientos en estos aspectos, ojala no tengan que responder por acción, por que sería absolutamente deplorable que se hubiera montado una empresa criminal, independientemente de cualquier finalidad benéfica, para mostrar resultados inflados ante la nación y la comunidad internacional.