Aúnque por momentos nos alejamos sin querer del objetivo de este blog, hay situaciones que nos fuerza la realidad a comentar, puesto que no podemos pasar por alto en ningún momento hechos que de una u otra manera desconocen los derechos de las personas, no por simpatía de ninguna forma con los afectados, sino porque sencillamente son situaciones que desde nuestro punto de vista no caben en un Estado de Derecho, y desde luego mucho menos en un Estado social de Derecho como quiere reconocerse nuestro país después de la constitución del 91.
Por momentos pareciera que nuestras autoridades siguieran poseídas por el "Embrujo Autoritario", que desde tiempo atrás se impuso en razón de lo que algún pseudo filósofo novicio llamó "el estado de opinión", del cual nunca se tuvo tampoco una definición clara, pero que para efectos de este escrito vamos a definir como que el Estado puede hacer todo lo que la opinión pública le permita; o sea sea que la medida de la ética estatal es la que la "opinión publica", léase mejor "la clase dirigente" esté dispuesta a admitir siempre que sea para su conveniencia.
Esto no es una teoría nueva ni mucho menos, ya lo habían inventado los invasores romanos de común acuerdo con los fariseos hace 2000 años cuando juzgaron al más importante líder que ha tenido la humanidad, y para sentirse legitimados preguntaron a la “opinión pública” que debían hacer, y esta respondió "crucificadle, crucificadle" y eso hicieron.
Por supuesto que la historia nunca los absolverá.
Desde luego que esta es la mayor definición de lo que podría ser un estado fundamentado en la opinión pública, pero realmente, esto se ha aplicado durante toda la historia de la humanidad, y más en fechas recientes cuando hemos tenido oportunidad, sobre todo en nuestra actual generación, de observar algunos casos, que si bien en nada se compadecen con el magno ejemplo citado anteriormente, si se puede mencionar de casos en que nuestro Estado colombiano ha violado y viola los derechos humanos, la Constitución Nacional, y los principios generales del derecho en aras de darle gusto a la opinión pública, o simplemente prevaliéndose de ella para legitimarse frente actos que en otra parte del mundo serían juzgados incluso en peores escenarios como sería la traición a la patria.
Aquí en Colombia el Estado ha considerado que la "opinión pública" ha decidido permitirle pasar por encima de los derechos fundamentales de las personas, arrasarlos y desconocerle a los ciudadanos que se vuelven incomodos para el poder, todas las bondades humanitarias que se derivan de un verdadero Estado de Derecho fundamentado en el pleno conocimiento y aplicación de la Constitución Nacional, de la ley, del bloque de constitucionalidad, y entre ellos los tratados que regulan la aplicación derechos humanos universales y en las normas consuetudinarias del derecho internacional o "Ius Cogens”.
En nuestra patria se le olvidó a los gobernantes y a la "opinión pública" que las personas tienen derechos, no por buenas o por malas, o por la opinión que los generadores de opinión tengan de ellos, sino porque son SERES HUMANOS.
Entonces cuando las personas dejan de ser “ciudadanos” para convertirse en papas calientes, o sea aquellos que por sus conocimientos de las realidades y por la influencia política y económica, legal o ilegal en las situaciones han incidido en distintas instancias de nuestra historia patria, resulta "lícito", es "legítimo", la opinión lo respalda para tomar decisiones con ellos, de aquellas desciciones que hace unos años, en la plena vigencia de la nefasta “doctrina de la seguridad nacional” podrían sonar a “desaparecedle, desaparecedle” , y que hoy gracias a los avances de nuestra participación en el campo internacional, y a la continuada vigencia de la “política de seguridad democrática” suena algo así como a "extraditadle, extraditadle”.
¡¡Qué vergüenza!!!
Anteriormente, se requerían de tratados internacionales para extraditar a los nacionales colombianos hacia otros países donde se presumiera o se supiera que hubieran delinquido.
Ya no, ya salen nuestros generales policías y gobernantes a decir que están colaborando para extraditar a nacionales colombianos que aún no han sido solicitados por gobiernos extranjeros; casos particulares a quienes en ningún momento defendemos, pero que resaltamos para mostrar que se han convertido en papas calientes para el Estado colombiano, y por lo tanto hoy se le informa a la opinión pública y los medios de comunicación, y lo informan como un gran logro: “El nombre de Juan Carlos Martínez no deja de sonar. La semana pasada todos los ojos estuvieron puestos sobre él por el permiso de tres días que le fue otorgado. Esta vez las declaraciones del director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, a la revista Bocas, en la que declaró que se estaba analizando la posibilidad de extraditar a parapolíticos que desde la cárcel estuvieran ejerciendo influencia en las elecciones, volvieron a poner a Martínez en el ojo del huracán.
El anuncio de Naranjo fue reiterado por el el subdirector de la Policía, general José Roberto León Riaño, quien, en rueda de prensa, aseguró en la mañana de este lunes que "en este momento se están haciendo las coordinaciones con organismos internacionales con el fin de tener un proceso que permita lograr el acopio de pruebas para una extradición del señor Juan Carlos Martínez". (texto copiado deSemana.com)
¿Como así que se extradita a personas por que inciden en las elecciones desde la cárcel?. ¿que legislación extranjera se viola con eso? ¿a que país lo piensan extraditar por eso? perdon, la respuesta es obvia, pero entonces: ¿ese país solicita la extradición de todos los que determine la "opinión publica" del gobierno de colombia?
A esto se suma lo siguiente: “IndagacionesLópez con actividades ilegales”, dijo el general Óscar Naranjo, director de la Policía.... La información fue confirmada por el general Naranjo quien anotó que López aparece, al lado del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, en la lista de investigados por EE. UU. que presuntamente financian campañas políticas con dinero provenientes de actividades ilegales. (texto tomado de Eltiempo.com)
Desde luego, que "la gata" y el ex senador Martínez van a ser extraditados. No nos cabe la menor duda. Pero tampoco nos cabe la menor duda de que van a ser extraditados más temprano que tarde, no por sus relaciones con actividades “non sanctas” sino por su problemática política, que no compartimos en forma alguna, pero que no podemos los colombianos desconocer que por ello se han vuelto “papas calientes” para el Estado. Y en los tiempos de la "seguridad democrática" a las “papas calientes” más notorias, se les extradita. Y si no, miremos el caso de 13 ex comandantes desmovilizados de las autodefensas, sustraídos del proceso de justicia y paz, y el de David Murcia Guzmán y compañía, de quienes no se ha sabido ni se sabrá la verdad.
Pero vamos un poco más allá y pensemos que puede saber “la gata” y el ex senador Martínez, de corrupción, de financiación de campañas políticas, de relaciones con el paramilitarismo, con la subversión, de relaciones con el narcotráfico, de relaciones con la clase política, económica y social dominante en las regiones donde se movieron.
Menos mal que por su preeminencia, ya no califican para aplicarles la fórmula de la “seguridad nacional”, que lastimosamente se sigue aplicando en nuestro país.
Qué vergüenza que nuestras autoridades ya no tengan ningún recato para admitir ante los medios de comunicación y ante la nación entera, que la justicia de Colombia no se respeta, y que por tanto nuestros colombianos deben ser juzgados en el exterior, por autoridades del exterior, con códigos que le son ajenos y con sanciones completamente ajenas y por delitos cometidos en Colombia. Y lo peor de todo sin posibilidad de acceder a la verdad parte de nuestra justicia y más doloroso aún, sin posibilidad de participar en el proceso las eventuales víctimas.
Por momentos pareciera que nuestras autoridades siguieran poseídas por el "Embrujo Autoritario", que desde tiempo atrás se impuso en razón de lo que algún pseudo filósofo novicio llamó "el estado de opinión", del cual nunca se tuvo tampoco una definición clara, pero que para efectos de este escrito vamos a definir como que el Estado puede hacer todo lo que la opinión pública le permita; o sea sea que la medida de la ética estatal es la que la "opinión publica", léase mejor "la clase dirigente" esté dispuesta a admitir siempre que sea para su conveniencia.
Esto no es una teoría nueva ni mucho menos, ya lo habían inventado los invasores romanos de común acuerdo con los fariseos hace 2000 años cuando juzgaron al más importante líder que ha tenido la humanidad, y para sentirse legitimados preguntaron a la “opinión pública” que debían hacer, y esta respondió "crucificadle, crucificadle" y eso hicieron.
Por supuesto que la historia nunca los absolverá.
Desde luego que esta es la mayor definición de lo que podría ser un estado fundamentado en la opinión pública, pero realmente, esto se ha aplicado durante toda la historia de la humanidad, y más en fechas recientes cuando hemos tenido oportunidad, sobre todo en nuestra actual generación, de observar algunos casos, que si bien en nada se compadecen con el magno ejemplo citado anteriormente, si se puede mencionar de casos en que nuestro Estado colombiano ha violado y viola los derechos humanos, la Constitución Nacional, y los principios generales del derecho en aras de darle gusto a la opinión pública, o simplemente prevaliéndose de ella para legitimarse frente actos que en otra parte del mundo serían juzgados incluso en peores escenarios como sería la traición a la patria.
Aquí en Colombia el Estado ha considerado que la "opinión pública" ha decidido permitirle pasar por encima de los derechos fundamentales de las personas, arrasarlos y desconocerle a los ciudadanos que se vuelven incomodos para el poder, todas las bondades humanitarias que se derivan de un verdadero Estado de Derecho fundamentado en el pleno conocimiento y aplicación de la Constitución Nacional, de la ley, del bloque de constitucionalidad, y entre ellos los tratados que regulan la aplicación derechos humanos universales y en las normas consuetudinarias del derecho internacional o "Ius Cogens”.
En nuestra patria se le olvidó a los gobernantes y a la "opinión pública" que las personas tienen derechos, no por buenas o por malas, o por la opinión que los generadores de opinión tengan de ellos, sino porque son SERES HUMANOS.
Entonces cuando las personas dejan de ser “ciudadanos” para convertirse en papas calientes, o sea aquellos que por sus conocimientos de las realidades y por la influencia política y económica, legal o ilegal en las situaciones han incidido en distintas instancias de nuestra historia patria, resulta "lícito", es "legítimo", la opinión lo respalda para tomar decisiones con ellos, de aquellas desciciones que hace unos años, en la plena vigencia de la nefasta “doctrina de la seguridad nacional” podrían sonar a “desaparecedle, desaparecedle” , y que hoy gracias a los avances de nuestra participación en el campo internacional, y a la continuada vigencia de la “política de seguridad democrática” suena algo así como a "extraditadle, extraditadle”.
¡¡Qué vergüenza!!!
Anteriormente, se requerían de tratados internacionales para extraditar a los nacionales colombianos hacia otros países donde se presumiera o se supiera que hubieran delinquido.
Ya no, ya salen nuestros generales policías y gobernantes a decir que están colaborando para extraditar a nacionales colombianos que aún no han sido solicitados por gobiernos extranjeros; casos particulares a quienes en ningún momento defendemos, pero que resaltamos para mostrar que se han convertido en papas calientes para el Estado colombiano, y por lo tanto hoy se le informa a la opinión pública y los medios de comunicación, y lo informan como un gran logro: “El nombre de Juan Carlos Martínez no deja de sonar. La semana pasada todos los ojos estuvieron puestos sobre él por el permiso de tres días que le fue otorgado. Esta vez las declaraciones del director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, a la revista Bocas, en la que declaró que se estaba analizando la posibilidad de extraditar a parapolíticos que desde la cárcel estuvieran ejerciendo influencia en las elecciones, volvieron a poner a Martínez en el ojo del huracán.
El anuncio de Naranjo fue reiterado por el el subdirector de la Policía, general José Roberto León Riaño, quien, en rueda de prensa, aseguró en la mañana de este lunes que "en este momento se están haciendo las coordinaciones con organismos internacionales con el fin de tener un proceso que permita lograr el acopio de pruebas para una extradición del señor Juan Carlos Martínez". (texto copiado deSemana.com)
¿Como así que se extradita a personas por que inciden en las elecciones desde la cárcel?. ¿que legislación extranjera se viola con eso? ¿a que país lo piensan extraditar por eso? perdon, la respuesta es obvia, pero entonces: ¿ese país solicita la extradición de todos los que determine la "opinión publica" del gobierno de colombia?
A esto se suma lo siguiente: “IndagacionesLópez con actividades ilegales”, dijo el general Óscar Naranjo, director de la Policía.... La información fue confirmada por el general Naranjo quien anotó que López aparece, al lado del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, en la lista de investigados por EE. UU. que presuntamente financian campañas políticas con dinero provenientes de actividades ilegales. (texto tomado de Eltiempo.com)
Desde luego, que "la gata" y el ex senador Martínez van a ser extraditados. No nos cabe la menor duda. Pero tampoco nos cabe la menor duda de que van a ser extraditados más temprano que tarde, no por sus relaciones con actividades “non sanctas” sino por su problemática política, que no compartimos en forma alguna, pero que no podemos los colombianos desconocer que por ello se han vuelto “papas calientes” para el Estado. Y en los tiempos de la "seguridad democrática" a las “papas calientes” más notorias, se les extradita. Y si no, miremos el caso de 13 ex comandantes desmovilizados de las autodefensas, sustraídos del proceso de justicia y paz, y el de David Murcia Guzmán y compañía, de quienes no se ha sabido ni se sabrá la verdad.
Pero vamos un poco más allá y pensemos que puede saber “la gata” y el ex senador Martínez, de corrupción, de financiación de campañas políticas, de relaciones con el paramilitarismo, con la subversión, de relaciones con el narcotráfico, de relaciones con la clase política, económica y social dominante en las regiones donde se movieron.
Menos mal que por su preeminencia, ya no califican para aplicarles la fórmula de la “seguridad nacional”, que lastimosamente se sigue aplicando en nuestro país.
Qué vergüenza que nuestras autoridades ya no tengan ningún recato para admitir ante los medios de comunicación y ante la nación entera, que la justicia de Colombia no se respeta, y que por tanto nuestros colombianos deben ser juzgados en el exterior, por autoridades del exterior, con códigos que le son ajenos y con sanciones completamente ajenas y por delitos cometidos en Colombia. Y lo peor de todo sin posibilidad de acceder a la verdad parte de nuestra justicia y más doloroso aún, sin posibilidad de participar en el proceso las eventuales víctimas.
