NO ME IMPORTA QUIEN HAS SIDO, ME INTERESA QUIEN QUIERES SER (AJGF)

 "No me importa que has sido, 

me interesa quién quieres ser"

A riesgo de parecer promoviendo una falacia de petición de principio, debo manifestar en primer lugar que los desmovilizados, desde el punto de vista del derecho internacional humanitario son personas especialmente protegidas por varias razones, entre ellas por estar bajo la tutela total del Estado, ya en los que se encuentran en las cárceles, ya en los que se encuentran en el proceso de reintegración.  En la desmovilización a cada uno se les aplicó protocolos de identificación  exhaustivos que incluyeron, entrevista de ubicación, tanto familiar como individual, reseña total dactilar, fotografías en todos los ángulos, carta dental y hasta muestra de ADN. Ningun otro Colombiano está tan bien individualizado, identificado y desde luego, traceable y encontrable. Si hoy el estado no sabe donde estan algunos o muchos de ellos, es culpa del mismo Estado que no diseñó un programa de reintegración que fuera lo suficientemente motivador para mantenerlos cohesionados. Mas bien, hizo todo lo posible por dispersarlos. Y lo logró. Ahora es la gran noticia que el Estado no sabe donde estan, lo que preocupa mucho a las autoridades pues presumen o dan por hecho su  integración a las bandas ilegales, pero poca o ninguna noticia habla del sistematico Genocidio de los desmovilizados.

El hecho de haber depuesto voluntariamente las armas ya los coloca bajo el ámbito de protección especial del DIH donde por su eminente condición del ser humano, y por ser parte en un proceso de paz, la humanidad lo busca proteger frente a las agresiones, no solamente de sus enemigos en la guerra que abandonó, sino también de las arbitrariedades de las autoridades a las que se sometió.

Desde luego que hay que manifestar lo que nadie se atreve a decir, sin que le caiga el mundo encima: que en algunas oportunidades deberá ser protegido incluso de quienes fueron sus víctimas.

Esta obligación, directamente en cabeza del Estado colombiano debe ser observada a cabalidad. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que respetarlos. No se puede desconocer tampoco que es obligación del Estado también debe ejercerse  llegar  a quienes fueron sus cómplices, patrocinadores o determinadores.  Por eso se comprometieron a decir la verdad, incluso renunciando de entrada al derecho a la no autoincriminación, y a no incriminar a familiares.

No nos debe asombrar entonces, que desde estos sectores se estén orientando acciones, no sólo para callarlos si no en algunos casos para hacerlos perseverar en el delito, regresar a la ilegalidad, alejarlos de los tribunales y refugiarse en la clandestinidad.

A los desmovilizados hay que cuidarlos de quienes se beneficiaron directa o indirectamente de su actuar delictivo cuando se encontraban ejerciendo la violencia. Hay que cuidarlos de quienes realmente usurparon las tierras, de quienes son testaferros y quieren quedarse con el botín, como también ocurre. Ya que en esencia, todos son básicamente testigos de excepción de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia en los últimos 30 o 40 años. Esto puede predicarse también  para absolutamente todos quienes se han desmovilizado en procesos de paz con el Estado colombiano, o en procesos individuales, independientemente de cuándo ocurrió su desmovilización, si fue con las guerrillas del llano, con el M19 , en los procesos que se dieron con las FARC, con el EPL, con las autodefensas o con los paramilitares. Lo único que varía es que a quienes alcanzaron a verse beneficiados por amnistías o indultos, deben respetárseles esos beneficios, autónomamente de que subsista su obligación universal a contar la verdad, y a reparar así sea simbólicamente a las víctimas.  Buen gesto harían los miembros de estos grupos, a quien en la sociedad en su momento le dio semejante oportunidad, en hacer actos públicos voluntarios contando su verdad y promoviendo reparaciones reconciliación, pues sus víctimas no han dejado de serlo.  Quienes no lograron semejantes beneficios, -pues en hora buena los requisitos cambiaron las exigencias aumentaron-, deben contar la verdad, deben tener una pena, así se alternativa, deben reparar integralmente a sus víctimas, y ofrecerle a la sociedad en general y a la humanidad garantías de no repetición, deben honrar su compromiso adquirido y cumplir integralmente con todas las obligaciones.

No puede predicarse tampoco que el Estado le sea válido engañar, incumplir, desatender sus mínimas obligaciones con estas personas, toda vez que partiendo del principio de la buena fe de las partes, ellos se acogieron a las propuestas del Estado, -apresuradamente incluso según el sentir de muchos de ellos-, pues actuaron , pasados en el principio de la "confianza legítima" misma que deben sentir todos los subordinados al Estado, independientemente del papel que le corresponda jugar en la sociedad. Ya ha quedado suficientemente probado que en materia de derechos humanos, "el fin nunca justificará los medios"; en primer lugar, son seres humanos, y esa categoría fundamental exige que se le reconozca plenamente todos sus derechos.

Corolario de todo lo anterior, el hecho de haber dejado voluntariamente las armas, de estar haciendo un esfuerzo por quitarse el chip de la violencia, y por ponerse el chip de la reconstrucción honesta de nuestra sociedad, merecen lograr que su esfuerzo sea compensado, pudiendo reintegrarse como personas a una sociedad que tiene la obligación de acogerlos. No de perdonarlos, no de arrastrarlos, sino de verlos sin discriminación como personas dignas que pagaron los errores que cometieron en el pasado. La actitud de la sociedad debería resumirse en una frase, que valga decir,  es el eslogan de Construpaz, una entidad cooperativa de reintegración y reconciliación de Urabá: "No me importa que has sido, me interesa quién quieres ser".

Finalmente, quienes hoy se encuentran privados de la libertad y sujetos al proceso de justicia y paz, están bajo la total y absoluta custodia del Estado colombiano. En esa medida el Estado tiene que protegerlos en una forma integral, respetar y hacer respetar sus vidas e integridad física, propender por su resocialización, buscar su reintegración y asumir el compromiso de entregarlos a una sociedad que los acoja en forma responsable.