La carta de Castaño
NOTA DEL EDITOR: Después de su desmovilización y regreso a la clandestinidad en 2007 alegando incumplimiento grave de los acuerdos pactados con los grupos de autodefensa en Ralito, Vicente Castaño Gil dirigió esta carta a Luis Carlos Restrepo, Comisionado de paz del gobierno haciendo claridad sobre los acuerdos y los incumplimientos. esta nota se podría titular mas bien, "BREVE RESUMEN DE UNA ESTAFA".
SEMANA.COM publicó el texto integro de la explosiva carta de Vicente Castaño, desde la clandestinidad, al alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo en un articulo llamado "La carta de Castaño" reproducción textual.
"CARTA PÚBLICA
al doctor
LUIS CARLOS RESTREPO RAMÍREZ,
alto comisionado para la paz.
Respetado doctor:
Tiene usted razón en afirmar que no tenemos derecho a hacer ningún reclamo sobre acuerdos secretos con el gobierno, ya que no existen. Los acuerdos que nosotros estamos reclamando fueron hechos delante de la Iglesia católica, la
OEA y la sociedad civil. Los reclamaré en esta vida o en la otra, porque los acuerdos son derechos y así como nosotros cumplimos, lo menos que podemos hacer es exigir que también se nos cumpla.
Si le está fallando la memoria, o quiere hacer caso omiso de lo que está consignado en sus actas y en sus apuntes, le voy a enumerar los puntos más relevantes de los acuerdos, con una corta explicación de cuándo, dónde y por qué razón, surgieron estos compromisos.
Partamos recordando lo que ocurrió en una reunión en Santa Fe Ralito, con la presencia de representantes del gobierno, entre quienes además de usted, estuvieron el doctor Alejandro Albarracín, el doctor Juan David Ángel, el doctor Juan B. Pérez y varios acompañantes más.
La OEA, representada por el señor Caramagna y varios acompañantes.
La Iglesia, con monseñor Julio César Vidal.
Las Fuerzas Armadas, con el coronel Acosta.
Las AUC, con casi toda su comandancia.
Las Sociedad Civil, con varios asistentes.
Esta reunión crucial se llevó a cabo como producto de la crisis causada por el intento frustrado de capturar al señor Adolfo Paz, con violación de todos los acuerdos pactados para la zona de ubicación, además, agravado por el traslado de dicho señor a la cárcel de Cómbita, con desconocimiento del compromiso de mantenerlo en una finca-cárcel, mientras transcurriera el proceso de “negociación”.
Este encuentro fue definitivo para salvar el proceso, estancado y casi roto, entre otras cosas, porque usted mismo lo rompió, cuando durante la acalorada reunión, expresó estas palabras textuales “el gobierno se para de la mesa. De ahora en adelante, si les interesa algún acercamiento con el gobierno, háganlo por intermedio de la Iglesia y la OEA”. Agregó que permanecería en la oficina de la sede del gobierno en Ralito, por si queríamos enviarle alguna sugerencia sobre qué decirle al país.
Después de una corta reunión de la comandancia de las AUC le enviamos a usted, por conducto de la Iglesia y la OEA, una agenda de siete puntos para salvar el proceso.
Estos fueron los siete puntos de la agenda:
1. Seguridad jurídica futura y Extradición.
2. Estatus político y Ley de Justicia y paz.
3. Centros de reclusión.
4. Proyectos productivos.
5. Reinserción.
6. Situación de Adolfo Paz.
7. Búsqueda de mecanismos para dotar de seriedad y cumplimiento los acuerdos pactados, con el fin de evitar futuras crisis o rupturas del proceso de paz.
El proceso se pudo recomponer gracias a los buenos oficios del señor Caramagna y del ilustrísimo monseñor Julio César Vidal, administrador apostólico de la Diósesis de Montería. Después de unas conciliadoras palabras de cada uno de estos personajes, el doctor Ernesto Báez, en una concisa intervención, explicó los siete puntos por discutir.
Recuerdo que usted fue muy claro y muy corto en sus respuestas. Nos dijo que los puntos 1, 2 y 3 eran competencia exclusivamente del Presidente y/o del Ministro del Interior y Justicia. Que sería mejor que nosotros tratáramos esos temas directamente con el Ministro del Interior. Que, en fin, usted era sólo un mensajero del Presidente.
Para el cuarto punto nos puso en contacto permanente con el doctor Juan B. Pérez, quien estaba presente.
En el quinto punto nos remitió directamente al doctor Juan David Ángel, director nacional de reinserción, quien estaba presente.
Respecto del punto sexto, se nos manifestó el propósito de abogar para mejorar las condiciones precarias en que se encontraba recluido el ex comandante Adolfo Paz, sobre todo en lo referente a la restricción de visitas, no sería trasladado sin previo acuerdo, tendría tratamiento de preso político y se le garantizarían todos los derechos al debido proceso.
En el punto séptimo acordamos no dilapidar esfuerzos, en orden a superar todo tipo de crisis, sin levantarnos de la mesa. Nos comprometimos a respetar las reglas de juego y a cumplir con los acuerdos para llevar el proceso de paz a puerto seguro.
Terminada la reunión, se nos hizo la confirmación de la visita del Ministro de Interior, para las próximas horas. Monseñor Vidal se excusó de no poder acompañarnos en la reunión con el Ministro.
Finalmente llegó el señor Ministro, acompañado de la OEA y sorpresivamente de monseñor Vidal, que hizo el gran esfuerzo de asistir, dejando de lado una importante reunión con un gran número de prelados, que le esperaba en Montería, A ellos les adujo que el proceso de paz con las AUC era el tema más importante que tenía el país. Usted no estuvo presente en esta reunión y su ausencia, doctor Restrepo, en este histórico día, aún no la comprendemos.
Después de una oración ofrecida por monseñor Vidal, el doctor Ernesto Báez hizo una extensa y explícita narración de todos los sucesos ocurridos el día anterior. El Ministro intervino después, argumentando que lo más importante era recuperar la confianza entre las partes, que ese era su principal propósito y a eso venía. Cuando se iba a comenzar a tratar los puntos de la agenda, monseñor Vidal tomó la palabra, diciendo que traía una propuesta para darle solución a nuestra mayor preocupación, que era la debilidad jurídica de la suspensión de la extradición, ya que la sola promesa presidencial de no extraditar a quienes firmemente nos acogíamos a las condiciones del proceso de paz, no era suficiente aval, ni ofrecía garantías de seguridad, frente a lo que al respecto decidieran los gobiernos futuros, distintos al del actual Presidente.
La propuesta consistía en agregarle un nuevo artículo a la resolución presidencial que ordenaba la suspensión de las extradiciones. Básicamente, el artículo agregado establecería que la resolución perdería toda la fuerza ejecutoria, en un término igual al tiempo de pérdida de la libertad prescrito en la sentencia condenatoria. Es decir que la extradición, en un futuro, sólo podría proceder por hechos completamente nuevos, diferentes a los que habían motivado la extradición inicial. El Ministro aprobó la propuesta de la Iglesia y procedió a redactar el texto de lo que sería el nuevo artículo, para blindar con ello la no extradición. Partió de la reunión con la promesa de incorporar el nuevo artículo a las resoluciones que ordenaban la suspensión de las extradiciones.
Sobre la Ley de Justicia y Paz le dijimos que era más fácil interpretar la mitología griega que los alcances ambiguos de esa norma. Además, dimos a conocer nuestra preocupación de que la ley, con toda certeza, iría a sufrir grandes modificaciones en la Corte Constitucional. El Ministro fue enfático y prometió firmemente que el gobierno nos cumpliría “de cualquiera manera”, con las garantías y condiciones aprobadas en dicha ley. Que el gobierno tenía distintas alternativas para cumplirnos, así tuviera que tramitar otra ley, para darnos cabal cumplimiento a los compromisos acordados.
Sobre el tema de la cárcel, el gobierno se comprometió firmemente a construir cinco centros de reclusión para los desmovilizados del proceso de paz, en igual número de sitios del territorio nacional (Magdalena medio, Valledupar, Córdoba, Antioquia, Llanos orientales). Se acordó que un lapso porcentual de la pena sería bajo el régimen de mínima seguridad y el restante, en colonias penales. Se discutió un poco sobre el régimen interno y quedamos de acordarlo en reuniones posteriores.
El último punto fue el más discutido, por la trascendencia que tendría hacia el futuro, ya que de entrada se habían violado varios acuerdos pactados y firmados.
Es el caso, por ejemplo, del señor Adolfo Paz, a quien intentaron capturar en la zona de ubicación. Luego de escaparse, su entrega voluntaria fue pactada con usted, doctor Restrepo, bajo la condición rigurosamente convenida de no ser trasladado a una cárcel común, sino a un paraje rural, debidamente custodiado por la Fuerza Pública, y por el tiempo que se extendiera el proceso de paz. Este compromiso fue flagrantemente burlado. Sólo unos días después de estar efectivamente recluido en una finca, al señor Adolfo Paz se le trasladó intempestivamente a Cómbita.
Pero lo más grave no fue el traslado ni la burla, lo bochornoso e inaceptable fue que usted, doctor Restrepo, en varias ocasiones manifestó que no recordaba los términos de este compromiso, y llegó inclusive a negar que entre usted y los señores Julián Bolívar y Ernesto Báez (intermediarios de dicha entrega) habían pactado algo. Cabe preguntar entonces: ¿Sobre qué base se entregó voluntariamente Adolfo Paz?
Este antecedente, sumado a muchos otros, no nos dejó duda sobre el presentimiento que nos asistía, respecto de lo que nos podría ocurrir tan pronto como hiciéramos entrega del último fusil. Es decir, a lo que nos tendríamos que atener cuando, con motivo de la entrega de las armas, dejáramos de ser importantes para el gobierno. Y pasó lo que tenía que pasar: Detenciones arbitrarias, sin orden judicial y aun con el salvoconducto presidencial vigente; violación del acuerdo del 13 de mayo de 2004, según el cual, si el gobierno decidía capturarnos, se nos concedía un plazo de cinco días para el repliegue de nuestros hombres; incumplimiento en el compromiso legislativo para devolvernos el estatus político y otros instrumentos de la Ley de Justicia y Paz, abolidos por la Corte Constitucional; la construcción de los centros de reclusión especial para los desmovilizados y demás acuerdos sobre garantías políticas y procesales.
Como medida preventiva de todo lo que efectiva e inevitablemente ocurriría después, analizamos varias alternativas, para darle garantía y seriedad al proceso. Entre varias escogimos como opción más efectiva la de exigir una comisión de garantes para darles solidez a los acuerdos pactados entre la partes. Analizamos varias opciones: la Iglesia (aclaremos que la Iglesia y la OEA no son garantes, son facilitadores, observadores y testigos), la OEA, la comisión de conciliación nacional, un tribunal de la verdad, un grupo internacional. Por último, optamos por explorar la posibilidad de contratar a la Comisión Clinton.
Aclarados y definidos todos estos puntos, dimos por superada la crisis que había estancado al proceso, y se procedió a darles continuidad a las desmovilizaciones.
Cuando le pedimos al Ministro del Interior que firmáramos el acta en la que figuraran los acuerdos sobre los siete puntos ya mencionados, nos respondió que era más importante la palabra de un ministro que una simple firma. Que entendiéramos que estábamos hablando con el alto gobierno, que el gobierno era serio y tenía palabra. Se volvieron a leer una vez más los puntos de la agenda acordados, para que no quedaran dudas, y se anunció al país la continuidad del proceso y las desmovilizaciones.
No podrá olvidar o ignorar doctor Restrepo que todos estos temas fueron en muchas reuniones posteriores conocidos, discutidos, analizados y aprobados por usted y el Ministro del Interior.
El compromiso del Ministro del Interior, avalado por usted, doctor Restrepo, sobre el tema de la extradición, lo dimos parcialmente concluido, cuando se nos expresó que el señor Presidente estaba completamente de acuerdo con lo pactado. Además se nos dijo por parte del Ministro -y de eso tuvo usted perfecto conocimiento- que el gobierno, a través del doctor Sabas Pretelt, había hablado con el Subsecretario de Estado americano, y que después de un forcejeo verbal, éste funcionario, a regañadientes, había finalmente expresado que ellos eran respetuosos de los asuntos internos de los países, pero que de todas maneras las órdenes de extradición seguían vigentes.
Igualmente, el mismo señor Ministro del Interior, con conocimiento suyo, doctor Restrepo, nos dijo que al respecto, también el embajador Wood le había contestado lo mismo y casi con idénticas palabras.
Meses después de este pacto, le reclamamos al gobierno por la mora en el incumplimiento de incorporar a las resoluciones de suspensión de las extradiciones el artículo que se había acordado durante la crisis. Se nos dijo que era cuestión de paciencia, dado que el gobierno estaba a la espera de nuevas extradiciones aprobadas por la Corte Suprema de Justicia, para de una vez agregar el artículo a todas las resoluciones.
En una de las últimas reuniones se nos comentó que ya tenían las resoluciones con el artículo agregado, firmadas. Aún no lo conozco.
Sobre la comisión de garantes se discutió este tema con usted y el Ministro del Interior en la ciudad de Bogotá. Recuerdo que el mismo Ministro descartó la Comisión Clinton, argumentando que se trataba de un ente extranjero, vinculado a asuntos de carácter exclusivamente internos, que no era fácil manejar el tema.
En vista de esta circunstancia, y ante la terrible sensación de inseguridad que nos inspiraba el tema de los compromisos y de los acuerdos con el gobierno, muchos de los cuales no estaban firmados, le pedimos a usted que interviniera directamente para que le colaborara al Ministro en la conformación de este grupo de garantes. Usted quedó altamente comprometido en interponer sus oficios para lograr este propósito. Todo fue en vano.
Previa la desmovilización de Jorge 40, en una reunión en Valledupar, el Ministro, Juan David Ángel, Mancuso y yo actualizamos todos los puntos acordados. Jorge 40 le solicitó al Ministro que quedaran firmados; el Ministro contestó que él, antes del 7 de agosto, dejaba todo organizado y firmado. Que confiáramos siempre en el gobierno.
Los puntos sobre la Ley de Justicia y Paz, estatus político, reinserción y centros de reclusión, fueron altamente debatidos en varias reuniones, tanto con usted como con el Ministro y la Viceministra de Justicia, hasta llegar a aquella reunión con el Ministro y la Viceministra, horas antes del fallo de la Corte sobre la Ley de Justicia y Paz, en la que acordamos:
1. Se ratificó el tema de la seguridad jurídica de la extradición, y se nos dijo que estaba a punto de reafirmarse en las resoluciones respectivas.
2. El Ministro reiteró su compromiso de acudir a la vía legislativa para restituirnos las garantías y condiciones de la Ley de Justicia y Paz, como estaban antes del fallo de la Corte Constitucional.
3 Usted, señor Comisionado, nos dijo que en la misma noche del 18 de mayo, cuando se conoció el fallo de la Corte, el señor Presidente nos había enviado un parte de tranquilidad, y la seguridad de que iría recurrir al Congreso de la República para devolvernos las condiciones jurídicas, dentro de las cuales habíamos negociado.
4. Seríamos privados de la libertad, solamente cuando los Tribunales profirieran sentencia condenatoria. Mientras tanto, compareceríamos a la investigación y al juicio, sometidos a un sistema de seguimiento a través de monitoreo electrónico.
5. Pagaríamos una tercera parte de la condena, computado el año y medio de la zona de ubicación, y en los Centros de reclusión especial acordados para desmovilizados de Justicia y Paz, el resto permaneceríamos en las colonias penales agrícolas.
6 El régimen interno sería de mínima seguridad.
7. Se nos daría la condición de miembros representantes privados de la libertad. Esto para el efecto de los permisos y autorizaciones necesarios, para desarrollar la agenda de paz.
Ahora, doctor Restrepo, usted no puede hacerse el de la vista gorda frente a estos acuerdos y compromisos. No le diga al país que no tenemos nada qué reclamar, cuando las burlas y los incumplimientos fueron múltiples.
Si usted me garantiza, mediante su firma, que está dispuesto a cumplir y en efecto me cumple estos acuerdos y compromisos, YO ME ENTREGO VOLUNTARIAMENTE.
Ahora bien, frente a temas irreversibles, por haber sido declarados inconstitucionales, estoy dispuesto a que abramos la discusión.
Mis interrogantes:
¿Por qué no se ha conformado el grupo de garantes, lo cual no tiene impedimento por parte de la Corte?
¿Por qué no se ha expedido el decreto reglamentario de la Ley 782?
¿Por qué no se han conformado nuevos Tribunales para Justicia y Paz, entre ellos el de Medellín?
¿Por qué no se ha dado cumplimiento al compromiso del gobierno, de agotar la vía legislativa para restituirnos la condición de sediciosos ganada por derecho adquirido?
¿Por qué no se les ha restituido a los compañeros presos la condición de miembros representantes, tan necesaria para su trabajo político?
¿Dónde quedaron los compromisos sobre la seguridad en las regiones, y
cuál va ser el rumbo de la suerte incierta de miles de reinsertados?
¿Qué va a pasar con el armamento y el enorme arsenal de guerra devuelto al Estado?
¿Por qué en muchas regiones desalojadas por las Autodefensas Campesinas ha llegado primero la guerrilla que el Estado?
¿Dónde está el compromiso social del gobierno con las comunidades, en cuyas zonas intervinieron las Autodefensas?
¿Qué presentación tiene ante el país y el mundo el grave antecedente del incumplimiento a los compromisos pactados, ahora cuando precisamente se adelantan gestiones para iniciar un posible proceso de paz con las guerrillas?
Recuerde, doctor Restrepo Ramírez, que las promesas son deudas.
Con la mente clara y el corazón sangrante.
José Vicente Castaño.”
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