"QUE SE PRETENDE AL NEGAR EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA" (AJGF) A proposito de la LEY PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

¿Que se pretende al negar el conflicto armado en Colombia?

Quisiéramos no tener que referirnos a esto nuevamente y ya lo dábamos por superado, pero nuevamente aparece el tema del desconocimiento del conflicto armado en Colombia, de su negación, de su pretendida inexistencia, y por tanto quisiéramos puntualizar algunos aspectos que son determinantes y deben ser tenidos en cuenta por la opinión pública al momento de valorar las posiciones en pro o en contra. Nuevamente vimos el estira y afloje por incluir o excluir la definición del conflicto armado en la ley de víctimas, que en buena hora ha sido aprobada por el Congreso de la República, haciendo reconocimiento del conflicto (con una formula tímida, valga decir) y por tanto, visibilizando debidamente por fin desde el punto de vista legislativo a las víctimas de la violencia en Colombia. Presenciamos nuevamente en el escenario del Congreso y en los medios de comunicación el debate, orientado desde la distancia por personas con posiciones agrias y radicales. Nos preguntamos entonces, por qué tanta insistencia, porque tanta persistencia, porque tanta tozudez, y no precisamente por parte de quienes creemos a pie juntillas que en Colombia existe un conflicto armado, escalado, degradado, actual y en progreso, sino de quienes pretenden negar su existencia.

Poniéndonos en los zapatos de ellos, tratando de conciliar sus argumentos con los de quienes como nosotros, reconocemos la existencia de un conflicto armado y por ello, para no ser radicales en nuestras apreciaciones y tratar de consensuar este tema, podríamos decir que si, que en Colombia existe un conflicto armado interno, pero (acercandonos a sus tesis) no lo podríamos admitir porque entonces estaríamos validando la acción del terrorismo. Estamos tratando de ser benévolos con la posición de estas personas. También siendo benévolos entonces diríamos que si se reconoce el conflicto entonces se corre el riesgo de que algún país, que reconozca la beligerancia de las organizaciones armadas y particularmente de la guerrilla. También podríamos admitir en gracia de discusión, que mientras mayor sea el lapso de tiempo que cubra el reconocimiento de las víctimas del conflicto, será más oneroso para el Estado colombiano atender a la reparación integral del daño causado a estas personas. Hasta aquí, tal vez recogeríamos la totalidad los argumentos que ellos exponen en su ferrea oposición.

Pero, ¿ podremos ser tan ingenuos los colombianos como para creer que con desconocer la realidad colombiana entonces nos protegemos del terrorismo, impedimos su actuar y lo alejamos del respaldo que éste pueda tener por parte de algunos miembros de la comunidad internacional, y de paso responsablemente protegemos y cuidamos el presupuesto nacional?

No, los efectos del desconocimiento del conflicto no son estos. En nada benefician al país, puesto que es sólo una entelequia que se ha montado para justificar toda una cantidad de situaciones del pasado y del presente, que de otra manera tendrían (y tendrán) consecuencias jurídicas para quienes incurrieron en ellas. Valga decir también que las consecuencias jurídicas no serán para el gobierno nacional exclusivamente, sino para todos los estamentos del Estado y de la sociedad que han permitido que todas estas situaciones ocurran.

Enumeramos algunas de las situaciones que se pretenden invisibilizar desconociendo la existencia del conflicto armado en Colombia y no nos referiremos ya a cientos de miles de muertos, a millones de víctimas, a millones de desplazados y desarraigados, pues por más esfuerzo que se haga por desconocer el conflicto, nunca se podrán ocultar y a partir del reconocimiento que se les ha dado en la ley de víctimas nunca más se podrán desconocer ni invisibilizar:

Los desmovilizados y los postulados son civiles que por el hecho de haber abandonado las armas voluntariamente, pasaron de ser "combatientes" obligados a cumplir el DIH, a ser ex combatientes, protegidos especialmente por el DIH. Se pretende justificar la discriminación en la que ha incurrido el Estado colombiano, la justicia colombiana, el gobierno colombiano, la sociedad colombiana, frente a los desmovilizados, puesto que el Derecho Internacional Humanitario hace especial cobertura protectora a los excombatientes que voluntariamente hagan dejación de las armas, para quienes proscribe cualquier caso o forma de discriminación. Entonces el debate acerca de si los desmovilizados son delincuentes políticos, o sediciosos, o terroristas concertados, nunca podría darse en un estado de derecho, pues viola principios del Derecho Internacional Humanitario, que los protege especialmente, y que hacen parte por tanto del bloque de constitucionalidad aplicable plenamente en nuestro derecho interno, situación que no han tenido en cuenta ni el gobierno nacional, ni las altas cortes, ni aún la misma comunidad internacional. Y la discriminación no es solo frente a quienes encuentran inmersos en el proceso de justicia transicional. También los desmovilizados son discriminados, estigmatizados, maltratados, no pueden acceder a fuentes de trabajo dignas pues se encuentran con las listas negras, y el rechazo de una comunidad que se niega a dar pasos de reconciliación.

Se pretende validar el aborto del proceso de paz con las autodefensas, que pasó de ser un proceso político y social con un componente jurídico de justicia transicional, a una rendición seguida de un simple proceso judicial en el que se ha permitido toda clase de atropellos a los procesados.

Se pretende justificar la no aplicación de caros principios fundamentales del derecho, cuáles son el debido proceso, la presunción de inocencia, el principio de legalidad, el principio de favorabilidad, el garantismo jurídico penal, la no retroactividad de la ley penal, la estabilidad juridica y los derechos adquiridos, los cuales se les ha negado con insistencia, con saña tambien discriminatoria a los desmovilizados, por parte de estamentos del Estado.

Se pretende justificar el manejo judicial discriminatorio, violatorio del Derecho Internacional Humanitario y por lo tanto del bloque de constitucionalidad, pues a pesar de que la legislación de justicia transicional aplicable es “ex post facto” en forma retroactiva, con un acogimiento voluntario por parte de las personas que concurren a su desarrollo y sólo podría determinarse cambios en su aplicación en aspectos que impliquen favorabilidad para los sujetos al proceso, pero por parte del Estado colombiano se ha cambiado constantemente las reglas de juego y desnaturalizado el proceso transicional de Justicia y Paz para llevarlo a lo que es hoy: el nuevo “santo tribunal de la inquisición". ¿Que pdríamos decir además de las extradiciones sin justificación y en contra de los derechos de las victimas a conocer la verdad y obtener justicia?

Se procura ocultar también de igual manera la incapacidad gubernamental y legislativa para darle salidas a los problemas presentados en relación con el proceso de paz, y con la legislación de transición aplicable, particularmente en el aspecto del límite temporal que fijó la ley 975 de 2005, que prácticamente convirtió al proceso de paz en letra muerta a partir del 25 julio de ese año. Fue una ley de ejecución instantánea. Nunca llegó a ser el instrumento de paz que se requería construir, y generó a partir de ese momento el mayor problema no sólo para ese proceso de paz si no para la reconciliación de los colombianos.

También se pretende desconocer la responsabilidad directa o por linea de mando de agentes del Estado en la ocurrencia de los denominados "falsos positivos", cuyas dos mayores perversas manifestaciones fueron el "Body Count” que pretendía mostrar el mayor número de bajas posibles para demostrar que se estaba ganando la guerra, y por otro lado las “falsas desmovilizaciones” para mostrar resultados inflados frente a los observadores del proceso de paz. Claro está que en estos casos se involucraron de una u otra manera a civiles y por lo tanto se violó por parte del Estado colombiano el principio de distinción, eje fundamental del Derecho Internacional Humanitario DIH.

Se pretende también justificar el fracaso del proceso de reintegración, la situación a la que se han expuesto a los desmovilizados quienes afrontan riesgos constantes al pretender sacar adelante sus proyectos de vida sin el apoyo del Estado y la comunidad, en medio de la agresión permanente de los actores armados del conflicto que perviven, y el asedio constante de las autoridades.

Proyecta justificar de igual manera el genocidio de los desmovilizados, que ha venido ocurriendo sistemáticamente en Colombia, que está suficientemente claro, pero que no ha ameritado de forma algunos pronunciamientos ni del gobierno nacional, ni de la justicia colombiana, ni de la comunidad internacional.

Todo esto sería, en un verdadero Estado de Derecho, absolutamente inaceptable. Pero estamos en Colombia y no nos damos cuenta que hacia donde nos quiere llevar esa manida discusión sobre la existencia o no del conflicto colombiano, es a permitir la ocurrencia del más temido fenómeno en el Estado de derecho: La Impunidad. Lo que está haciendo esto es permitiendo que la impunidad y la inmunidad se aposenten definitivamente en Colombia. Todo apunta a mantener oculta la verdad, a que ésta no se manifieste realmente y que las personas que han concebido, promovido y se han beneficiado directamente del conflicto colombiano permanezcan en la impunidad. Por lo tanto las amnistías e indultos, proscritas para siempre en los estatutos internacionales de protección de los derechos humanos, están ocurriendo en Colombia hoy, y a eso apunta directamente la negación del conflicto armado colombiano. Pero lo peor de todo, es que mientras tanto el Estado y la sociedad Colombiana se mantienen ajenas a la solución de las causas objetivas del conflicto armado colombiano "QUE SI EXISTE”, y se evidencia en la ausencia de Estado reflejada en la desatención y largos años de injusticia social en las regiones, la inequidad económica cada vez mayor, la poca o nula cobertura de los servicios públicos esenciales, la poca o nula cobertura de los servicios de salud, la poca o nula disponibilidad de educación y la pésima calidad de esta, la absoluta inexistencia de oportunidades de trabajo, y ni que hablar de las posibilidades de tener entonces un salario digno y justo. Claro, ¿¿¿ como se van a preocupar por atender las causas objetivas de un conflicto que segun ellos, no existe???.