Alias ‘Otoniel’: ejemplo sangriento de tres desmovilizaciones fallidas
No es posible comprender la naturaleza de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia sin conocer la historia que rodea a su principal jefe, el hombre más buscado del país, quien está enviando mensajes para lograr un sometimiento a la justicia y que conoce de desmovilizaciones y entregas de armas al gobierno nacional.
“Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país”, expresó Dairo de Jesús Úsuga David, alias ‘Otoniel’ a través de un video revelado en días pasados. “Una vez estén dadas las condiciones, estamos dispuestos suspender todas las actividades ilegales de la organización”.
No es la primera vez que este hombre toca las puestas del Estado colombiano con la intención de deponer fusiles a cambio de perdón judicial. De hecho, la historia del hombre más buscado de Colombia, así como de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), condensan el fracaso de tres desmovilizaciones y sus respectivos planes de reinserción a la vida legal.
Se trata de una larga historia de acuerdos, incumplimientos e insatisfacciones que, vistos en retrospectiva, despiertan serias dudas sobre la verdadera voluntad de sometimiento del temido capo, tal como lo manifestó el pasado 5 de septiembre, pero también sobre la capacidad del Estado de brindar garantías reales y efectivas de reintegración a personas que forjan sus proyectos de vida al fragor de la guerra y el crimen como en el caso de ‘Otoniel’, quien ha vivido los últimos 40 años de su vida empuñando fusiles para ejércitos irregulares de diferentes siglas.
En su momento fueron las banderas del Epl (Ejército Popular de Liberación), de inspiración comunista, las que lo convocaron a las armas. Del corregimiento Nuevo Antioquia, de Turbo, salió, junto con su hermano, Juan de Dios, a engrosar las filas de esa guerrilla que, para 1987, se peleaba a sangre y fuego cada vereda del norte del Urabá antioqueño con los nacientes grupos paramilitares de Fidel Castaño, así como con el Ejército Nacional.
“Llegaron muy jóvenes. A mí siempre me sorprendió que, ellos, que eran de Nuevo Antioquia, donde eran más fuertes las Farc que nosotros, se hayan venido para el Epl. Nosotros éramos muy fuertes en el Norte de Urabá”, recuerda Mario Agudelo, exintegrante de este grupo insurgente que luego se transformó en el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad.
Eran tiempos turbulentos para toda la región de Urabá. Las guerrillas combinaban todas las formas de lucha para anteponerse ante sus enemigos, mientras los paramilitares de Fidel Castaño apelaban a la macabra estrategia de las masacres. Para los actores armados en disputa, la dinámica de la guerra demandaba estrategias militares avezadas y personas capaces de llevarlas a cabo y ahí despuntaron los hermanos Úsuga, mucho más que en las acaloradas discusiones sobre cómo derrocar las oligarquías y el sistema capitalista.
“Nosotros teníamos células del partido (comunista) en los frentes. Es decir, teníamos dirigente político y comandante militar. Pero cuando ellos ingresan, les toca una época muy activa del Epl en la parte militar. Muchos combates, mucho enfrentamiento. Llegaron a tener algún mando, por lo buenos que eran en la parte militar. Pero su formación política era más bien pobre”, recuerda Agudelo.
La apertura democrática que plantearon los dirigentes del Epl una vez dejaron las armas en marzo de 1991 que buscaba articularse con movimientos más lejanos del maoísmo-leninismo y más cercanos al centro del espectro político, luego de una corta, pero intensa negociación con el gobierno de César Gaviria (1990-1994), no logró cautivar ni a los hermanos Úsuga ni tampoco a un conjunto de mandos medios que no vio en el proselitismo político una opción de vida, pero tampoco se dejó seducir por una oferta institucional lenta y desarticulada.
“Se trató de un grupo de jóvenes muy propensos a la reincidencia delincuencial, porque eso pasó: se dedicaron a la delincuencia común en Apartadó, en Turbo”, relata Álvaro Villarraga, actual director de Acuerdos por la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y quien participó del proceso de desmovilización del Epl, al referirse a los hermanos Úsuga y su grupo de amigos. “Fue muy curioso porque se formó como un grupito de amigos en el Epl. Y se volvieron muy amigos y caminaron juntos para todas partes”, agrega por su parte Agudelo.
Amistad forjada en armas
La cúpula de los Gaitanistas inició su camino armado en las filas del Epl en Urabá. Foto: archivo Semana.
A Francisco José Morelo Peñate lo conocieron en el norte de Urabá como el ‘Negro Sarley’. Murió la madrugada del 23 de abril de 2013 en un operativo realizado por comandos Jungla de la Policía Nacional en zona montañosa de Turbo. La acción fue catalogada en su momento por las autoridades como el golpe más contundente propinado a las Agc.
El ‘Negro Sarley’ fue uno de los que, 32 años atrás, se dejó seducir por los “cantos de sirena” de Francisco Caraballo, hombre recio y terco quien consideró que el Epl le había fallado a la revolución y que había que emprender nuevamente el camino de la lucha armada. El ‘Negro’ llegó con un grupo de amigos que forjó durante los años de intensos combates como guerrillero del Epl. Uno de ellos era Roberto Vargas, alias ‘Marcos Gavilán’, recientemente abatido por la Fuerza Pública en operativo llevado a cabo en zona rural de Turbo. Otro de ellos era Elkin González, más conocido como ‘Gonzalo’. Y junto a ellos los hermanos Úsuga: Dairo de Jesús y Juan de Dios.
Todos ellos integraron la disidencia del Epl que adquirió el nombre de Frente Bernardo Franco. Y en esta “aventura armada”, antiguos combatientes como ‘Sarley’, ‘Gonzalo’, ‘Marcos Gavilán’ y los hermanos Úsuga adquirieron gran protagonismo: eran combatientes altamente preparados para la confrontación armada y conocían los antiguos territorios del Epl. Además, se movían con soltura y determinación en una región inhóspita, inmensa e inclemente como el Urabá antioqueño como quieran que nacieron y crecieron allí.
Pero la pobre formación política de los nuevos comandantes condenó al fracaso la disidencia “caraballista”. Ni ‘Gonzalo’, ni ‘Sarley’, ni los hermanos Úsuga lograron cautivar las masas y rápidamente quedaron atrapados en la espiral de violencia que desataron las Farc, las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y los Comandos Populares, grupo armado que surgió como respuesta al exterminio que iniciaron las Farc y la disidencia del Epl contra los “esperanzados”, nombre con que se conoció a los militantes de Esperanza, Paz y Libertad.
Tras la captura de Caraballo, en junio de 1994, y reducidos a su mínima expresión, los disidentes del Epl terminaron protegidos por las Farc, donde se reorganizaron bajo el nombre de Frente Pedro León Arboleda. “Pero ellos tuvieron un problema grave con las Farc. Al parecer mataron un campesino muy cercano al jefe del Frente 5 de ese momento y les tocó volarse de Belén de Bajirá”, recuerda Mario Agudelo.
Fue entonces cuando comenzó a gestarse la segunda desmovilización de los Úsuga y sus amigos. Acorralados por las Farc, los sobrevivientes de la disidencia decidieron buscar la protección de Carlos Castaño, quien para la fecha ya despertaba odios, miedos y admiraciones por su discurso contrainsurgente y las acciones violentas que ordenaba como comandante de las Accu desde su centro de operaciones en las veredas El Tomate y Catalina, de San Pedro de Urabá.
Quedará para la historia la pregunta sin resolver de por qué Castaño les sugirió a los disidentes entregarse ante el gobierno nacional. Y más aún, porque el máximo vocero de los nacientes grupos paramilitares medió ante las autoridades civiles y militares y organizó personalmente la entrega del Frente Pedro León Arboleda.
En efecto, archivos periodísticos señalan que, en agosto de 1996, en la finca Cedro Cocido, ubicada en el corregimiento Leticia de Montería, de propiedad de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, 60 guerrilleros del Frente Pedro León Arboleda hicieron entrega de sus armas ante delegados de la Presidencia de la República, la Fiscalía y autoridades cordobesas. Los combatientes, dirigidos por Juan de Dios Úsuga, alias ‘Giovani’, declararon a los medios de comunicación en aquel entonces que luego de hablar con Carlos Castaño decidieron dejar sus armas, cansados de tanta violencia.
“Él nos dijo que nos iba a dar tierras para nosotros trabajar y vivir en paz con nuestras familias”, declaró alias ‘Giovani’ a los periodistas que lo abordaron en aquel agosto. Tomás Concha, director en ese momento de la Oficina Nacional de Reinserción, declaró ante medios de comunicación que la Fiscalía entraría a resolver la situación jurídica de los desmovilizados para luego incluirlos en los planes de reincorporación a la sociedad.
Pero no ocurrió así. Los disidentes terminaron albergados en tierras de Carlos Castaño quien, conocedor de sus habilidades para la guerra, finalmente terminó vinculándolos a su proyecto paramilitar justo en momentos en que las Autodefensas se aprestaban a dar el salto de simples cuadrillas de sicarios a un verdadero ejército irregular con intenciones de expansión.
Historia paramilitar
En enero de 2015 la Fuerza Pública lanzó en Urabá la Operación Agamenón para netralizar el accionar de ´Otoniel´ y sus hombres. Ese era el registro más reciente que se tenía de él. Foto: Semana.com.
Ni ‘Otoniel’, ni el ‘Negro Sarley’, ni siquiera ‘Marcos Gavilán’ tuvieron poder de mando en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), pero terminaron siendo hombres de confianza plena de Carlos Castaño, quien no pocas veces les delegó acciones de guerra para ejecutar en varias regiones de Antioquia y el país.
Ejemplo de ello fueron los múltiples asesinatos cometidos en el municipio de Peque, occidente de Antioquia, durante la primera quincena de julio de 2001. Según relataron paramilitares postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, entre el 3 y el 10 de julio de 2001, un comando de 800 paramilitares ingresó al casco urbano desde la localidad vecina de Buriticá y en su recorrido forzaron el éxodo de más de tres mil labriegos; secuestraron a 54 personas; asesinaron otras diez y torturaron cinco más; destruyeron y saquearon todo el comercio y robaron más de tres mil cabezas de ganado.
Para conformar este numeroso grupo, los jefes paramilitares con bloques en Antioquia debieron aportar hombres para esta misión: Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, comandante del Bloque Mineros, respondió al llamado enviando tropas desde Tarazá, Bajo Cauca antioqueño; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y Salvatore Mancuso hicieron lo propio desde tierras cordobesas. Quien comandó el operativo fue alias ‘Marcos Gavilán’, designado personalmente por Carlos Castaño, dada la confianza que tenía en las capacidades militares del exguerrillero del Epl.
Lo mismo sucedió con alias ‘Giovani’, quien fue enviado por los Castaño a los Llanos Orientales a finales de los años noventa para apoyar las acciones del Bloque Centauros, comandado por Miguel Arroyave. En la Altillanura terminaría encontrándose con Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, hombre de confianza de Arroyave y hermano del jefe paramilitar Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’. En aquel entonces nadie previó que un Rendón y un Úsuga serían los artífices de uno de los grupos armados más complejos que ha tenido el país en la última década.
Según lo reveló Hebert Veloza, alias ‘HH’, ante fiscales de Justicia y Paz, ‘Giovani’ también participó en la conformación del Frente La Buitrera, del Bloque Calima, que tuvo presencia en los municipios vallecaucanos de Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Cerrito, y los municipios caucanos de Miranda y Corinto. De acuerdo con Veloza, Juan de Dios Úsuga llegó a la región por orden de Castaño.
Los disidentes del Epl que buscaron la ayuda de Carlos Castaño terminaron desmovilizándose -por tercera vez- en los diferentes bloques de las Auc del país. El ‘Negro Sarley’, por ejemplo, entregó nuevamente sus armas el 18 de diciembre de 2004 en la finca El Jardín, del corregimiento Galicia del municipio de Bugalagrande, sitio de concentración del Bloque Calima. Por su parte, ‘Marcos Gavilán’ participó en la desmovilización del Bloque Mineros, llevada a cabo el 20 de enero de 2006 en la hacienda Ranchería de la vereda Pecoralia de Tarazá. Juan de Dios Úsuga también se desmovilizó el 3 de septiembre de 2004 bajo las huestes del Bloque Centauros, evento celebrado en la finca Corinto del corregimiento Tilodirán de Yopal, Casanare.
El grupo de viejos amigos y guerreros regresó a la región que los vio nacer: el Urabá antioqueño y allí terminaron respondiendo una vez más el llamado de una violencia que requería hombres con su trayectoria criminal.
Aparecen las Agc
“La mayoría de los compañeros del Estado Mayor Negociador fueron capturados mucho antes de que saliera la Ley de Justicia y Paz. No se respetaron los salvoconductos que impedían la captura. Un mes después de la captura no se han expedido los decretos reglamentarios de las leyes 782 y 975. El acogimiento a la Ley de Justicia y Paz lo hicimos en circunstancias y condiciones muy diferentes a las de hoy", consignó el poderoso jefe paramilitar Vicente Castaño en carta enviada en septiembre de 2006 al entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.
En la misiva, que reposa en los archivos de la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, el máximo vocero de las Auc manifestó su descontento por lo que consideró un engaño. Fue, quizás, el punto de quiebre de las negociaciones con los paramilitares: Vicente le pidió a un puñado de hombres de su más cercano círculo de confianza no cumplir la orden impartida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2006-2010), que les exigió a los máximos comandantes paramilitares recluirse en un centro recreacional de La Ceja, Antioquia.
Entre quienes no acogieron dicho llamado figura Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, quien regresó a San Pedro de Urabá, donde, por años, funcionó el centro de operaciones de las Auc. Lo que encontró a su llegada fue un vacío de poder que rápidamente procuró copar. Informes de la época, elaborados entre otros por la Defensoría del Pueblo, señalan que luego de la desmovilización de los paramilitares, pequeñas redes de narcotraficantes continuaron sacando alijos de cocaína por diferentes puntos del Golfo de Urabá con ayuda de desmovilizados de las Auc y que localidades como Necoclí y San Pedro de Urabá funcionaban como centro de acopio de alcaloides.
Alias ‘Don Mario’ se propuso entonces reorganizar las actividades de narcotráfico que en el pasado manejara su hermano, alias ‘El Alemán’, como comandante del Bloque Elmer Cárdenas. Y, para lograrlo, se apoyó en un grupo de hombres con experiencia militar y amplios conocedores de la región: los hermanos Úsuga, el ‘Negro Sarley’, ‘Marcos Gavilán’. Esa situación quedó consignada en sendos informes elaborados en su momento por organizaciones como el entonces La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el International Crisis Group y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp-OEA).
Así nació el grupo conocido como ‘Héroes de Castaño’, pero este nombre no duraría mucho tiempo. El 15 de octubre de 2008 protagonizaría su primer hecho de alto impacto: argumentando incumplimientos del gobierno nacional a la población desmovilizada de las Auc, promovieron un paro armado que obligó al cierre del comercio y la suspensión del servicio de transporte público en los municipios de Chigorodó, Carepa, Turbo y Apartadó.
Las calles de estos municipios fueron inundadas con panfletos alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en los que se consignó su mensaje central: “Le queremos informar a la opinión pública nacional que en vista de los incumplimientos del gobierno en el proceso de paz que adelantó con las Autodefensas Unidas de Colombia, y el avance de la guerrilla en busca de controlar zonas donde ha ejercido control la autodefensas durante muchos años, nos vimos obligado a continuar con nuestra lucha antisubversiva y en defensa de los intereses de las comunidades más vulnerables víctimas del abandono estatal producto de la corrupción político-administrativa”.
Para principios de 2009, el Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia identificó su presencia en el Urabá antioqueño (San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Arboletes, Necoclí, Turbo, Apartadó, Chigorodó); Urabá chocoano (Riosucio); Córdoba (Montelíbano, Puerto Libertador, Valencia, Tierralta, Montería, Moñitos, Los Córdobas y Puerto Escondido); y Nordeste antioqueño (Anorí, Amalfi, Gómez Plata y Carolina del Príncipe).
Sobre su ingreso al Bajo Cauca antioqueño se han tejido varias hipótesis. Organizaciones no gubernamentales plantean que esto obedeció al interés de esta banda criminal de arrebatarle territorios aptos para el narcotráfico bajo dominio de ‘Los Paisas’, ‘Las Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’, pequeños grupos armados surgidos luego de la desmovilización del Bloque Mineros y que continuaron operando en la región.
La Fiscalía 15 de Justicia y Paz ha señalado que lo que desató la guerra entre los ‘gaitanistas’ y ‘Los Paisas’ y ‘Los Rastrojos’ fue la muerte de Lázaro Rendón, hermano alias ‘Don Mario’ y ‘El Alemán’. Según el Ente Investigador, Lázaro fue asesinado en febrero de 2008 en el corregimiento Piamonte, de Cáceres, y su cuerpo arrojado, a las aguas del río Cauca, fue hallado días después en inmediaciones de Caucasia.
‘Don Mario’ acusó de la muerte de su hermano a los herederos del imperio criminal de Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, por lo que inició una vendetta contra familiares del exjefe paramilitar y antiguos combatientes del Bloque Mineros. La primera víctima de esta retaliación fue José Nelson Vanoy Murillo, hermano de ‘Cuco Vanoy’, quien fuera asesinado el 21 de julio de 2008 en el municipio de San José de Uré, Córdoba.
Esto terminó desatando una largo y cruento enfrentamiento armado que en 2012 se saldó en un pacto entre ‘Los Rastrojos’ y Gaitanistas que les supuso a los segundos el control absoluto de la región y su posibilidad de expansión al Nordeste de Antioquia y de ahí al Magdalena Medio.
Para Álvaro Villarraga, el fenómeno Gaitanista muestra ciertas líneas de continuidad con el paramilitarismo, “en especial en sus repertorios de violencia donde se destaca las amenazas hacia líderes sociales, sindicalistas, comunidades, activistas de derechos humanos, pero también hay rupturas y es que se trata de una fase más degradada de esa parte delincuencial que tuvieron las Autodefensas. Las actuaciones están más articuladas a redes de narcotráfico”.
De acuerdo con diferentes organismos humanitarios, entre ellos la Defensoría del Pueblo, las Agc son las mayores responsables de hechos violatorios a los derechos humanos en los últimos cinco años, particularmente en casos de desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y amenazas.
En un reporte de esta agencia del Ministerio Público se lee que “esta organización armada conserva una estrategia contrainsurgente que se basa en el señalamiento, las amenazas y la presión contra formas de organización social local por la defensa de derechos y del territorio de comunidades campesinas e indígenas. Estos factores han permitido que el grupo armado ilegal regule de forma violenta las relaciones sociales”.
Su proceso de expansión ha sido intenso y acelerado, al punto que su presencia, según investigaciones recientes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se puede advertir actualmente en poco más de 107 municipios del país, llegando a tener una cifra cercana a los 1.700 hombres en armas, sin contar las redes de outsourcing que han logrado edificar en diferentes ciudades del país para sus fines criminales.
“La revisión de prensa permite establecer que por algún tipo de presencia se debe entender que ha habido, principalmente, capturas, incautaciones de cargamentos de droga y armas, denuncias por extorsiones y otros delitos. Esto fortalece la hipótesis del crecimiento de redes o niveles de subcontratación, así como el presunto uso de la marca Agc, táctica muy común por parte de grupos o estructuras delincuenciales que buscan intimidación y aparentar un poder que realmente no tienen”, consigna la FIP en su más reciente informe.
Durante una década, las Agc han demostrado una gran capacidad de recomposición y una flexibilidad que les permite adaptarse a las circunstancias. Lo demostraron en abril de 2009, cuando miembros de la Policía Nacional capturaron en zona rural del municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, a alias ‘Don Mario’. Lo hicieron nuevamente cuando el 1 de enero de 2012, integrantes de la Fuerza Pública abatieron en zona rural de Acandí, Chocó, a Juan de Dios Úsuga, alias ‘Giovani’, quien heredó el mando tras la captura de ‘Don Mario’.
Cinco días después, esta muerte se convertiría en una excusa para demostrar el poder que para ese año tenía la organización armada. A través de un panfleto distribuido casa por casa decretaron el segundo paro armado, que afectó decenas de municipios, entre ellas sus capitales, en los departamentos de Magdalena, Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar.
Luego caería el ‘Negro Sarley’ y, más recientemente, fue abatido ‘Marcos Gavilán’. Ambos fueron vistos en parajes recónditos del Urabá antioqueño como grandes benefactores, campesinos comunes y corrientes que empuñaron las armas para darles qué comer a su pueblo. Del grupo de viejos amigos solo queda ‘Otoniel’, quien nuevamente expresa su deseo de entregar las armas y someterse a la justicia tras casi cuatro décadas de operar en la ilegalidad, siempre en la misma región que lo vio crecer, convertirse guerrillero, luego paramilitar y, finalmente, en poderoso narcotraficante.
Esa intención del máximo jefe de las Agc echa por tierra el propósito esbozado en uno de sus documentos internos incautados por la Policía Nacional: “para 2018, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia-Jorge Eliecer Gaitán’ serán un actor armado y político que buscará entablar negociaciones con el gobierno nacional”. Nada más distante de la realidad.
Tomado de el portal VerdadAbierta.com septiembre 12 de 2017
Enlaces:
http://www.verdadabierta.com/rearme/6745-alias-otoniel-ejemplo-sangriento-de-tres-desmovilizaciones-fallidas
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