CUANDO EDUARDO UMAÑA LUNA DESTAPÓ LOS CRÍMENES DE INTELIGENCIA MILITAR.
Era una mañana de
la última semana de abril de 1989. Como de costumbre, llegué a alrededor
de las 7:00 de la mañana al apartamento de Eduardo, con sus consabidos y
eternos acompañantes, los dos paquetes de cigarrillos que siempre me
encargaba llevarle. Era
el mismo apartamento del barrio Nicolas de Federmán en Bogotá,
convertido en oficina, donde sería vilmente asesinado nueve años
después.
Ese día no hablamos de las cuestiones que yo debía hacer, como era habitual. Eduardo estaba preocupado y misterioso. Me dijo que necesitaba que le prestara esa noche mi carro, y que estuviera pendiente de su llamada en las horas de la noche. “Luego te cuento”, me dijo. Esa misma noche me llamó y pasó por el carro. Me pidió que estuviera pendiente de su llamada. No sabía a qué horas la podría hacer, pero me dejó claro que, si al día siguiente no tenía noticias suyas, prendiera las alarmas y le avisara inmediatamente a Amnistía Internacional.
Hacia las 2 o 3 de la mañana, Eduardo me llamó para avisarme que todo estaba bien y que en un rato pasaba a Representante para Suramérica de la Comisión Internacional de Juristas. el carro. Cuando nos vimos, me dijo que pasara a su apartamento hacia finales del mediodía.
Una vez allí, Eduardo me contó lo sucedido: el 25 de abril, Amparo Tordecilla Trujillo y Carlos Uribe habían sido desaparecidos por varios hombres en dos operativos en Bogotá. Ella era militante del grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación (Epl) y él, miembro del Partido Comunista Colombiano-Marxista Leninista (PCC-ML). Ambos eran enlaces del Epl con los funcionarios de la Presidencia de la República y los miembros de la Comisión de Notables, integrada por personalidades de los partidos políticos que acompañaban las conversaciones que el grupo guerrillero y el Gobierno estaban desarrollando con miras a un proceso de paz.
Carlos Uribe había logrado escapar de sus verdugos. Luego de ser capturado en las horas de la noche ese 25 de abril, había sido llevado en un Renault 4 a un predio rural. Allí, luego de recibir instrucciones de asesinarlo, sus captores lo dejaron esposado a un árbol y se dirigieron hacia la finca del predio, en busca de un silenciador. Uribe logró zafarse y huyó del lugar. En su huida llegó a un Centro de Atención Inmediata de la Policía (CAI), ubicado en inmediaciones de Soacha. Desde allí, llamó por teléfono a Eduardo y a un alto funcionario del Gobierno. Eduardo se trasladó inmediatamente a rescatarlo.
El préstamo del carro había sido justamente para que Eduardo y Carlos Uribe fueran a recorrer la zona e identificaran el predio donde Uribe había sido transportado para ser ejecutado. Y, me diría Eduardo, lo habían encontrado. Además, Carlos había podido identificar el carro que habían usado sus captores.
Eduardo dio toda esa información a la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación y el 27 de abril, la Sijín de la Policía allanó el predio y halló el Renault 4. En la finca encontraron a una persona que se identificó como Bernardo Garzón Garzón, contra el cual se iniciaría una investigación penal.
A principios de 1990, Eduardo fue contactado por Bernardo Garzón Garzón, quien le revelaría que era sargento y que trabajaba desde 1978 para inteligencia militar, primero en el Batallón de Inteligencia Brigadier General Charry Solano, y en ese momento, en la Brigada XX de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. Garzón Garzón le dijo a Eduardo que, a raíz del caso de Carlos Uribe, había caído en desgracia con sus superiores y que temía por su vida y la de su familia.
El sargento le relató a Eduardo que hacía parte de un grupo de tareas especiales de la Brigada XX y le dio todos los pormenores de la captura de Amparo Tordecilla y Carlos Uribe y los nombres de los oficiales, suboficiales y demás miembros de la Brigada XX implicados. Asimismo, el militar le reveló a Eduardo los pormenores de varios asesinatos y desapariciones forzadas, incluidos los nombres de los militares y civiles de inteligencia implicados en esos crímenes y los datos de los vehículos empleados. Pero, más aún, Garzón Garzón le indicó el lugar donde habían sido abandonados los cuerpos sin vida de las víctimas desaparecidas: cerca al municipio de Guayabetal, en la vía Bogotá – Villavicencio.
Luego de varias conversaciones y encuentros, Eduardo convenció a Bernardo Garzón Garzón de plasmar por escrito todas esas informaciones y revelaciones para hacérselas llegar a la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. El 26 de julio de 1990, esa Oficina, acompañada por Eduardo, realizaba una inspección al cementerio del municipio de Guayabetal. Allí, encontraron sepultado sin identificar el cadáver de Amparo Tordecilla, así como los de Nydia Erika Bautista, Víctor Manuel Nieto Campos, Bertel Prieto Carvajal, Francisco Luis Tobón y 11 personas más, todas desaparecidas por el grupo de tareas especiales de la Brigada XX.
Además de las denuncias presentadas ante la justicia, Eduardo presentaría el caso de Amparo Tordecilla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por esos hechos, serían condenados varios militares en 2003 y, el 24 de febrero de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado colombiano “una investigación imparcial y efectiva”. Sin embargo, Eduardo nunca pudo ver los frutos de su trabajo: el 18 de abril de 1998 fue vilmente asesinado.
*. Federico Andreu es representante para Suramérica de la Comisión Internacional de Juristas.
Fuente Elespectador.com autor: Federico Andreu
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