"LOS JUECES ESTAN EN UNA TRAMPA MORAL" TRATANDO DE ENTENDER

Nota del editor: 

Nos alejamos de la politica de no publicar textos de otros medios, pero en este caso es absolutamente necesario transcribir una entrevista al académico Iván Orozco, quien hace una radiografía en nuestro concepto de lo que está ocurriendo en la justicia colombiana.  Coincide totalmente con los conceptos que hemos venido exponiendo en este blog, y deja ver el papel real que debe jugar la justicia en la reconciliación, y como no lo está haciendo. Resaltamos el criterio del profesor Orozco, quien será otra voz que clama en el desierto, pero que ya logró por lo menos decirlo publicamente  y con valentia en un medio de trascendencia como la revista Semana, cuna de "la Verdad Abierta".

"LOS JUECES ESTÁN EN UNA TRAMPA MORAL" (ENTREVISTA A IVÁN OROZCO)

Sábado 18 Febrero 2012

El abuso de la figura de lesa humanidad, la sacralización de las víctimas y satanización de los victimarios, y el sesgo antiestatal de los derechos humanos son algunos de los problemas que tienen a la Justicia dando bandazos, según Iván Orozco. 

Iván Orozco es uno de los intelectuales más interesantes del país. Como profesor de la Universidad de los Andes y como miembro del grupo de memoria histórica ha puesto el dedo en la llaga sobre las encrucijadas de la Justicia, de los derechos humanos y de la guerra misma. Es políticamente incorrecto, pero sus reflexiones son tan controvertidas como pertinentes. SEMANA lo entrevistó a raíz del fallo reciente del Tribunal Superior que ratificó la condena al coronel Alfonso Plazas Vega, para saber qué tanta verdad se está reconstruyendo con estos fallos.

SEMANA: ¿Tiene pies o cabeza que el expresidente Belisario Betancur sea llamado por la Corte Penal Internacional como lo sugirió en su reciente fallo el Tribunal Superior de Bogotá?

Iván Orozco: Eso tiene que ver con el perrateo del concepto de lesa humanidad y es un error de la judicatura. Están calificando los crímenes como de lesa humanidad por su gravedad y eso no tiene nada que ver con el Estatuto de Roma. La CPI califica los crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático y masivo. Nuestras cortes están haciendo un ejercicio de memoria infinita hacia adelante y hacia atrás que, en casos como este, lo único que se hizo fue echarle leña al fuego y favorecer la polarización.

SEMANA: ¿Hay una paradoja moral en el hecho de que Gustavo Petro sea alcalde y el Ejército tenga que pedir perdón?

I.O.: Lo que ocurre es que el discurso de los derechos humanos tiene un sesgo antiestatal, porque nace para controlar al Estado absolutista del Leviatán, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y la experiencia del Estado totalitario, que era el gran victimario potencial. Los derechos humanos corrigen la asimetría entre el poder del Estado y el del ciudadano. Pero se paga un costo alto por eso porque se hacen muy visibles las responsabilidades del Estado y se vuelven invisibles las de los enemigos de este. 

SEMANA: ¿Eso es lo que se le puede criticar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

I.O.: Yo creo que la CIDH es heredera de la tradición de Núremberg. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra total en la que ninguno de los bandos respetó la distinción entre objetivos civiles y militares, donde hubo todo tipo de retaliaciones y un proceso de victimización horizontal. Sin embargo, en los juicios de Núremberg se separaron de manera radical los campos de la víctima y el victimario. Los actos de guerra se sacaron de su contexto y se presentaron como ocurridos en una dictadura. Fue una justicia de vencedores. Ese legado casó como anillo al dedo en la América Latina de las dictaduras militares donde el Estado tenía el monopolio de los instrumentos de barbarie, mientras la población estaba indefensa. Montada sobre esos dos pilares, la Corte Interamericana es punitiva en exceso. 

SEMANA: Entonces ¿es cierto que los jueces no entienden la guerra?

I.O.: En parte es cierto porque con la lupa de los derechos humanos no pueden ver el colapso del Estado y las múltiples responsabilidades en la victimización. Está bien que hablen de verdad, justicia y reparación y empoderen a las víctimas. Eso es un avance civilizatorio. Pero si se somete el Derecho Penal a esa lógica, se desbalancea el equilibro entre derechos de las víctimas y del reo. Se construye un derecho penal de enemigo. 

SEMANA: Por ese camino ¿está la Justicia cerrándole el camino a un eventual proceso de reconciliación?

I.O.: Los jueces están metidos en una especie de trampa moral. Tienen pánico moral porque los discursos humanitarios han ido demasiado lejos en la construcción de una víctima y de un victimario ideal. Prueba de ello es la incapacidad para trajinar con las víctimas políticamente complejas.

SEMANA: ¿Cuáles son esas?

I.O.: Víctimas que tienen una responsabilidad por ejemplo en los hechos que condujeron a su propia victimización. En el proceso de justicia y paz ha habido situaciones como que unas víctimas reconocieron que habían participado en el secuestro de uno de los jefes paramilitares imputados. El sistema deja a un lado esa complejidad. Trabaja con víctimas y victimarios puros, seguramente para lograr que funcione. Pero eso tiene un efecto brutal porque separa de manera radical la justicia de la verdad. 

SEMANA: Pero mostrar esa complejidad puede terminar por servirle de justificación al victimario… 

I.O.: Ese riesgo existe. Yo acepto que en un primer momento, con miras a empoderar a las víctimas, sin duda va a ser más fácil la restitución de tierras si tenemos una visión purificada de ellas. Pero en el mediano plazo eso se convierte en una trampa porque la sociedad está llena de zonas grises, que son la humanidad compartida entre victimarios y víctimas. 

SEMANA: ¿Y qué es exactamente una zona gris?

I.O.: Un ejemplo perfecto de figura de zona gris es Irma Franco, la guerrillera desaparecida en el Palacio de Justicia. Ella es victimaria porque hace parte del grupo que se toma el Palacio. Pero en la medida en que sobrevive a la batalla de la contratoma y queda en condición de indefensión se convierte en víctima. Un principio básico es que la víctima no lo es por inocente sino por indefensa. Para la sociedad es importante mandar el mensaje de que las víctimas complejas son víctimas. Pero la Justicia no ha sido capaz de representar a ese tipo de víctimas. 

SEMANA: ¿Ese es el caso por ejemplo de muchos miembros de la UP?

I.O.: Ahí puede haber una gran zona gris.

SEMANA: Con la tesis de la responsabilidad mediata que condenó a Plazas Vega, y en un país con tantos crímenes de guerra ¿se va a ir medio Ejército para la cárcel?

I.O.: Yo digo que en las cortes hay un pánico moral, una incapacidad para reaccionar razonablemente frente al problema de la impunidad y una gran incapacidad de ser selectivos. Si hay algo patético es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que equipara el concierto para delinquir agravado con un crimen de lesa humanidad. Eso empantana la Justicia. ¿Qué puede hacer una Fiscalía a la cual le presentan la guerra colombiana como un bloque de acero constituido todo por un solo crimen de lesa humanidad?

SEMANA: ¿Qué consecuencias tendrá esto para un eventual proceso de paz?

I.O.: En el pasado, cuando se negociaba la paz se daba por descontado que la Justicia no alcanzaba las cúpulas porque era con ellas que se negociaba. La nueva conciencia humanitaria está interesada sobre todo en la responsabilidad de las cúpulas. Ese es el problema más serio para una negociación. 

SEMANA: En ese caso ¿tienen entonces razón los militares al buscar un fuero ampliado?

I.O.: Sentencias como la del Tribunal Superior, en la medida en que contienen despropósitos como lo de Belisario, dan papaya para quienes defienden el fuero ampliado. Personalmente no comparto eso. En la medida en que se prolongue la guerra, un fuero ampliado le quita control al Estado sobre la gestión militar y el precio que se paga en legitimidad internacional es muy alto. 

SEMANA: Pero si se trata de un Ejército vencedor… 

I.O.: Una guerra que se barbariza es una guerra en la cual el Ejército no puede mostrarse como el único que no incurrió en barbarie o que aquella fue cometida por cuatro manzanas podridas. Hubo momentos donde la ideología forzó la barbarie, como en los años setenta y ochenta, con la doctrina de seguridad nacional y que explica en buena medida que el Ejército se haya ensangrentado profundamente en la guerra. Quienes aquí piensan que pueden hacer una justicia de vencedores, de autoamnistía, donde ellos van arropados en la bandera como héroes y los enemigos son los únicos que cometieron barbaridades, están equivocados.

SEMANA: Pero el presidente Santos parece respaldar esa aspiración… 

I.O.: Él es el comandante en jefe del Ejército en un país en guerra. No tiene margen de maniobra y se expone a una fractura que ni yo quiero imaginar. Por eso la paz negociada es una fórmula necesaria aun en un contexto de victoria estratégica del Estado porque permite construir una verdad y una memoria del conflicto. 

SEMANA: Pero si no hay una negociación ¿cómo lidiar con el pasado?

I.O.: Estamos aprendiendo sobre la marcha. Creo que las cortes deberían sacudirse un poco de la obediencia debida a la jurisprudencia del exterior. Debería ser una obediencia reflexiva. El viejo principio de soberanía debería ser retomado a la luz de la pertinencia. 

SEMANA: Pero es real que la CPI u otras cortes pueden llegar a intervenir en Colombia, y de hecho, cada día el Estado es condenado… 

I.O.: La CPI como tribunal penal que es, y a pesar de ser heredera de Núremberg, todavía recoge la tradición liberal y es capaz de pensar políticamente criterios de selectividad. De hecho, la Fiscalía de la CPI tiene una discrecionalidad para decidir si escoge o no un caso. Y ello indica que la selectividad es legítima. El sistema interamericano, en cambio, está creando un impacto terrible. Hoy el galimatías de las jurisprudencias para un futuro proceso de paz es inaudito. Hay contradicciones y enredos entre terrorismo, delito político y derechos humanos, es un paquete inmanejable y que configura un muro frente al que va a ser muy difícil negociar. 

EL CASO GARZÓN CON INTERPRETACIÓN COLOMBIANA. (AJGF)

Muy notorio ha sido el caso del juez Baltazar Garzón, quien se ha visto abocado a una condena por el mismo tribunal y el mismo sistema de justicia que ayudó a construir y que en España, su patria y en Europa protagonizó procesos no solo de resonancia nacional, sino continental y mundial. Fue quien se atrevió a procesar a Pinochet, el dictador chileno a quien tantísimas violaciones de derechos humanos se le atribuyen; apoyó a las victimas de las dictaduras militares en argentina, asumió el proceso de reconocimiento de las victimas del franquismo en su país, persiguió a los terroristas de ETA, persiguió al narcotráfico y se consolidó como un baluarte de la defensa del estado de derecho español, y un retador permanente al terrorismo de Estado. En resumidas cuentas, desde la judicatura ha sido un luchador por la defensa de los derechos humanos.

El caso judicial contra Baltazar Garzón se inicia en una conspiración en su contra que se originó en un proceso por corrupción, en el que ordenó un seguimiento telefónico a varios de los participantes en una de las mas grandes defraudaciones al fisco, casualmente una de esas defraudaciones que tienen al estado español al borde de la bancarrota total. 

La legislación española solo permite esas escuchas, en los casos de terrorismo, y de nada valieron las analogías, ni las argumentaciones sobre que la corrupción es tanto o mas relevante jurídicamente que el terrorismo. El juez se equivocó y se extralimitó y hoy paga por ello. 

No se consideró por parte del tribunal que la fiscalía, y sectores de las altas cortes aceptaban como licitas esas conductas, y que el mismo tribunal en casos anteriores había validado conductas de ese tipo, o sea que había jurisprudencia favorable previa de el mismo tribunal, la Real Audiencia Española. Tampoco se consideró seguramente que los escuchados e investigados, quienes a la postre resultaron siendo las victimas, fueran personas afines al gobierno actual, y cercanas al mismo presidente del gobierno de ese país. 

El juez se equivocó y se extralimitó y hoy paga por ello. 

O sea, que si uno percibe esto en estas latitudes bastante retiradas de la madre patria, en España la percepción generalizada es de que fue un fallo, mas que político, una venganza contra Garzón por su decidida lucha, que con hechos palpables y notorios ha realizado en bien de la justicia universal y de la de su país. Es la revancha de los corruptos. No es gratuito que mientras el 70% de los consultados en las encuestas de opinión piensan que hay un complot contra Baltazar Garzón, mas del 70% de los encuestados en otra encuesta tienen una pésima imagen del actual gobierno español.

El gobierno colombiano ha decidido continuar con la asesoría que le ha brindado Baltazar Garzón a través de la OEA en materia de justicia transicional. Actitud en nuestro concepto, razonable, toda vez que se permite dar continuidad a su importante trabajo y nadie desconoce las capacidades que en esta materia tiene el mencionado ciudadano español.

Pero por Colombia se ataca también al señor Garzón. El poderoso e intocable Procurador General de la Nación, a quien se le ha concedido por gracia constitucional la potestad disciplinaria y jurídica sobre los funcionarios públicos, y el mismo se ha concedido potestades morales por la gracia de Dios, descalifica la asesoría que en materia de justicia transicional le ha brindado Garzón a Colombia, poniéndole en el mismo lugar de funcionarios investigados en Colombia, por chuzadas ilegales, llamándolo prevaricador y delincuente.

¿Será que el procurador no conoce los antecedentes? ¿será que María del Pilar Hurtado la asilada exdirectora del supuestamente extinto DAS puede tener la experticia suficiente para asesorar a otro estado sobre solución de conflictos o justicia transicional? ¿Alguien vio al juez Garzón pidiendo amnistia o indulto, preparando impunidad o buscando asilo político en otro país, a pesar de la evidencia de la persecución política en su contra, por parte de sectores afines al gobierno español? ¿Cómo ha sido la reacción del condenado, si no ha sido otra que, dar la cara, afrontar los cargos con decoro y respeto, a pesar de los antecedentes que se conocen únicamente por la prensa y no por su acción?

No se le olvide al señor procurador, que Colombia también está llena de funcionarios corruptos, y que algunos van a querer montar “venganzas criminales” en su contra, por razón de sus pronunciamientos, seguramente todos ajustados a la Constitución y a la Ley, como le ocurrió al Juez Baltasar Garzón en España, contra quien se dirigió una andanada de procesos judiciales para desprestigiarlo, hasta que uno logró su objetivo.

Darle "madera" a un ciudadano extranjero, caído en desgracia en su paìs pareciera mas un "moralista" discurso de reelección, que utiliza la coyuntura en contra de esta persona, para darse un sonoro pantallazo. Por ahora es conveniente no tocar ciertas instancias del poder en Colombia. Habrá que verlo refiriendose con tal vehemencia contra los miembros del Senado, titulares de su posible reelección, que esten siendo investigados disciplinariamente por la procuraduría cuando se este planteando su permanencia como Procurador General para el periodo inmediatamente siguiente.

Mas bien sin dejar de actuar con decisión y contundencia en todos los casos de corrupción que carcomen nuestro Estado, debería pensar en utilizar la vehemencia verbal en contra de los implicados, pero siempre teniendo presente el viejo adagio que dice “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”

¿OBLIGADOS A PEDIR PERDON? (AJGF)

Debe quedar una duda muy grande en la mente los colombianos, sobre si la petición de perdón requerida por una autoridad judicial, impuesta como una obligación a una persona o a una institución, como parte de una sentencia condenatoria, verdaderamente satisface la expectativa de justicia de las víctimas y de la sociedad.

Y debe quedar una duda muy grande porque si lo que se pretende finalmente al final de todo un proceso es reparar el daño causado, no debe ser muy satisfactorio para las personas que esperan dicha reparación, una petición de perdón forzada, que necesariamente conlleva a una negativa  por parte de la víctima, o a un perdón de palabra, entre dientes, también forzado, sin ninguna trascendencia de reconciliación.

Debemos entonces preguntarnos, a raíz de dicha duda, sobre la pertinencia de esa petición de perdón. Siempre dejará dudas, nunca se sabrá si la petición de perdón verdaderamente corresponde a un sentimiento de contrición del victimario, y más bien se presumirá que corresponde a la necesidad de cumplir un requisito, de salir del paso o atender una obligación impuesta por la justicia.

La petición de perdón debe ser espontánea, no forzada, libre, propia, interna, y al exteriorizarse debe corresponder a un sentimiento real del peticionario, que después de la reflexión sobre sus actos, encuentra en ellos la injusticia cometida y desde luego busca no sólo reparar si no acercarse humanamente a las víctimas.

No puede ser una consecuencia más, que como una obligación se impone desde de una condena judicial. No tiene ningún sentido, forzar al victimario a pedir perdón. No es lo mismo que lo haga libre y espontáneamente, durante su proceso penal o por fuera de él.

 En el reciente fallo del proceso en contra del coronel Plazas Vega, por los hechos cometidos durante la retoma del palacio de justicia, se fuerza al Estado colombiano a pedir perdón por tales hechos.

Se declara al Estado Colombiano como victimario y claro es que  en tal condición, el Estado colombiano debería pedir perdón. Y cuando me refiero al Estado colombiano me refiero no sólo a las instituciones sino también a la clase dirigente y política que  lo respalda. Eso sería lo correcto, lo ético y lo justo. No solamente por los hechos cometidos durante la retoma del Palacio de Justicia, sino que dicha petición de perdón debería abarcar todos los períodos de la historia de Colombia,  por haber generado las circunstancias sociales y políticas que han producido esos hechos, y todos los demás hechos que han constituido esa gran tragedia  que ha sido la historia de Colombia y particularmente los que han sido atribuidos al concepto del conflicto armado interno que ocurre en nuestro país desde hace más de 60 años.

No puede ser un misterio oculto  que nuestro conflicto tiene unas profundas raíces sociales, originadas en muchos casos en lo que han denominado los estudiosos, las causas objetivas del conflicto, o sea todos los síntomas de la ausencia de Estado, como la pobreza, la exclusión social, la falta de acceso a la educación, a la salud, a los servicios públicos básicos, el problema agrario y el desplazamiento que ha generado y un largo etcétera. Y tampoco puede ser un misterio reconocer que todo ese largo etcétera de causas objetivas ha sido producto de la forma como nuestra clase dirigente y política ha llevado al Estado.

Si el Estado colombiano hiciera una reflexión sobre las causas objetivas del conflicto, y se comprometiera, no con palabras y no mediante acciones decididas a comenzar a solucionarlas, como parte de su petición de perdón a todas las víctimas del conflicto armado colombiano, bienvenida fuera esa petición de perdón.

Pero como eso no va a ocurrir, al menos no próximamente, seguramente veremos a un funcionario del segundo nivel, pidiendo perdón sin convicción, a la carrera, para salir del paso. También veremos sectores de la opinión pública ensalzando dicha petición de perdón, y a las víctimas insatisfechas, con todo derecho, criticando la petición de perdón de un funcionario de segundo nivel realizadas sin convicción, a la carrera y para salir del paso.

Nada soluciona una petición de perdón forzada, en este caso en particular donde se juzga el delito la desaparición forzada de unas personas, que siguen desaparecidas, hasta el punto de que se pone en duda si existieron. ¿Qué clase de respuesta es esa, para las víctimas? ¿o para la sociedad colombiana? ¿o para la humanidad?

La obligación de pedir perdón es del mundo de la moral y de la ética, tal como la obligación de contar toda la verdad y aclarar la realidad de lo acontecido.  Claro que se tiene, es parte del deber ser de cualquiera que haya transgredido las normas del derecho y mucho mas, si la violación recae sobre los derechos a la vida, la libertad y todos los otros derechos humanos, pero no debe exigirse como condición de un fallo, como parte de una condena, por que forzarla agrede al fuero interno de las personas y justifican reacciones absurdas, como la del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien no solo incita al desconocimiento de una decisión judicial sino que desafía a a la justicia, quebrantando un  principio rector de todo estado de derecho, que es el de armonía y coherencia entre las instituciones.  Igual ¿que mas  se podría esperar? , si no se ha tenido la voluntad  por parte del Estado de  aclarar toda la verdad, tampoco se tendrá un acto de contrición verdadero por parte del Estado o de sus instituciones.

Post scriptum:  "Muy Valiente gesto" el del presidente Santos al indicarle a la opinion publica, y en particular a los campesinos, con ocasión de el paro armado con que un grupo armado desafió al país recientemente,  como deberían comportarse al recibir  panfletos para presionarlos por parte  miembros de grupos armados ilegales. 


Claro que alguna diferencia hay  de estar en Bogotá, en un bunker, rodeado de cientos de escoltas armados hasta los dientes, a cientos de kilómetros del ilegal que le envió el panfleto por fax, en el peor de los casos, a estar en el campo, en un rancho rodeado por su familia desarmada y a grandes distancias de un policia o un soldado, recibiendo personalmente una  amenaza  por parte de un sujeto armado al que probablemente desde hace mucho tiempo reconoce como un asesino en la región.  Seguramente no hay mucho campesino dispuesto a realizar el show que recomienda el presidente.