fuente: el espectador . junio 25 de 2023
Doce revelaciones sobre el conflicto armado que hizo la Comision de la Verdad
La injerencia de Estados Unidos en el conflicto armado, la historia sobre la creación de las AGC y de un bloque de las AUC o la participación del ELN en el genocidio de la Unión Patriótica son algunas de las revelaciones que hizo la Comisión de la Verdad en el Informe Final y sus anexos. Colombia+20 hace un resumen de algunas de ellas.
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El 12 de noviembre de 1997, dos semanas después de la masacre de El Aro, El Colombiano captó las primeras imágenes de la destrucción causada por las autodefensas que quemaron el 80% del poblado.
La Comisión de la Verdad recopiló cerca de 9.600 testimonios a lo largo y ancho del país, inspeccionó miles de expedientes judiciales y fuentes documentales, recibió cientos de informes aportados por la sociedad civil y trabajó durante cinco años con más de 600 investigadores tutelados por 12 comisionados que tuvieron la difícil labor de condensar todo aquel acervo en un informe que diera cuenta sobre los hechos y dinámicas más importantes del conflicto armado en Colombia.
El producto principal de aquella labor es el Informe Final de la Comisión de la Verdad, que reúne en 11 volúmenes la aproximación más profunda que se haya hecho a las causas que motivaron la guerra en Colombia y el desarrollo de la misma a través del tiempo.
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No obstante, buena parte del material que permitió construir dicho informe se encuentra recopilado en los casos y anexos del Informe Final, constituyéndose en valiosos documentos de investigación sobre temáticas específicas, con importantes revelaciones que han pasado desapercibidas. En Colombia+20 hemos ido publicando a lo largo del último año uno por uno los casos y anexos más relevantes, y acá ofrecemos un resumen de ellos, que pueden consultarse en cada uno de los enlaces.
Con un estudio del reciclaje de la violencia en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba después de la desmovilización de los paramilitares, la Comisión de la Verdad terminó estableciendo cuáles fueron los hechos que permitieron la fundación de las AGC, también llamadas Clan del Golfo, en la subregión de Urabá.
El documento contiene detalles de los primeros financiadores, de los apoyos que militares activos y políticos locales dieron a los fundadores del grupo, así como de la decisión de antiguos narcos y paramilitares como Carlos Mario Jiménez “Macaco” y Daniel Rendón Herrera “Don Mario”, que buscaban un “plan B” para garantizar que no perderían las rutas de la cocaína una vez se consolidara el proceso de paz con los grupos paramilitares.
Este anexo del informe final fue elaborado por el reportero Juan Diego Restrepo tras un año de trabajo con la veintena de cajas que componen el expediente del sonado caso del ‘Parqueadero Padilla’, liderado en sus comienzos por el hoy ministro de Defensa Iván Velásquez. En aquel parqueadero del centro de Medellín se descubrió durante un allanamiento la contabilidad del grupo de Autodefensas de Córdoba y Urabá, liderado por los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, quienes a la postre crearían las Autodefensas Unidas de Colombia.
Aunque el caso judicial terminó empantanado y sin condenas contra la mayoría de mencionados en el proceso, la Comisión de la Verdad estableció que alrededor de 500 empresas y personas naturales de Antioquia, Córdoba y el Eje Cafetero aportaron dinero a ese grupo paramilitar, que por esos años estaba en plena expansión. Por primera vez se publicó el listado completo de personas mencionadas en el caso, que hicieron pagos a las Autodefensas, una lista que incluye a famosos ganaderos y bananeros paisas, también a poderosas empresas como Leonisa, Coltejer, Vehicaldas, concesionarios de Toyota, entre otras.
Este documento fue elaborado por la periodista Nubia Rojas, quien rastreo en múltiples fuentes documentales los ataques más significativos a la prensa y a los reporteros desde la década de 1930 hasta el presente, pero además hizo un hallazgo importante: algunos medios de comunicación y sus directores también habían jugado un papel relevante a la hora de justificar u ocultar hechos del conflicto, promoviendo narrativas que contribuyeron a encender más la guerra en algunos momentos de la historia nacional.
“El periodismo colombiano ha tenido, desde la aparición de los primeros periódicos en la época de La Colonia, un estrecho vínculo con el poder político -fuera este oficialista u opositor; pero, sobre todo, oficialista- y así se convirtió él mismo en una forma de poder que sus dueños han sabido siempre capitalizar para favorecer sus intereses”, asegura el texto, que reseña prácticas como el mal uso del lenguaje y la revictimización en los cubrimientos.
El consenso histórico establecía que la célebre masacre de Tacueyó era responsabilidad de Hernando Pizarro y Javier Delgado, un par de mandos guerrilleros perturbados que decidieron exterminar a su propia tropa. La masacre ocurrió entre 1985 y 1986 en las montañas del Cauca, en el seno de una pequeña disidencia de las extintas FARC en donde varios comandantes terminaron ejecutando a 163 de sus propios hombres por acusaciones de espionaje.
Sin embargo, la Comisión encontró indicios de que Javier Delgado podría ser en realidad un infiltrado del Ejército y que aquello obedecía a un plan para desestabilizar al grupo guerrillero desde adentro. Las propias Fuerzas Militares reconocieron en su testimonio a la Comisión que si tuvieron un infiltrado dentro del grupo, aunque no precisaron que fuera Delgado, y aseguraron que este hombre “presenció toda la masacre y que, contra todo pronóstico, logró sobrevivir”.
En un anexo sobre la historia de la confrontación entre guerrilleros y paramilitares al interior de la cárcel Modelo de Bogotá la Comisión realizó un completo diagnóstico de la precaria situación carcelaria en el país, donde se denuncia la corrupción del INPEC y la forma como en el interior de los penales la guardia termina cogobernando en alianza con los delincuentes.
No obstante, entre las revelaciones más importantes de este anexo hay una que confirma con otros testimonios la reciente versión del paramilitar Salvatore Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz, asegurando que el Bloque Capital de las Autodefensas fue fundado en Bogotá por narcos y paramilitares presos en la cárcel Modelo, por petición expresa Francisco “Pacho” Santos, quien luego sería vicepresidente de la República durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Además, este documento ofrece detalles de cómo ocurrió el asesinato del humorista Jaime Garzón y de su vista a la Modelo pocos días antes del magnicidio para intentar que dos paramilitares presos, Ángel Gaitán Mahecha y Miguel Arroyave, mediaran ante Carlos Castaño, quien ya había ordenado su muerte.
La guerra colombiana se ha entendido siempre como un conflicto armado interno, en donde diferentes actores locales entraron en confrontación. Pero uno de los hallazgos más importantes de la Comisión tuvo que ver con establecer que desde el comienzo hubo una injerencia determinante de potencias extranjeras como los Estados Unidos en el marco de su estrategia contra el comunismo, que luego derivó en la llamada “guerra contra las drogas”.
También se evidenció el rol que poderosas compañías extractivas multinacionales tuvieron financiando directamente a batallones y unidades del Ejército, o en otros casos a las guerrillas que las extorsionaban para dejarlas operar dentro de sus territorios.
Los caminos del movimiento estudiantil y la violencia colombiana parecen ir siempre entrelazados. Desde las grandes protestas universitarias contra la hegemonía conservadora y la masacre de las bananeras a finales de la década de 1920, cuando cayó por balas de la Policía el joven Gonzalo Bravo Pérez, considerado el primer estudiante caído, hasta la persecución de activistas y líderes estudiantiles por hechos tan recientes como el atentado al centro comercial Andino en 2017.
La Comisión estableció que la violencia contra los estudiantes y sus organizaciones ha sido sistemática en todas las fases del conflicto colombiano, con especial saña en contra de las universidades públicas, consideradas fortines de los grupos guerrilleros, que a su vez, infiltraron y penetraron las organizaciones estudiantiles provocando una militarización del movimiento social muy dañina.
Como un dato anecdótico, aunque no menor, la Comisión de la Verdad descubrió que las famosas “papas bomba” que los universitarios utilizan en sus protestas desde los años ochenta, fueron importadas desde las guerras centroamericanas a donde muchos universitarios colombianos viajaron como voluntarios para unirse a los grupos guerrilleros de aquellos países.
Uno de los capítulos más desconocidos del conflicto colombiano tiene que ver con la violencia en contra del pueblo Rrom o gitano que vive en el país. Para otro anexo de la Comisión de la Verdad se entrevistó a centenares de sus miembros, testimonios que se cruzaron con datos del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), para comprobar que el conflicto armado fue un importante factor de asimilación en contra de los gitanos, provocando que perdieran aspectos fundamentales para ellos como la lengua propia y su vida nómada. La violencia también obligó a que muchos de ellos tuvieran que huir desplazados hacia Ecuador, Venezuela o Argentina, lo que ha causado una considerable disminución de la población gitana en el país.
La narrativa más aceptada sobre el genocidio de la Unión Patriótica establece que una alianza de narcos, paramilitares y agentes del Estado perpetraron miles de crímenes para exterminar dicho partido político de izquierda, que había surgido tras los acuerdos parciales entre Belisario Betancur y las FARC a mediados de los ochenta.
No obstante, en uno de los casos de estudio de la Comisión de la Verdad se prueba que en un territorio puntual, el departamento de Arauca, el Ejército de Liberación Nacional, otro grupo guerrillero de izquierda, contribuyó con decenas de asesinatos contra militantes de la Unión Patriótica para evitar que estos consiguieran por la vía de la legalidad el poder de alcaldías y consejos municipales.
Este caso es más amplio y contiene detalles ya conocidos de la guerra entre las FARC y el ELN en ese departamento sostuvieron a mediados de los 2000, una pugna que venía de rencillas entre ambas organizaciones en la región desde la década del ochenta.
El escándalo de las interceptaciones ilegales del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) es ampliamente conocido, pues afectó a magistrados, políticos y periodistas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a quien esa entidad respondía por estar adscrita a la Presidencia de la República.
Sin embargo, había un capítulo oculto de aquellas operaciones ilegales de espionaje que fue revelado por la Comisión en uno de sus anexos. Se trata de la “Operación Europa”, una trama de espionaje, amenazas y hostigamientos que sufrieron activistas, defensores de derechos humanos, reporteros e incluso ciudadanos extranjeros, por órdenes de dicha entidad, en medio de múltiples acciones encubiertas e ilegales que se realizaron por fuera del país, principalmente en Europa.
Aunque los hechos están probados en documentos y fueron confirmados por las propias víctimas, nunca se avanzó en los procesos judiciales por estos crímenes, además, buena parte del material probatorio fue destruido por antiguos funcionarios poco antes de los allanamientos que la Fiscalía realizó en las instalaciones del extinto DAS.
Aunque se ha hablado mucho de despojo por parte de grupos paramilitares, había un episodio vergonzoso del conflicto que salpicaba también a las Fuerzas Militares. Se trata del desplazamiento del caserío de Peñas Coloradas, en el departamento de Caquetá. Como lo demostró la Comisión de la Verdad en uno de sus casos, terminó quitándole a una comunidad su tierra por causa de los operativos militares, el miedo, la zozobra y dudosas maniobras administrativas que hasta hoy siguen sin resolverse, luego de que se instalara una base militar en medio de un territorio que era fortín de la guerrilla de las FARC.
Con un estudio de los títulos mineros en un amplio territorio del Chocó, la Comisión de la Verdad pudo probar que los intereses de la multinacional minera AngloGold Ashanti terminaron coincidiendo con la violencia y el desplazamiento en la región, e incluso que dicha empresa transfirió recursos económicos a batallones y unidades militares que operaban en la misma zona en donde se encontraban sus títulos mineros.
Como un detalle importante, este anexo revela el mecanismo de “testaferrato minero”, con el cuál terceros hacían de intermediarios para que la multinacional se apoderara de títulos mineros. En uno de estos casos la Comisión pudo probar que varios títulos le fueron concedidos primero a Santiago Uribe Vélez, hermano del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y que luego estos títulos pasaron a manos de la AngloGold Ashanti.
