"NO ME IMPORTA QUIEN HAS SIDO, ME INTERESA QUIEN QUIERES SER"

              "No me importa que has sido, me interesa quién quieres ser"

A riesgo de parecer promoviendo una falacia de petición de principio, debo manifestar en primer lugar que los desmovilizados, desde el punto de vista del derecho internacional humanitario son personas especialmente protegidas por varias razones, entre ellas por estar bajo la tutela total del Estado, ya en los que se encuentran en las cárceles, ya en los que se encuentran en el proceso de reintegración.  En la desmovilización a cada uno se les aplicó protocolos de identificación  exhaustivos que incluyeron, entrevista de ubicación, tanto familiar como individual, reseña total dactilar, fotografías en todos los ángulos, carta dental y hasta muestra de ADN. Ningun otro Colombiano está tan bien individualizado, identificado y desde luego, traceable y encontrable. Si hoy el estado no sabe donde estan algunos o muchos de ellos, es culpa del mismo Estado que no diseñó un programa de reintegración que fuera lo suficientemente motivador para mantenerlos cohesionados. Mas bien, hizo todo lo posible por dispersarlos. Y lo logró. Ahora es la gran noticia que el Estado no sabe donde estan, lo que preocupa mucho a las autoridades pues presumen o dan por hecho su  integración a las bandas ilegales, pero poca o ninguna noticia habla del sistematico Genocidio de los desmovilizados.

El hecho de haber depuesto voluntariamente las armas ya los coloca bajo el ámbito de protección especial del DIH donde por su eminente condición del ser humano, y por ser parte en un proceso de paz, la humanidad lo busca proteger frente a las agresiones, no solamente de sus enemigos en la guerra que abandonó, sino también de las arbitrariedades de las autoridades a las que se sometió.

Desde luego que hay que manifestar lo que nadie se atreve a decir, sin que le caiga el mundo encima: que en algunas oportunidades deberá ser protegido incluso de quienes fueron sus víctimas.

Esta obligación, directamente en cabeza del Estado colombiano debe ser observada a cabalidad. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que respetarlos. No se puede desconocer tampoco que es obligación del Estado también debe ejercerse  llegar  a quienes fueron sus cómplices, patrocinadores o determinadores.  Por eso se comprometieron a decir la verdad, incluso renunciando de entrada al derecho a la no autoincriminación, y a no incriminar a familiares.

No nos debe asombrar entonces, que desde estos sectores se estén orientando acciones, no sólo para callarlos si no en algunos casos para hacerlos perseverar en el delito, regresar a la ilegalidad, alejarlos de los tribunales y refugiarse en la clandestinidad.

A los desmovilizados hay que cuidarlos de quienes se beneficiaron directa o indirectamente de su actuar delictivo cuando se encontraban ejerciendo la violencia. Hay que cuidarlos de quienes realmente usurparon las tierras, de quienes son testaferros y quieren quedarse con el botín, como también ocurre. Ya que en esencia, todos son básicamente testigos de excepción de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia en los últimos 30 o 40 años. Esto puede predicarse también  para absolutamente todos quienes se han desmovilizado en procesos de paz con el Estado colombiano, o en procesos individuales, independientemente de cuándo ocurrió su desmovilización, si fue con las guerrillas del llano, con el M19 , en los procesos que se dieron con las FARC, con el EPL, con las autodefensas o con los paramilitares. Lo único que varía es que a quienes alcanzaron a verse beneficiados por amnistías o indultos, deben respetárseles esos beneficios, autónomamente de que subsista su obligación universal a contar la verdad, y a reparar así sea simbólicamente a las víctimas.  Buen gesto harían los miembros de estos grupos, a quien en la sociedad en su momento le dio semejante oportunidad, en hacer actos públicos voluntarios contando su verdad y promoviendo reparaciones reconciliación, pues sus víctimas no han dejado de serlo.  Quienes no lograron semejantes beneficios, -pues en hora buena los requisitos cambiaron las exigencias aumentaron-, deben contar la verdad, deben tener una pena, así se alternativa, deben reparar integralmente a sus víctimas, y ofrecerle a la sociedad en general y a la humanidad garantías de no repetición, deben honrar su compromiso adquirido y cumplir integralmente con todas las obligaciones.

No puede predicarse tampoco que el Estado le sea válido engañar, incumplir, desatender sus mínimas obligaciones con estas personas, toda vez que partiendo del principio de la buena fe de las partes, ellos se acogieron a las propuestas del Estado, -apresuradamente incluso según el sentir de muchos de ellos-, pues actuaron , pasados en el principio de la "confianza legítima" misma que deben sentir todos los subordinados al Estado, independientemente del papel que le corresponda jugar en la sociedad. Ya ha quedado suficientemente probado que en materia de derechos humanos, "el fin nunca justificará los medios"; en primer lugar, son seres humanos, y esa categoría fundamental exige que se le reconozca plenamente todos sus derechos.

Corolario de todo lo anterior, el hecho de haber dejado voluntariamente las armas, de estar haciendo un esfuerzo por quitarse el chip de la violencia, y por ponerse el chip de la reconstrucción honesta de nuestra sociedad, merecen lograr que su esfuerzo sea compensado, pudiendo reintegrarse como personas a una sociedad que tiene la obligación de acogerlos. No de perdonarlos, no de arrastrarlos, sino de verlos sin discriminación como personas dignas que pagaron los errores que cometieron en el pasado. La actitud de la sociedad debería resumirse en una frase, que valga decir,  es el eslogan de Construpaz, una entidad cooperativa de reintegración y reconciliación de Urabá: "No me importa que has sido, me interesa quién quieres ser".

Finalmente, quienes hoy se encuentran privados de la libertad y sujetos al proceso de justicia y paz, están bajo la total y absoluta custodia del Estado colombiano. En esa medida el Estado tiene que protegerlos en una forma integral, respetar y hacer respetar sus vidas e integridad física, propender por su resocialización, buscar su reintegración y asumir el compromiso de entregarlos a una sociedad que los acoja en forma responsable.

Bienvenido el juez Garzón.

Seguramente los motivos que han llevado a la justicia española para suspender en sus funciones al juez Baltazar Garzón, están siendo debatidos, analizados, sopesados, y seguramente se va a encontrar una respuesta acorde a la realidad en relación con los mencionados problemas que la llevaron a tomar esa determinación temporal en su contra.
No deja de ser notorio el señor Garzón en su país, pues como jurista ha sido polémico siempre, y encargado de afrontar con severidad procesos judiciales en los cuales se han visto afectadas personas y entidades muy importantes no sólo de España sino también de todo el mundo.
Tener en sus manos la justicia, sirviendo al interés de los derechos humanos, poder valerse de el poder estatal para hacerlos prevalecer en contra de intereses de personas, entidades, o estados inclusive, muchas veces más poderosos que el país a que se resguarda, debe dejar de hecho a este o a cualquier otro funcionario que detente dicho poder, un tendal de enemigos.
Y no cualquier enemigo, enemigos poderosos, con muchísimo dinero, con muchísimo poder. No puede hacérsenos a los colombianos extraño entonces, que una persona con dichas características tan peculiares, después de haber pisado tantos cayos de poderosos, resulte siendo finalmente perseguido y castigado, por sus acciones, así éstas hayan sido defendiendo la justicia. Tampoco debe extrañarnos que su estado lo deje sólo, que lo quiera “extraditar” a otro país lejano, para no sentirlo tan incómodo y cercano. Está por verse si lo que realmente ocurre en Europa frente al juez Garzón es una persecución, o realmente existen fundamentos para sancionarlo por algunas acciones, a las que daría mérito en caso de ser establecida su responsabilidad. De todas maneras, al igual que a cualquier ser humano hay que garantizarle el debido proceso y la presunción de inocencia.
Mientras tanto, a sabiendas que tenemos jueces, fiscales, magistrados de preclaras condiciones, estudiosos y honorables, no nos puede desagradar en forma alguna, que llegue una mente jurídica tan avezada en el tema de la defensa de los derechos humanos, a complementar la concepción que se tiene desde las altas cortes, así como desde los tribunales internacionales de justicia, sobre la realidad de los derechos humanos en Colombia.
Hay que preguntarse mejor, ¿ por que tanto debate, tanta polémica, tanto nerviosismo?


De todas maneras será también una retroalimentación para la sociedad y las cortes europeas así como también para las agencias de derechos humanos internacionales, que quizás no tienen suficientemente claro el tema de los derechos humanos en Colombia, y por tanto la presencia activa de tan preclaro personaje será además una oportunidad para que realmente la realidad de Colombia y se puedan orientar mejor los esfuerzos de apoyo de la cooperación internacional hacia la justicia colombiana, y particularmente fortalecer nuestro proceso de Justicia y Paz, dándole el alcance que se merece, proporcionándole los recursos que necesita, y desarrollando nuestro proceso de justicia transicional, en tal forma que pueda ser ejemplo para el mundo, y el paradigma para nuestra urgida necesidad de resolver definitivamente nuestro conflicto armado y potencializar una paz duradera con justicia social.
Siendo así, bienvenido señor Garzón a Colombia, con humildad expresamos nuestra voz de aliento tal vez mínima pero con la esperanza de que su presencia va a ser una puerta que se abre para la solución de nuestros problemas y necesidades de justicia.

¿Cuál es la verdad que requiere el proceso de justicia y paz?

Los parámetros universales de justicia acuñados por los tribunales internacionales, en desarrollo de ejercicios de justicia transicional que se han llevado a cabo en diversas partes del mundo, a partir de su fundación como justicia especial, desde el llamado tribunal de Nuremberg encargado del juicio de los criminales de guerra nazis, responsables del mayor holocausto que ha presenciado la Humanidad, determinan que no habrá justicia, si no se alcanzan dentro de un proceso, a conocer la totalidad la verdad, a reparar íntegramente a las víctimas y a la sociedad que afrontó graves violaciones de los derechos humanos, lo que conocemos como delitos de lesa Humanidad, una sanción a los responsables, excluyendo entonces la posibilidad de amnistías o indultos por cualquier violación a los derechos humanos que se ha catalogado de lesa Humanidad, y finalmente como corolario de todo lo anterior, se requiere algo que en Colombia se nos está olvidando, o no lo queremos ver realmente y que son las garantías de no repetir en el futuro esas graves violaciones.
Bajo estos parámetros, claramente definidos por la jurisprudencia y la doctrina internacional, es que se debe desarrollar no solamente el proceso de justicia transicional que conocemos como "proceso de Justicia y Paz" en Colombia, sino también quiere definirse cualquier proceso de justicia en el que se encuentran relacionados delitos contra la Humanidad, en cualquier parte del mundo.
No hay ninguna posibilidad, sin llegar a ser un paria de la comunidad internacional, de que se dé un proceso judicial, serio y responsable frente a las víctimas, frente a la sociedad, frente a la comunidad internacional, en resumen frente a la Humanidad, en que no se tengan en cuenta en una forma integral estos parámetros universales, cuando de por medio existe violaciones graves de derechos humanos, y lo que se juzga son desde luego vergonzosas afrentas a toda la Humanidad.
Todos esos elementos o parámetros merecen ser analizados individual y profundamente. Cada uno de merece ser diseccionado, estudiado, descompuesto hasta el último elemento para poder tener claro qué es lo que realmente requiere la sociedad frente a esos procesos. Pero finalmente, luego de cualquier análisis juicioso y meticuloso, de orden jurídico, sociológico, psicológico o de cualquier rama que permita o amerite estudiarlo, llegaremos a una conclusión final, que me atrevo anticiparla: lo que verdaderamente se requiere en un proceso de justicia transicional es que existan garantías serias y efectivas de no repetición.
¿Será que en el proceso colombiano, como lo estamos llevando, o cómo pretendemos que se lleve finalmente, estamos obteniendo realmente garantías de no repetición? ¿Será que nuestro proceso de Justicia y Paz verdaderamente está recomponiendo a nuestra sociedad de tal forma que garantizará que las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la historia reciente de nuestra nación, nunca más se repitan?
Para no anticipar más conclusiones, podemos comenzar a dilucidar algunas de las situaciones que podrían incidir en dicha no repetición, o mejor que podrían permitir en algunos casos la repetición de lo que desde el punto de vista de la justicia transicional no se debería volver a repetir.
El proceso de paz no contempla o no contiene a todos los actores armados y no armados del conflicto colombiano. Está, o mejor, estuvo orientado solamente a la desmovilización de los que se llamaron grupos paramilitares, y de carambola a algunos grupos o miembros de las guerrillas que asolan este país. Y para empeorar esto, la mal llamada "reintegración" o "reinserción" de ex combatientes no contó con un programa serio, que permitiera llevarla a cabal término.
Primer problema, que deja activos y vigentes a una gran cantidad de los actores armados ilegales que hasta el momento de las desmovilizaciones existían y que han seguido actuando y delinquiendo, adquiriendo poder, controlando territorios, actuando como un para-Estado, a la sombra de personas, entidades y hasta Estados que le son complacientes y adeptos a sus causas. Continúan también actuando gran cantidad de asociaciones delincuenciales que despectivamente calificamos como "bacrim", extorsionan, secuestran, narcotrafican, hacen presencia territorial, en veredas campesinas y en barrios de las diversas poblaciones, capitales de departamento y hasta en la misma capital de la República, sin control efectivo por parte del Estado, y lo que es peor, sin ninguna política pública que permitan entablar un proceso serio de acercamiento con estas organizaciones, pues la única oferta del Estado, por parte de presidente y ministros es darles bala, o soñar ilusamente con un acogimiento un sometimiento a la justicia que no va a ocurrir, porque a ninguno le interesa, la ilegalidad de su forma de vida y la legalidad no les ofrece ninguna alternativa de subsistencia que los pueda disuadir.
Esto sin contar con que desde las oficinas, y en las calles y veredas, las estructuras de corrupción estatal que permitieron que surgieran y sobrevivieran tanto la guerrilla como los paramilitares y el mismo narcotráfico, siguen funcionando intocadas y continúan requiriendo y recogiendo el dinero que les proporcionan sus extorsionados, para seguirse enriqueciendo. Este aspecto realmente debería considerarse el primer problema, pues ya deja de ser un galimatías el asunto de cuál es el verdadero problema en Colombia y hoy, a punta de lamentables escándalos cada vez más grandes y a la vez de mayor nivel, se puede observar con claridad que nuestro máximo problema no es el narcotráfico, ni la subversión, ni las bandas, es más, ni siquiera la pobreza. Nuestro principal problema es la corrupción, que parásitamente se nutre, permite y potencia todos los demás problemas.
¿O es que todas esas entidades ilegales (subversión, bandas, narcotráfico, y otras formas de delincuencia organizada) pueden sobrevivir sin el apoyo y la complacencia de algunas autoridades de muchas índoles y niveles que las permiten?
No se necesita ser un gran investigador para concluir que esas entidades ilegales subsisten y se reproducen, por qué hay autoridades que se hacen los de la vista corta, los de la oreja mucha, así como lo fueron durante muchos años con la guerrilla, y luego con los paramilitares. A todos les cobraron y persisten en ello. El negocio continúa. La corrupción está presente; de ahí la farcpolítica, de ahí la parapolítica y vendrá la narcopolítica y quién sabe cuántas más ramas de ese monstruo de la corrupción, que es el gran mal de nuestro Estado.
El proceso de paz no contempla o no contiene actores que fueron determinantes para que la autodefensa, el paramilitarismo y la subversión campearan en nuestro país. No hay una salida digna para quienes resultan finalmente siendo los grandes determinadores de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en nuestro país en la historia reciente. La subversión no surgió como un fenómeno aislado, es producto de grandes contradicciones sociales, pero finalmente mueve grandes cantidades de dinero, y beneficia a personas y entidades camufladas en las estructuras de poder oficial o privado, pero que son las que finalmente obtienen réditos de esas luchas violentas que ellos ejercen. Desde los lavadores de dinero y testaferros, hasta los traficantes de armas, los narcotraficantes, los proveedores de químicos, todas aquellas personas que intervienen en las cadenas que mueven la violencia, no tienen una salida razonable. Las autodefensas, y posteriormente el paramilitarismo surgieron como barreras de contención de miembros de la sociedad civil e incluso por parte del mismo Estado colombiano, al crecimiento desmedido y al accionar violento de los grupos guerrilleros. También es claro que hubo beneficiarios y en muchísimos casos patrocinadores de la violencia a través de estos grupos.
¿Cuál es la salida que ofrece la sociedad, que ofrece el Estado, que ofrece la ley para estas personas que finalmente resultarán involucradas y mencionadas por parte de los actuales postulados a la ley de justicia y paz, como parte de su verdad, y que acabarán siendo juzgados como cómplices de dichas graves violaciones de los derechos humanos cometidas por estos grupos, pues tendrán que afrontar condenas que serán muy superiores a las que obtendrán quienes lo delataron?.
¿Será que estas personas simplemente esperarán a que el mundo les caiga encima, o en algunos casos producto de su desespero buscarán actuar en contra de sus posibles delatores, presionando los de alguna manera para que omitan sus nombres en las versiones libres? ¿O será que algunos optarán por la salida que comienza a hacer carrera de crear grupos armados ilegales para buscar una supuesta solución política negociada con el Estado?
Obviamente que en el caso de los paramilitares resultarán involucrados y mencionados en las versiones libres muchos militares. Activos todavía, retirados algunos, pero esto es inevitable, frente a un fenómeno de paramilitarismo. El paramilitarismo necesariamente se forma, se alía, funciona al lado de los cuarteles. En nuestro país está todavía por establecerse si hubo o no una política de paramilitarismo de Estado, pero todo apunta hacia que si la hubo. De ser así, por “línea de mando” afectará a los hacedores de políticas, enfrentándolos a la cárcel y a condenas que necesariamente serán muy superiores a las condenas de aquéllos a través de las cuales instrumentalizaron esas políticas.
De una u otra manera nuestras fuerzas militares resultarán involucradas, y muchos de sus miembros, en todos los niveles, desde suboficiales hasta altos mandos, resultarán, bien por acción o bien por omisión, responsabilizados, juzgados y condenados por algunas o muchas de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia. ¿Qué aceptable salida ofrece la ley, a estas personas, quienes resulten involucrados por acción o por omisión, en muchos casos por un convencimiento de que la situación del país les exigía obrar así, y en otros casos ojalá pocos, por simple corrupción, pero que ahora se verán investigados y juzgados y en muchos casos condenados a penas muchísimo mayores que aquellas personas con las que se concertaron o a quienes omisivamente les permitieron su actuar delictivo?
Cerremos entonces este punto haciéndonos una pregunta: ¿será que estas personas, quienes se verán abocadas a perder su libertad, a desintegrar su vida y su familia, a afectar su patrimonio, a perder sus carreras, simplemente esperarán sentadas a que las delaten, la llamen, a que las capturen y a purgar la pena que les asigne la justicia, garantizando que estarán encerrados mucho más tiempo que aquellas personas que hicieron el trabajo sucio, aquellos a quienes utilizaron? La respuesta puede ser aventurada. Ojalá que así sea, pero es muy posible que esto resulte en un escalamiento del conflicto, en un rearme, en un afrontar y desafiar al Estado y a la justicia, tanto a la universal como la nacional. Baste mirar de dónde surgieron algunas de las hoy llamadas "Bacrim". Si no fue que aparecieron y se rearmaron ante lo que consideraron como una traición por parte del Estado a la negociación que adelantaron con los representantes del establecimiento.
Podría pensarse también que en este mismo escenario, las personas que pretenden pasar de agache, intocadas, después de haber facilitado, o de alguna manera orientado o perpetrado las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Colombia, utilizando como herramientas de poder o armas de defensa y legales a quienes hoy se encuentran en los estrados de justicia y paz, no aprendieron la lección, no asumieron ningún costo, de ninguna índole frente al daño que posibilitaron. Éstos también podrían ser en un momento los patrocinadores del rearme, los determinadores y financiadores de las nuevas bandas, o de nuevos grupos más sofisticados y menos aparentes pero que finalmente anula todo el esfuerzo que se está haciendo desde la justicia transicional colombiana, desde la misma sociedad que integran, no sólo para qué ese holocausto no se repita, sino también para que los colombianos podamos vivir tranquilos reconciliados, sin tenernos que agredir o suprimir los unos a los otros.
Pudiera pensarse que resulta iluso creer que a tantas personas con tanto poder pudiera judicializárseles y hacérsele responsables del genocidio en Colombia, pero no puede olvidarse que las ofensas a la Humanidad finalmente las juzga la Humanidad, y que si hay impunidad en Colombia finalmente será la Corte Penal Internacional quien tomará las acciones correspondientes para asegurarse a nombre de la Humanidad que haya castigo para los responsables.
En conclusión, la verdad que necesita Colombia es simplemente la verdad. La verdad como fue, la verdad como ocurrió, sin ponerle y sin quitarle. La verdad no tiene categorías, no se puede acomodar, ni recortar, no se puede parcelar. Esa pregunta absurda que se hacen algunos no sabemos si con alguna intención oculta de "¿qué tanta verdad puede resistir el pueblo colombiano?" Apunta necesariamente a dejar velad una buena parte de la verdad, precisamente aquella que afecta el poder, a la clase dirigente, a los políticos, a muchos militares, y a aquellos que se beneficiaron profundamente del conflicto colombiano, y continúan haciendo, porque el conflicto subsiste, el conflicto está vivo, creciendo y escalándose y sus soluciones, después de pasar por la verdad por medio facilitador de la reconciliación, apuntan necesariamente a radicales concesiones de índole social y económica en beneficio de los más necesitados. La solución de la guerra no es humanizando la guerra, sino humanizando a Colombia.