¿OBLIGADOS A PEDIR PERDON? (AJGF)

Debe quedar una duda muy grande en la mente los colombianos, sobre si la petición de perdón requerida por una autoridad judicial, impuesta como una obligación a una persona o a una institución, como parte de una sentencia condenatoria, verdaderamente satisface la expectativa de justicia de las víctimas y de la sociedad.

Y debe quedar una duda muy grande porque si lo que se pretende finalmente al final de todo un proceso es reparar el daño causado, no debe ser muy satisfactorio para las personas que esperan dicha reparación, una petición de perdón forzada, que necesariamente conlleva a una negativa  por parte de la víctima, o a un perdón de palabra, entre dientes, también forzado, sin ninguna trascendencia de reconciliación.

Debemos entonces preguntarnos, a raíz de dicha duda, sobre la pertinencia de esa petición de perdón. Siempre dejará dudas, nunca se sabrá si la petición de perdón verdaderamente corresponde a un sentimiento de contrición del victimario, y más bien se presumirá que corresponde a la necesidad de cumplir un requisito, de salir del paso o atender una obligación impuesta por la justicia.

La petición de perdón debe ser espontánea, no forzada, libre, propia, interna, y al exteriorizarse debe corresponder a un sentimiento real del peticionario, que después de la reflexión sobre sus actos, encuentra en ellos la injusticia cometida y desde luego busca no sólo reparar si no acercarse humanamente a las víctimas.

No puede ser una consecuencia más, que como una obligación se impone desde de una condena judicial. No tiene ningún sentido, forzar al victimario a pedir perdón. No es lo mismo que lo haga libre y espontáneamente, durante su proceso penal o por fuera de él.

 En el reciente fallo del proceso en contra del coronel Plazas Vega, por los hechos cometidos durante la retoma del palacio de justicia, se fuerza al Estado colombiano a pedir perdón por tales hechos.

Se declara al Estado Colombiano como victimario y claro es que  en tal condición, el Estado colombiano debería pedir perdón. Y cuando me refiero al Estado colombiano me refiero no sólo a las instituciones sino también a la clase dirigente y política que  lo respalda. Eso sería lo correcto, lo ético y lo justo. No solamente por los hechos cometidos durante la retoma del Palacio de Justicia, sino que dicha petición de perdón debería abarcar todos los períodos de la historia de Colombia,  por haber generado las circunstancias sociales y políticas que han producido esos hechos, y todos los demás hechos que han constituido esa gran tragedia  que ha sido la historia de Colombia y particularmente los que han sido atribuidos al concepto del conflicto armado interno que ocurre en nuestro país desde hace más de 60 años.

No puede ser un misterio oculto  que nuestro conflicto tiene unas profundas raíces sociales, originadas en muchos casos en lo que han denominado los estudiosos, las causas objetivas del conflicto, o sea todos los síntomas de la ausencia de Estado, como la pobreza, la exclusión social, la falta de acceso a la educación, a la salud, a los servicios públicos básicos, el problema agrario y el desplazamiento que ha generado y un largo etcétera. Y tampoco puede ser un misterio reconocer que todo ese largo etcétera de causas objetivas ha sido producto de la forma como nuestra clase dirigente y política ha llevado al Estado.

Si el Estado colombiano hiciera una reflexión sobre las causas objetivas del conflicto, y se comprometiera, no con palabras y no mediante acciones decididas a comenzar a solucionarlas, como parte de su petición de perdón a todas las víctimas del conflicto armado colombiano, bienvenida fuera esa petición de perdón.

Pero como eso no va a ocurrir, al menos no próximamente, seguramente veremos a un funcionario del segundo nivel, pidiendo perdón sin convicción, a la carrera, para salir del paso. También veremos sectores de la opinión pública ensalzando dicha petición de perdón, y a las víctimas insatisfechas, con todo derecho, criticando la petición de perdón de un funcionario de segundo nivel realizadas sin convicción, a la carrera y para salir del paso.

Nada soluciona una petición de perdón forzada, en este caso en particular donde se juzga el delito la desaparición forzada de unas personas, que siguen desaparecidas, hasta el punto de que se pone en duda si existieron. ¿Qué clase de respuesta es esa, para las víctimas? ¿o para la sociedad colombiana? ¿o para la humanidad?

La obligación de pedir perdón es del mundo de la moral y de la ética, tal como la obligación de contar toda la verdad y aclarar la realidad de lo acontecido.  Claro que se tiene, es parte del deber ser de cualquiera que haya transgredido las normas del derecho y mucho mas, si la violación recae sobre los derechos a la vida, la libertad y todos los otros derechos humanos, pero no debe exigirse como condición de un fallo, como parte de una condena, por que forzarla agrede al fuero interno de las personas y justifican reacciones absurdas, como la del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien no solo incita al desconocimiento de una decisión judicial sino que desafía a a la justicia, quebrantando un  principio rector de todo estado de derecho, que es el de armonía y coherencia entre las instituciones.  Igual ¿que mas  se podría esperar? , si no se ha tenido la voluntad  por parte del Estado de  aclarar toda la verdad, tampoco se tendrá un acto de contrición verdadero por parte del Estado o de sus instituciones.

Post scriptum:  "Muy Valiente gesto" el del presidente Santos al indicarle a la opinion publica, y en particular a los campesinos, con ocasión de el paro armado con que un grupo armado desafió al país recientemente,  como deberían comportarse al recibir  panfletos para presionarlos por parte  miembros de grupos armados ilegales. 


Claro que alguna diferencia hay  de estar en Bogotá, en un bunker, rodeado de cientos de escoltas armados hasta los dientes, a cientos de kilómetros del ilegal que le envió el panfleto por fax, en el peor de los casos, a estar en el campo, en un rancho rodeado por su familia desarmada y a grandes distancias de un policia o un soldado, recibiendo personalmente una  amenaza  por parte de un sujeto armado al que probablemente desde hace mucho tiempo reconoce como un asesino en la región.  Seguramente no hay mucho campesino dispuesto a realizar el show que recomienda el presidente.